Pocos casos como el de Pozo Alcón reflejan la lentitud, la arbitrariedad y la chapucería en que ha caído la Justicia española, con el gravísimo perjuicio que eso supone para la democracia de nuestro país. La sentencia que condena a dos meses de cárcel y uno de alejamiento a una madre que simplemente ejerció su autoridad en el núcleo familiar dando un castigo a su hijo pequeño en respuesta a un acto de rebeldía y desobediencia, deja en evidencia en manos de quiénes estamos.

Este tipo de sentencias provocan, en primer lugar, una enorme alarma social, seguida de una desconfianza generalizada en algo, la Justicia, que sólo puede sobrevivir si merece el respeto del pueblo. Pocas instituciones como la Justicia necesitan la credibilidad de quienes pueden ser juzgados para poder llevar a cabo su importantísima función social. Y los jueces españoles hace mucho tiempo que perdieron la confianza de los ciudadanos, como reflejan todas las encuestas realizadas al respecto.

Ese alejamiento del sentido común, esa manía insana de aplicar la ley como robots sin hacer una lectura lógica, coherente, responsable de los artículos de los diferentes Códigos, suele estar en la base de la mayoría de las sentencias manifiestamente injustas, como es el caso que nos ocupa. Un juez debería siempre, antes de dictar un auto, pararse a considerar las consecuencias sociales que esa decisión va a provocar, ya que no hacerlo es simplemente dar la espalda a su responsabilidad profesional.

El caso es que esta pobre mujer no sólo ha tenido la desdicha de padecer en carne propia a un mal hijo que ojala algún día se dé cuenta de la barbaridad que cometió, sino que después la Justicia la envía a la cárcel durante 65 días y la impide seguir cumpliendo con su función de madre; la misma función que, por cierto, cumplió durante los dos años posteriores a los hechos que la han llevado a prisión. El escarnio no puede ser mayor.

Sólo la educación en valores cristianos puede empezar a cambiar esta sociedad enferma de relativismo, hedonismo y perniciosa ambigüedad. Si la familia, que es el ámbito en el que deben transmitirse esos valores, se ve maniatada por jueces irresponsables que son incapaces de distinguir entre una acción correctora y un maltrato, ya casi lo único que nos queda es ponernos a rezar. ¡Qué ciega puede llegar a ser la Justicia!

Sábado, 13 de diciembre de 2008.