Fidel García Martínez
Los cambios en el sistema educativo que pretende el Gobierno  de Sánchez encabezados por la ministra  Isabel Celaá suponen un retroceso  del sistema educativo hacia formas autoritarias y estatistas, que atenta contra la Constitución en  su artículo 27 en sus apartados  del 1 al 28, que contempla el  derecho fundamental de los padres a elegir el modelo educativo más conforme  convicciones morales y religiosas. Teóricamente según la ministra se trataría de acabar con los aspectos más  controvertidos  de la LOMCE, pero, en realidad, es volver  a  LOGSE- LOE  con su componente ideológico de  escuela única, laica y pública, contralada por el Gobierno.
Se trata de una contrarreforma autoritaria, sin consenso: una especie de trágala, sí o sí. No existe ninguna necesidad  de  reformar la LOMCE, porque nunca se ha aplicado como fue concebida precisamente por la oposición radical del PSOE y por las cesiones del PP, quien permitió que un gran ministro de educación como Wert, fuese objeto de campañas difamatorias, hasta provocar su dimisión. La misma ministra reconoce que derogar  la LOMCE no resuelve los problemas.  Realmente la ministra no estaba aparentemente segura de lo que quería hacer, si derogar la LOMCE completamente o solo en  algunos aspectos, pero la realidad es que hay una intención clara cuando se defiende en el borrador aprobado por el Consejo de Ministros de derogar la Ley Orgánica de8/2013 ( 9 de diciembre) de Mejora de la Calidad educativa.
Son medidas regresivas que quieren imponer por parte del Gobierno sin ningún consenso con la Comunidad Educativa  (padres, profesores, alumnos, propietarios de centro concertados, privados) y en un tiempo extrañamente rápido. Lo que realmente sorprende porque el modelo educativo necesita un consenso respetuoso y mayoritario Se restringe de forma radical el derecho de las familias para que opten sin ninguna represión ideológica para escoger el modelo educativo que deseen para sus hijos. Relega la  educación concertada a un papel subsidiario y marginal, cuando la legislación española y europea, así como los procedimientos judiciales reconocen, expresamente,  el carácter complementario de la educación concertada. Discrimine de forma lesiva al profesor de la concertada en las condiciones laborales y económicas. No reconoce con claridad el derecho  a la dirección de centro, introduciendo un representante político en la composición del consejo escolar municipal.  Las referencias explícitas a un tratamiento  legal de la asignatura de la Religión quedan directamente marginadas en diseño curricular de la asignatura, todo lo contrario de lo que sucede en la UE, especialmente en los países de loa antiguos países del Este, donde la asignatura de la Religión, goza del mismo estatus académico que cualquier otra asignatura, sea de ciencias o de letras.  No contempla ninguna previsión económica que contemple el coste de real un puesto escolar en la concertada en comparación  con al pública, que suele costar más caro al contribuyente. Se contemplan medidas regresivas para la obtención del título de Bachillerato, que se puede obtener con alguna signatura suspensa. Además no se contempla o se ocultan las  pruebas de diagnósticas. Es decir un paso atrás en la mejora del sistema educativo, una de las necesidades más urgentes de la sociedad española cara al futuro inmediato de las jóvenes generaciones.