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Diario YA

un simple delito perpetrado en contra de la unidad del Estado español

¿Dialogar con independentistas? El Código Penal se aplica sin dialogar

“Jamás disputéis con un hombre que sostiene una paradoja. Si no cree en ella, no hace más que divertirse con vosotros; y si cree sinceramente en ella, la misma distorsión de su entendimiento, le haría incapaz de reconocer ya su sofisma, ya vuestros argumentos” O.W. Holmes.

Miguel Massanet Bosch. Resulta ya redundante, repetitivo, aburrido, cansino y excesivamente utilizado por quienes están siempre dispuestos a que, el Estado, ceda ante el nacionalismo catalán y, en su egolatrismo, se consideran en condiciones de dar consejos impregnados de un buenismo que, por raro que parezca, siempre tiende a favorecer a los causantes de los problemas, a quienes intentan socavar la autoridad del Estado o a aquellos que estiman que, la Constitución, es una herramienta que, a modo de chicle, puede estirarse o comprimirse a gusto, de manera que, en ella, quepan cualquiera de las modificaciones que, a quienes pretenden arrimar el ascua a su sardina, les resultarían convenientes aunque, al conjunto de los españoles, les fuera perjudicial o les restase derechos en favor de aquellos a los que no les importa remover las aguas turbulentas con tal de salir beneficiados con ello.

Durante estos días hemos estado escuchando a la mayoría de líderes políticos, especialmente a todos aquellos que quieren darle al separatismo catalán una dimensión política en lugar de considerarlo como, en realidad es, un simple delito perpetrado en contra de la unidad del Estado español; una clara infracción de varios artículos del Código Penal español que no precisarían de tantas algaradas, discusiones, actuaciones de las cámaras de representación del pueblo ni, tan siquiera, de la presentación de recursos ante el TC, para cortarlos de raíz.

Los que hablan de un tratamiento político de la rebeldía de la Generalitat y las instituciones catalanas, no hacen más que darle, a lo que es una rebelión contra la unidad de la nación y una pretensión de llevar a cabo un acto de secesionismo, acompañado de prevaricaciones, desobediencias, malversación de caudales, insumisiones a la normativa española, una vertiente con la que pretenden evitar, precisamente, que los delitos que vienen cometiendo desde hace tiempo, y que, incomprensiblemente, los fiscales correspondientes han dejado de pedir las ejecuciones de las numerosas sentencias que han ido emitiendo los tribunales de Justicia, relativas a temas fundamentales como es el caso de la falta de enseñanza del castellano en las aulas catalanas o la imposibilidad de que los padres puedan pedir que sus hijos sean educados en la lengua nacional.

En realidad, todos aquellos que insisten constantemente en que, el tema catalán, se ha maleado por falta de diálogo entre los nacionalistas y el Gobierno, tienen pocos argumentos para apalancar sus afirmaciones porque, si en algo se ha caracterizado el señor Rajoy, ha sido en demostrar una infinita paciencia ante las constantes e injustas acusaciones de parte del resto de partidos políticos y, fundamentalmente, de los principales interesados en hacer correr el bulo, los nacionalistas, de negarse a dialogar con los separatistas catalanes. La evidencia de que, el señor Rajoy, se ha ofrecido al diálogo, tanto con el resto de partidos políticos como, y especialmente, con el gobierno catalán, para tratar de los temas que fuera posible abordar.

Siempre se ha encontrado con lo que, para los nacionalistas catalanes, ha sido una cuestión irrenunciable: su obsesión para llevar a las urnas a los catalanes para que pudieran decidir, por si solos y sin contar con la opinión del resto de los españoles, el futuro de Cataluña que, según el resultado de la votación, podría ser permanecer unidos a España o, en su caso, romper con ella para declararse, como desean Puigdemont, Junqueras, Turull y la serie de rebeldes que les vienen siguiendo, con el apoyo incondicional y diríamos que imperativo de los anarquistas de la CUP, independientes de ella como una nueva nación soberana desligada de todos sus vínculos con España. El tema del referéndum siempre ha sido una cuestión que no se ha podido poner en cuestión.

No entendemos las propuestas de P. Sánchez, de los socialistas, cuando propone modificar la Constitución para crear un estado federal. Ni tampoco sabemos en lo que consisten las propuestas de Podemos, cuando insisten en que los catalanes puedan libremente decidir su futuro y, al mismo tiempo, entienden que éste se encuentra en compañía de los españoles; suponemos que siempre que la nación caiga, previamente, en sus manos comunistas para convertirla en un nuevo estado satélite de Venezuela; en el que, los catalanes, dirigidos por la CUP y los de Podemos, formaran parte de este remedo de la URSS, como en los tiempos en los que imponía su hegemonía sobre los países del Este de Europa.

