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Diario YA


 

“Olvidaba que en todo combate entre el fanatismo y el sentido común, pocas veces logra este último imponerse” Marguerite Yourcenar

¿Está el ciudadano catalán obligado a prestar obediencia a un gobierno golpista?

Miguel Massanet Bosch. Sin duda nos encontramos ante una situación insólita que, hasta ahora, no se había producido en ningún momento de nuestra democracia, ni tan siquiera en los tiempos de la II República, en la que los ciudadanos estamos representando el papel de simple espectadores; me refiero naturalmente a los ciudadanos catalanes y, en especial, a los que nos sentimos ante todo españoles.

Hemos asistido a unas elecciones de tipo autonómico a las que algunos descerebrados quisieron darles un cariz de consulta plebiscitaria por la que se intentaba demostrar que, en Catalunya, los partidarios de una ruptura o desconexión ( como parece que a algunos golpistas les gusta llamar) eran más que los catalanes que prefirieran mantenerse dentro del amparo de la Constitución española, negándose a colaborar con quienes intentaban saltársela a la torera; sin que, hasta hoy, se supiera muy bien lo que se pretendía llevando a los catalanes a una situación que, desde todos los puntos de vista, conducía a una verdadera debacle dirigida a situar a los ciudadanos ante una situación sin salida, dentro del más profundo aislamiento y en manos de dirigentes en los que, por desgracia, era imposible tenerles la más mínima confianza.

Contrariamente a lo que esperaban los separatistas, las elecciones confirmaron que había más votos para los partidos constitucionalistas que para aquellos que defendían la separación de España. Sin embargo, quienes habían perdido la apuesta no supieron aceptar su derrota y acudieron a otro de los trucos, de los que se valen los que hablan mucho de democracia pero que, cuando les es adverso su dictamen, optan por intentar darle otro sentido que les ayude a venderles a sus seguidores que la derrota no era tal si se la consideraba desde otro ángulo.

De aquí surgió la interpretación interesada del señor Mas y su cuadrilla, en el sentido de que habían vencido porque: el número de votos les permitían ser los que más escaños tuvieran en el Parlamento catalán, aunque sin conseguir, como esperaban, la mayoría absoluta. Es obvio que, si se hubiera tratado, como ellos sostenían, de una consulta plebiscitaria nada tenía que ver con la Ley D’Hont ni los escaños conseguidos con lo que, en realidad, habían opinado la mayoría de los votantes catalanes, que dejaron claro, por un 53% contra un 47%, que no querían la independencia de la nación española La deriva que el señor Mas y todos los que le apoyaron, formando la coalición entre partidos entre los cuales la afinidad ideológica brillaba por su ausencia y sólo les unía el propósito de conseguir una victoria que les permitiera poner en jaque al gobierno de Madrid; los unos, los independentistas, para progresar en sus deriva separatista y los otros, amparados bajo el manto independentista, lo que, en realidad han venido buscando es situarse en una posición ventajosa que les permitiera situar a sus peones en lugares estratégicos, desde los cuales poder trabajar en lo que verdaderamente les importa: el conseguir imponer sus tesis comunistas, antisistema e igualitarias, obligando al ingenuo de Mas y a CDC a aceptar sus duras condiciones para poder gobernar en Catalunya.

Evidentemente que, como se ha demostrado, con el rechazo por segunda vez consecutiva, de la candidatura presentada por CDC y ERC, centrada en la persona de Artur Mas como presidente de la Generalitat. La CUP, el partido bisagra, que con un 8% de los votos (300.000 votantes) pretende ser quien imponga las condiciones, ya ha dejado claro que no quiere ver ni en pintura a Mas como presidente y que sólo aceptará otro candidato consensuado que no sea él. Incluso propuso una candidatura asamblearia para regir los destinos de los catalanes.

