Rafael González. 8 de marzo.

Un Gobierno tan negligente como el de Zapatero no pierde, sin embargo, comba para conseguir la legalización del aborto libre, lo que significa, en la práctica, restaurar la pena de muerte; eso sí, sólo para criaturas inocentes e indefensas, y tras haber cumplido el trámite de una falsa parlamentaria representada por una subcomisión del Congreso que creó el Ministerio de Bibiana Aído, que de repente ha dejado de ser el de “Igual dá”, porque ahora va a dar mucho, muchos quebrantos y muchísimas tragedias. Consecuentemente –inconsecuentemente habría que decir- el Consejo de Ministros acaba de conocer las conclusiones del Comité de Expertos sobre la reforma de la actual legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo, elaborado a petición del mencionado Ministerio.

Y se teme que, inconsecuentemente también, antes del verano podrá discutirse en el Parlamento el anteproyecto de ley, para que, finalmente, y sin pérdida de tiempo, en otoño, quede aprobada la nueva ley, la cual, si se basa fielmente en las conclusiones del mencionado comité que ha presentado la ministra Bibiana Aído, se consumará esa aberración moral y jurídica que significará la legalización del aborto libre y gratuito en España.

En otras palabras, se pasará de de la despenalización del aborto a su legalización plena: aborto libre hasta las 14 semanas, que se prolongará hasta 22 si hay peligro para la salud de la madre o si el feto presenta malformaciones. Y con una novedad sorprendente: a partir de los 16 años, las niñas que quieran abortar no necesitarán el permiso de sus padres, aunque lo necesiten para poder operarse de apendicitis y sigan sin tener edad para votar, no obstante la madurez que la ministra Aído, a la que hasta la fecha no se le conoce más autoridad que en materia del desarrollo del cante y el baile flamenco, les reconoce para casarse y mantener relaciones sexuales.

Para propinarle este nuevo estacazo a la sociedad española es para lo que el Gobierno del PSOE creó el ministerio de Igualdad, que al principio se pensó que se trataba de uno de esos despropósitos de Zapatero. Pero ya ven que no. Primero, le sustrajo el asunto del aborto al Ministerio de Sanidad, para dar a entender que el aborto no es una cuestión de salud de la mujer, como sostiene el progresismo eccematoso, sino que se trata de un derecho de la mujer, a la que se le otorga la plena facultad para decidir si el ser humano en ella concebido debe vivir y nacer o, por el contrario, decide unilateralmente destruirlo. Y naturalmente, sin responsabilidad alguna, puesto que estas actuaciones dejaran de ser contempladas en el Código Penal. En este sentido habrá que plantearse si no será anticonstitucional lo que se pretende, que parece ser que sí lo es, porque el Tribunal Constitucional ya dictó sentencia, en 1985, sobre la despenalización del aborto, y recordó en sus considerandos que nuestra Constitución tutela la vida del no nacido y no permite el aborto libre, salvo en aquellos contadísimos casos extremos en los que la salud de la madre peligra o las malformaciones del feto son manifiestamente graves. 

Pero en esto, como en otras cuestiones anticonstitucionales, el Gobierno no se para en barras. Y como es natural, ante semejante atropello jurídico, social, moral y político que se propone perpetrar, se ha reavivado la controversia, especialmente sobre la brutalidad de una ley de plazos que permitirá el aborto libre. No menos ha indignado la pretensión de suprimir el requisito que obliga a contar con el consentimiento de los padres para practicar una intervención a una menor de dieciséis años, y naturalmente, el intento de eliminar el derecho a la objeción de conciencia de los facultativos que han de practicarlo, como aconseja el informe; imposición de carácter fascista, tan grave, o mucho más, que las que ya conocemos respecto de la asignatura Educación para la Ciudadanía.

El Gobierno del señor Zapatero, experto en crear más paro que ningún otro país de Europa, puede pavonearse, sin embargo, de convertir a nuestro país en el primero en despenalizar el aborto y de establecer ese “derecho” desde los dieciséis años. Puede incluso promocionar una nueva modalidad de turismo: el turismo de la muerte, al atraer a nuestro país a todas aquéllas mujeres sin escrúpulos morales que en sus países encuentren leyes más restrictivas.

La sociedad española está obligada a una reflexión muy serena sobre qué política de asistencia y solidaridad debe seguirse con quienes se plantean, ante un embarazo no deseado, tan desesperado desenlace. Pero sobre todo, mediante todos los recursos democráticos de que dispone, debería plantarle cara a este Gobierno insensato, que por su incompetencia nos lleva de la ruina económica que nos ha acarreado a la ruina moral que está decidido proporcionarnos.

¿A qué hora, qué día y dónde esa gran manifestación nacional de protesta?