Muchos, los más optimistas o los más ingenuos y mojigatos, siguen pensando que, el día 2 de octubre, con la resaca de lo que llegue a ser este famoso referéndum; tanto si se celebra en parte, con una mínima participación, o como si no puede tener lugar, como se barruntan los separatistas, se va a tratar de un referéndum ilegal según ha quedado claro en la resolución del TC; ambas parte, como si por una inspiración divina hubieran recobrado la sensatez y estuvieran dispuestos a arreglar lo que, durante años, no han logrado conseguir, se van a reunir para que, el Estado, una vez más ceda a la presión de los nacionalistas y, como en tantas ocasiones ha venido ocurriendo, se vuelvan a hacer concesiones que, en definitiva, por mucho que el gobierno lo intente negar, van a ir en detrimento del resto de autonomías, que van a ser las perjudicadas por no haber seguido el ejemplo catalán y, señores, la 1ª de ellas, el País Vasco, que ya está enseñando los dientes cuando empieza a querer frenar al Gobierno en su actuación para reprimir la rebelión catalana de la que ellos esperan, sin mojarse, sacar tajada. Desde un principio, como español, me he sentido engañado por la tolerancia con la que, los sucesivos gobiernos democráticos que ha tenido España, se han ido plegando al chantaje de los catalanes, que comenzó con el que el señor Jordi Pujol le plateó al señor Aznar y el que han tenido que soportar el resto de presidentes, entre ellos y el culpable de que el Estatuto catalán sea una de las mayores concesiones a una comunidad autónoma, el del señor Rodríguez Zapatero, uno de los grandes culpables de que España se encuentre en la situación en la que, por desgracia , nos hallamos.

Parece, sin embargo, que no se sabe a ciencia cierta por qué tipo de circunstancias, nos encontramos que, en España, al menos en los ámbitos políticos e informativos, existen una serie de personajes que le tienen miedo al Código Penal y piensan que es mejor ir cediendo, de tal manera que todo lo reducen a crear comisiones, alargar plazos, constituir mesas de diálogo, actuar con “sensatez”, ceder en lo accidental y mostrarse flexibles en lo esencial; todo lo cual no hace más que acercarnos, peligrosamente, a una situación que para los mayores se nos hace muy familiar, si se tiene en cuenta que, entre tanto, como ya sucedía en 1934, las calles empiezan a sentir de nuevo la presencia de los sindicatos que, seguramente, pronto van a estar invadidas por los de la CUP, disgustados por no haber podido votar y, quien sabe, lo que nos depara el futuro a medio plazo si, en lugar de afrontar los hechos con valentía y sin achantarse, se opta por ir contemporizando con el independentismo, expuestos a que, como ya se adivina en el País Vasco, si los catalanes logran una victoria, aunque fuese pírrica, es muy probable que en otros puntos de España como Galicia y, posiblemente, Baleares o la misma comunidad Valenciana, decidan apuntarse a la farsa y hacen causa común con los catalanes.

No nos fiamos del PSOE y del señor Sánchez, demasiado contenido, excesivamente moderado y peligrosamente equívoco respecto al tema catalán; tampoco acabamos de tener confianza en un señor Rivera, que parece que está a la espera de que se produzcan nuevas votaciones pensando en que, su pasteleo, su actitud de caballero andante a lo Amadís de Gaula, libre de máculas causadas por la corrupción, le va a proporcionar pingües ventajas en los comicios venideros, incluso dentro de Cataluña que, a diferencia del PP que cada vez retrocede más, ellos piensan que van a recoger los votos de las derechas más moderadas, opuestas al independentismo.

Sin embargo, tenemos una pregunta, quizás algo retórica, que nos gustaría que alguien nos pudiera contestar: ¿Qué tiene previsto el Gobierno de España para el caso de que, el día mismo de la votación o en los siguientes si, como es obvio pensar, no llegara a haberla o sólo hubiera votado una parte mínima de la población catalana y se organizara una reacción de los separatistas, encabezados por los rebeldes de la CUP, en la que la violencia estuviera presente, se apoderaran de las calles, se dedicaran a hacer destrozos o, incluso, intentaran ocupar sedes de las instituciones del Gobierno en Cataluña o asaltasen bancos o demás edificios emblemáticos?

Esperamos fervientemente, que no se llegue a estos extremos, pero debemos pensar que, en el caso del Gobierno de la nación, la obligación es que tengan previsto que esto pudiera suceder y se quiera o no, contra estas situaciones es muy posible que el empleo de las fuerzas del orden no fuera suficiente para contener semejante turbamulta, especialmente si recurrieran a incendiar edificios o a recurrir a la fuerza organizada en contra de las fuerzas del orden.

¿Dispondrían del apoyo de los llamados partidos constitucionalistas si se llegara a un punto en el que fuera necesario recurrir al artículo 8º de la Constitución? Este es, para nosotros, el punto más débil de todo este largo proceso, al que ya es necesario que, de una vez para siempre, se le dé carpetazo, aunque ello suponga tener que poner en funcionamiento todos los medios de los que, la Constitución, ha dotado a nuestros gobernantes.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos que lo que debiera ser algo doloroso pero fácil de solucionar, se está convirtiendo por simples cuestiones de índole política, en un juego peligroso en el que los españoles nos estamos jugando, nada más y nada menos, que la integridad de nuestro país y el mantenimiento de un régimen democrático que, en estos momentos, debido a la actuación de quienes tienen por objetivo desestabilizar a nuestra nación, los comunistas bolivarianos de Podemos y a la actitud levantisca y revolucionaria de Cataluña, está en grave peligro de involución hacia situaciones que todos dábamos por superadas pero que, por desgracia, parece que están en condiciones de volver a repetirse.

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