Si, los que vivimos en esta autonomía, ya tenemos la experiencia cercana de los desatinos que viene cometiendo la señora Ada Colau, la alcaldesa electa de la ciudad de Barcelona, que amenazan con que, en un par de años, la espléndida urbe catalana se haya convertido en refugio de antisistemas, empobrecida por los desatinos de una señora que no había hecho otra cosa en su vida que dedicarse a la agitación social, actuar de antisistema, infractora de las leyes y violadora del orden público, a la que se ha convertido en una franquicia de Podemos, a quien se le ha dado el poder sobre la mayor ciudad de Catalunya; sólo nos falta que se les entregue a los comunistas anarquistas de la CUP el poder de gobernar toda la autonomía catalana y, todavía peor, si este poder ha de ir dirigido a separarnos de Europa, dejar de pagar nuestros compromisos europeos e implantar un régimen bolivariano contrario a la propiedad privada acompañado de, como ya han propuesto los de Podemos en su programa, un agresivo aumento de los impuestos que les ayude a llevar a cabo sus desnortados planes comunistas.

El TC ha puesto las cosas en su sitio y la señora N.Munté, portavoz del separatismo, ya ha dicho que no se consideran concernidos por lo que diga dicho tribunal, a pesar de que cada una de las 21 personas que más se han destacado en el plan soberanista, ya ha sido advertida individualmente de que, cualquier intento de llevar a cabo alguna de sus propuestas separatistas, será considerado como una desobediencia que comportará inmediatamente la intervención del fiscal para presentar la petición de que se aplique la correspondiente sanción penal que corresponda al tipo de delito cometido.

Puede que, como primera providencia, se decretara la inhabilitación de quien hubiera cometido la infracción para seguir en el cargo público que ostentase. Y, señores, ante esta situación, esta melée política de tan disparatada inconsciencia; los ciudadanos españoles tenemos el peligro de encontrarnos ante una situación que pueda superar nuestras posibilidades de defensa, que nos ponga ante un dilema superior a nuestras facultades de decisión cuando nos enfrentemos y es muy posible que, si no se pone remedio inmediato a esta locura separatista, pueda tener lugar una absurda dualidad de poderes: el impuesto por las normas de una administración regida por los filibusteros secesionistas de un hipotético “estado republicano catalán” y las de la Administración en Catalunya del Estado español. No quiero ni pensar lo que pudiera ocurrir si tal situación llegara a materializarse, las graves consecuencias que pudieran derivarse para los ciudadanos y la catástrofe que para la economía, la industria y el comercio de la autonomía catalana pudiera derivarse de semejante estado de cosas.

No sabemos como se puede ver el grave problema catalán desde otras autonomías. Sí sabemos que existe un cansancio generalizado de los ciudadanos españoles, cansados de que cada día se hable del separatismo catalán. Tampoco acabamos de creernos el que todos los partidos, aparte de solidarizarse de momento con el Gobierno para intentar resolver el tema separatista, cuanto tiempo se va a mantener esta solidaridad, teniendo en cuenta de que estamos ante unos comicios que tendrán lugar el 20 del mes que viene. Uno pudiera pensar que debería aplicarse un mecanismo que permitiera, dado el estado de inestabilidad por el que pasamos, una prórroga de esta convocatoria ante la posibilidad de que, en Catalunya, no existan las condiciones de serenidad, paz y sosiego para que los ciudadanos acudan a las urnas desprovistos de los perjuicios derivados de lo ocurrido en este territorio desde hace unas semanas. O así es como, señores, desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, no podemos dejar de estar preocupados ante una situación que se nos antoja muy peligrosa, si se considera que cada ciudadano, especialmente los que nos consideramos españoles, siente que sobre su cabeza pende una espada de Damocles amenazando de que, en cualquier momento, la fina cuerda de la que pende pueda quebrarse y caer, con toda su carga mortífera, sobre él. Y no hablamos de utopías, sino de realidades que, desgraciadamente, pueden producirse en cualquier momento.

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