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Diario YA


 

¿Es útil la actual democracia?

Carlos Gregorio Hernández. 25 de Septiembre.

La semana pasada tuve la oportunidad de leer la siguiente noticia en El Periódico de Cataluña: un 35% de los catalanes votaría sí a la independencia. No, no me interesó el porcentaje. Lo significativo de la estadística era quién la patrocinaba. Se trata del Cercle d’Estudis Sobiranistes, cuyo nombre parece aclarar el por qué de unos resultados tan halagüeños para el separatismo que trata de promocionar. Pero, ¿quién es el presidente del Cercle? Se trata de Alfonso López Tena, VOCAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. La mayúscula resalta un hecho cotidiano, pero no por ello menos lamentable: quienes promueven la destrucción de España tienen asiento, sueldo y dominio sobre las instituciones que, se supone, deben servir. No es este un caso excepcional.
 
El ejemplo de la justicia es uno más, puesto que lo mismo ocurre en la sanidad, el ejército y la educación. Si bajamos peldaños en la administración comprobamos esta misma realidad. Igualmente, si alzamos nuestra mirada, podemos constatar que Vascongadas está en manos del separatismo y que las autonomías de Cataluña, Baleares, Galicia y Canarias, están cogobernadas por partidos que promueven abiertamente la destrucción del orden constitucional. ¿Quiénes han permitido esta situación? La respuesta es evidente. ¿No resulta ridículo?
 
Lo cierto es que nadie con corona o sin ella ha puesto los medios para evitar que la democracia española continúe colaborando a su propio suicidio. El citado 35%, ficticio o real, se ha construido gracias al reparto que se ha hecho del poder y de los presupuestos entre aquellos que quieren aprovecharlos para acabar con España. La soberanía nacional, la voluntad de los españoles, no ha contado en este punto. ¿Llegará algún día a contar igual el voto de un separatista que el de alguien que no lo es? ¿Seguirán los partidos mayoritarios colaborando con sus pactos a sobrerepresentar el separatismo? Si no se invierte esta tendencia el porvenir parece claro.
 
En los últimos días y quizás por los hechos luctuosos que nos ha tocado padecer he podido escuchar nuevamente en los medios de comunicación solicitudes de ilegalización para el PCTV y Nafarroa Bai porque no han condenado los atentados terroristas. Sí, claro que hay que ilegalizar a estos partidos, pero no sólo por no condenar los atentados sino porque promueven abiertamente y sin tapujos la destrucción de España. Si la Constitución pudiera juzgar a aquellos que la han violado deliberada y recurrentemente ahorraríamos mucho dinero en nóminas de ministros, diputados, presidentes autonómicos, jueces, etc.
 
Pero cuando las culpas parecen tan generalizadas el problema no debe estar en las personas ni en los partidos, sino en el propio sistema, que precisa de una profunda reforma. La propia Segunda República, con todo lo adversa que fue para España, era mucho más eficaz como sistema que nuestra actual democracia. Los sucesivos gobiernos no dudaron en proveerse de los mecanismos legales adecuados para perseguir a los que consideró sus enemigos y a buena fe que lo consiguieron. Nuestro país se parece cada vez más a la España de la Restauración, con todos sus defectos y sin las personas que entonces supieron enderezar el rumbo.

 

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