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Diario YA

¿Autonomías y municipios como un instrumento para incumplir la ley?

“El mundo es un lugar peligroso. No por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo” Desconocido.

Miguel Massanet Bosch. Estamos convencidos de que, los padres de la actual Constitución española, pusieron todo su empeño en conseguir elaborar la mejor Carta Magna para la nación, la mejor estructurada y la que fuera capaz de acomodar a todos los partidos que intervinieron en su redacción, de forma que ninguno de ellos, fuera de derechas o de izquierdas, saliera mal parado, humillado, descontento y resentido del resultado obtenido. Sin embargo, fuera por las especiales circunstancias que concurrían en aquellos momentos de inseguridad y del difícil paso de una dictadura, como la del general Franco, a una democracia en la que iban a competir, para gobernar el país, diversos partidos políticos ¬–tanto de derechas como de izquierdas – y esto, en unos momentos en los que todavía la muerte de Franco estaba reciente y las estructuras militares y políticas se encontraban impregnadas de los restos de la legislatura, inmovilista y autoritaria, propios de un Estado autocrático.

Sin embargo, como suele suceder cuando se proyecta hacia el futuro una representación de una actualidad, forzosamente condicionada por las limitaciones de quienes deben intentar adivinar todas las posibles consecuencias a las que se va a encontrar sometida; las posibilidades de cometer errores, de quedar obsoleta, de que los imponderables puedan dejarla caduca y desfasada, se encuentran en relación geométrica en función de cuan largo sea el tiempo en el que deba considerarse vigente y de cómo haya evolucionado aquella población, para cuyo provecho, fue dictada la norma. Y estas consideraciones vienen a cuento de lo que, en la actualidad, viene a constituir uno de los mayores problemas a los que ha de hacer frente el Estado español.

En efecto, los redactores de nuestra Constitución de 1978, pensaron, con toda seguridad, que debían tenerse en cuenta determinados síntomas, algunos resquicios de la Guerra Civil y determinados movimientos políticos que empezaron a tomar forma durante los últimos años, aquellos en los que Franco empezó a dar muestras de su senilidad, que denotaban unos movimientos de tipo identitario en regiones como el País Vasco y Cataluña, todavía poco extendidos entre la población civil, pero que apuntaban a futuras complicaciones si no se los tomaba en cuenta.

Por ello, decidieron cambiar el sistema territorial de España y proceder a una descentralización que, en cierto modo, les diera la sensación, a las distintas comunidades, de haber conseguido una cuota importante de libertad, de autonomía administrativa y de, con el reconocimiento de las lenguas vernáculas, una concesión a las costumbres propias que, en el sistema anterior, estaban totalmente mediatizadas por el poder omnímodo del Gobierno central, radicado en Madrid. No pudieron o no supieron sospechar que, aquellos a los que se designaría para gobernar en cada autonomía, pudieran llegar a ser los que se atrevieran a levantarse contra el Estado; no pensaron que los sucesivos gobiernos de España cedieran a que se aprobaran Estatutos de autonomía en los que se cometiera la imprudencia de ceder poderes que, en modo alguno, se debieron substraer a la vigilancia del gobierno Central; tampoco que las mayorías conseguidas en las votaciones, para designar nuevo gobierno de la nación, se pudiera impedir que el partido más votado fuera el que gobernara al pueblo español.

No obstante, señores, la pereza de los sucesivos gobiernos de modificar aquellos puntos débiles de la Constitución, de frenar este nuevo tipo de revolución latente en muchos españoles, que no aceptaron el desenlace de la Guerra Civil y de aquellos otros a los que se les inculcó que, el gobierno de Madrid, estaba aprovechándose para esquilmar a aquellas autonomías más ricas en beneficio propio; olvidándose de que nuestra Constitución busca que, la solidaridad entre todos los pueblos de España, sirva para que, quienes tengan más, contribuyan a ayudar a aquellos que, por su especial situación en la península, por sus carencias naturales o por cualquier otra circunstancia desfavorable, tengan necesidad de una especial atención por parte del Gobierno central que, como es natural, pide a quienes tienen más que den ayuda para remediar las necesidades de los que más pobreza sufran.

La crisis y nuestra particular circunstancia de estar inmersos en una burbuja inmobiliaria, hicieron saltar las alarmas que, sin embargo, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, por razones incomprensibles, se negó a admitir nuestra particular exposición a aquella amenaza que, poco tardó en demostrar que, aquella pretensión de negar nuestra exposición a los nefastos efectos de la crisis, no tenía otra explicación que su interés en ocultar su incapacidad para afrontar con la debida diligencia aquella catástrofe económica que no tardó en situarnos a un paso de la quiebra soberana.

