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Editorial: "Los 29 valientes del Supremo"

No creo que hubiera ni un solo español lo bastante ingenuo o mal informado como para creer que los treinta magistrados del Tribunal Supremo (al final veintinueve, porque uno estaría con diarrea) podían avalar las objeciones de conciencia que algunos valientes, heroicos padres decidieron interponer contra ese engendro legal y abominación moral llamada Educación para la Ciudadanía. Sólo desde la ignorancia completa de cómo funciona este sistema autoritario de castas corruptas que algunos, con humor negro, llaman "democracia" se podría contemplar esa hipótesis.

No, evidentemente que no, era imposible. El Tribunal Supremo, que es un órgano jurisdiccional que depende jerárquica y pecuniariamente del Ministerio de Justicia, ha hecho lo único que puede hacer un tribunal que no es independiente, es decir, ir a favor de corriente, no estorbar la labor de ingeniería social que desde hace cinco años (¡cinco siglos!) lleva practicando el Ejecutivo socialista de Zapatero, o sea, dar luz verde a EpC. Lo que equivale, en la práctica, a negar un derecho que es muy anterior a esta asignatura, e incluso muy anterior a la Constitiución Española del ´78 y a cualquier otra constitución: el derecho de los padres a educar en valores a sus hijos.

Veamos: dicen los defensores del engendro (entre ellos, algunos presuntos compañeros de profesión expertos en practicar el lewinskynismo con el poder) que en los manuales de EpC sólo hay normas elementales de buena conducta y urbanidad, conocimiento de la democracia (esperamos que la de Pericles, no esta) y otras perogrulladas. Es decir, ¿lo que siempre se ha estudiado en Ciencias Sociales?, ¿pretenden tomarnos a todos por lelos, o qué? Todos los manuales de EpC, todos sin excepción, dan carta de naturaleza al relativismo imperante en la sociedad occidental en lo relativo a la sexualidad, las formas de familia y la visión de la fe en la Iglesia Católica, que se presenta poco menos que como una enfermedad de dementes.

Lo que esta asignatura persigue, lejos de dar conocimientos que, en todo caso, serían muy inferiores en importancia a otros en los que el fracaso escolar de nuestros estudiantes supera todos los registros paneuropeos, es un adoctrinamiento moral. Se trata de una operación perfectamente orquestada por Zapatero y Cabrera para, ayudándose de la colaboración y el asesoramiento de ciertas logias masónicas, cambiar del todo la estructura social de España, de manera que la familia tradicional quede arrinconada y observada como un residuo del franquismo y, por tanto, condenable de oficio.

De ese atropello a la razón y al Derecho más elemental, de esa atrocidad impresentable, de ese robo a mano armada de la conciencia moral de las personas se ha hecho cómplice el Tribunal Supremo, con los veiuntinueve valerosos "jueces" (hacemos excepción de los siete que no se han dejado llevar por la postura más cómoda). Dicen los padres que seguirán recurriendo, primero al TC, después a Estrasburgo. Pero por desgracia, no es cuestión de tribunales, sino de las bases sobre las que descansa el edificio democrático. Unas bases que están podridas.

Jueves, 29 de enero de 2009.

 

 

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