Hubo elecciones y el nuevo gobierno tuvo que apechugar con lo que le dejaron los anteriores ocupantes de la Moncloa con todos los inconvenientes que todos conocemos. Momentos de desconcierto y circunstancias que, aquellas autonomías con aspiraciones de autogobierno y de enfrentarse al resto del Estado, supieron utilizar para enfrentarse con peticiones desorbitadas a los distintos gobierno de la nación, consiguiendo de algunos de ellos, especialmente del socialista, una serie de beneficios, concesiones y traspasos que los situaron por encima del resto y les dieron posibilidades de hacerse con una serie de facultades y privilegios que les pusieron a la altura del mismo Estado en muchas cuestiones como, por ejemplo, en el caso de la enseñanza, en cuya gestión no han dudado de enfrentarse directamente al Gobierno negándose a cumplir con las sentencias de los tribunales que les obligaban a rectificar en sus negativas a acatar las leyes de la nación. Se dio un paso más y ahora, por ejemplo en Cataluña, ya no se conforman con menos que con su independencia. Mientras otras autonomías, como la Vasca, están expectantes dispuestas a que, si se cede ante Cataluña, ellos van a ser los siguientes en pedir los mismo privilegios y si este fuera la independencia, ellos la exigirían también.

Lo exasperante es que, las cosas han llegado a tal grado de enfrentamiento, a una osadía y un descaro tan manifiesto que ya han decidido no respetar las leyes españolas ni las sentencias de los tribunales; estando en trance de elaborar sus propias leyes, contratando a sus propios funcionarios, policías etc. para cuando decidan declararse independientes de España, haciendo caso miso de las tímidas reprimendas del TC, de las reconvenciones del Gobierno y de la indiferencia de las Cortes, exclusivamente preocupadas por ver quien, de entre los aspirante a ocupar el gobierno de la nación, consigue hacerse con el premio aunque, para ello, deban recurrir a toda clase de martingalas, trucos y descalificaciones. Las autonomías, no todas por fortuna, pero varias de ellas están en plan rebelde; amenazan con la desobediencia y con cobrar sus propios tributos, de modo que, como ya ha avisado el señor Puigdemont, en unos pocos meses ya tendrán las estructuras administrativas para estar en condiciones de declarar, unilateralmente (lo que piden los de la CUP o la ANC y el Omnium Cultural) la independencia de la “nación catalana” del resto de la nación española.

Y nos preguntamos ¿cómo es posible que una nación democrática, con una historia tan rica como la nuestra, con seiscientos años de unidad y en pleno desarrollo económico e industrial, puede permitir, sin levantar un dedo, sólo a base de declaraciones críticas y palabras altisonantes que se dejen de ejecutar las sentencias de los tribunales; las amenazas furibundas y las palabras altisonantes; cuando en la propia Constitución tiene los medios, los métodos, las justificaciones y, si fuera preciso, las fuerzas precisas para que, este puñado de cobardes que se atreven a insultar a nuestros signos y a nuestros dirigentes, sean apartados de sus cargos, sea intervenida la autonomía y se nombre una administración para hacer que las leyes españolas se cumplan con las misma seriedad, eficacia y energía, como se exigen en el resto del territorio español.? O es que las cárceles españolas sólo sirven para meter a rateros o a quienes han robado en un supermercado para dar de comer a sus hijos.

¿Qué pasa con la señora Forcadell o el señor Homs o el mismo Puigdemont o el espécimen este conocido como Rufián, que siguen paseando en libertad por las calles, lanzando llamadas a la desobediencia, a apoyar la independencia y a manifestarse para obligar, según ellos, a que el Espado español doble la rodilla ante ellos? Una Justicia que, cuando se trata de entrar a saco en el gobierno de Valencia, se ha mostrado rápida, expeditiva, espectacular y contundente en arrestar a todos los ediles sin la mínima contemplación o sigue manteniendo el ascua del caso Gurtel para utilizarlo, en cada momento en que se precisa desprestigiar al PP, sacando alguna noticia truculenta nueva

¿Qué diligencia se les ha pedido a los magistrados encargados de solucionar este caso, cuando su investigación se inició en Noviembre del 2007 y estamos en el 2016 y todavía no se ha resuelto ni dictado sentencia? Pero vean ahora, cuando el Tribunal Supremo se ha estado esforzando, con todos los medios a su alcance, en empapelar a la ex alcaldesa de Valencia, señora Barbera, por suponerse que, como el resto, hicieron una colecta de 10.000 euros, cada uno, para apoyar la propaganda del PP en tiempo de elecciones ¡Grave delito! Pero esta Justicia que se presenta “tan despolitizada” (pregunten al amigo del juez Baltasar Garzón, el juez Medras, sobre sus casos preferidos y verán lo que les contesta), es la que pierde el trasero, literalmente, cuando se trata de empapelar a uno de derechas y si, con ello, consigue darle un hachazo s su campaña de propaganda durante la preparación de unas elecciones, legislativas, tanto mejor. Van a cambio la forma en la que se permiten las prescripciones en el caso de los Eres fraudulentos de Andalucia, del que apartaron a la juez Alaya para evitar que todo el PSA cayera a los pies de la Justicia.

Dos varas de medir y nadie protesta. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos náuseas de vivir en un país entregado en manos de aquellos que, con sus errores y maldades, provocaron la guerra civil de 1936 y, sus descendientes, siguen sin poder consentirlo, intentando por todos los medios vengarse de su derrota.

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