Juan Pérez. Hace poco se explotó un escándalo periodístico en Kazajstán. Uno de los mayores bancos del país reclamó contra los periodistas acusándoles en la distribución de la información falsa que lesiona la reputación del banco. Las organizaciones internacionales de los derechos humanos han acusado inmediatamente a las autoridades en violar la libertad de expresión y presionar a los medios de comunicación independientes. Y esto, sin tener en cuenta que los propios periodistas confirmaron que "solo hacían su trabajo remunerado".

En muchas democracias jóvenes existe la práctica cuando la libertad de expresión se asocia con la ilegalidad total. Mientras los periodistas se presentan como intocables, hasta en casos de la violación de la ley. La situación parecida ha ocurrido en Kazajstán. Uno de los mayores bancos del país, Kazcommercbank, acudió al tribunal con el pleito contra los plataformas «Respublica» y «Nakanune.kz», acusándolos en la distribución de información falsa sobre el banco que causa daños a su reputación empresarial. Estos medios de comunicación publicaron una serie de los artículos contra el dicho banco, con acusaciones en incursión de los bienes del desgraciado oligarca Mukhtar Ablyazov. Éste hoy día está en la cárcel en Francia esperando a la extradición a Rusia. Está imputado por el fraude de más de 6 mil millones de dólares en tres países: Rusia, Ucrania y Kazajstán.

El banco «Kazcommercbank» ganó su pleito. La razón era muy sencilla: ningún medio de comunicación, ninguno de los periodistas que publicaron los materiales falsos no han podido presentar las pruebas. Los periodistas fueron imputados. Entre ellos - la dueña jurídica de "Nakanune.kz" Guzal Baidalinova. Otra dueña, Irina Petrushova, fue inaccesible para el juicio, ya que hace mucho tiempo vive en Europa, aunque en Kazajstán se sabe que ambos medios pertenecen y están patrocinados por Irina Petrushova. Durante el juicio fue revelada otra fuente de la información y la razón del interés de los periodistas.

El designatorio (el cliente) era un empresario “resentido contra el banco”, Tair Kaldybayev. Lo contaron los periodistas arrestados por el caso de Kazcommercbank. Uno de ellos era el intermediario entre el empresario y los medios de comunicación involucrados. Ellos dijeron que el empresario escogió él mismo los dos medios de comunicación como una plataforma para las publicaciones críticas. Cada publicación valía 5-10 mil dólares. “No me interesaba ni el contenido de las publicaciones, ni confiabilidad de la fuente de la información”, - dijo uno de los periodistas, Rafael Balgin. “Una información tan sensible como ésta había que comprobar, pero eso no me interesaba, no me molestaba. El cliente me pagaba bien.

Por lo cual no planeábamos a buscar noticias fidedignas, tampoco íbamos a dar algunas garantías. Fue simplemente un proyecto comercial”. Además, los periodistas contaron que la propietaria de los medios involucrados no sólo conocía de qué se trataba el acuerdo, sino participaba en la redacción de los materiales. Y luego lo publicaba en sus otras web páginas por el pago extra, por supuesto. Podríamos desconfiar a los periodistas si no por el propio cliente, Tair Kaldybaev, quien confirmo lo que habían dicho los imputados.

Él admitió tanto el hecho de haber iniciado y patrocinado la campaña contra el banco, como haber mandado personalmente los materiales a los periodistas-intermediarios, incluso a Balgin. Éstos llevaron a cabo "la redacción". Su elección de los portales "Respublica" y "Nakanune.kz" explica muy fácilmente: se especializan en publicar los materiales de pago sin pedir las pruebas. A propósito, son estos medios que comparan todas las acusaciones contra ellos con la violación de la libertad de expresión y presión a los medios de comunicación. Y, lo importante, es que cuentan con todo el apoyo por parte de muchas organizaciones internacionales.

Por ejemplo, el vice-presidente de los programas internacionales en Freedom House Robert Herman cree que la historia con los pleitos entre "Kazcommercbank" y los periodistas es nada más y nada menos que "los ataques del gobierno kazajo contra la libertad de expresión". La OSCE en este caso ocupa una postura extraña. Su responsable en las materias de la libertad de la prensa Duni Miatovic dijo: "El encarcelamiento de los representantes de la prensa por lo que dicen y publican es inaceptable. Hay que liberar inmediatamente a estos periodistas". No le interesa el nivel de la ilegalidad.

Tampoco eso interesa al coordinador del programa del Comité de la protección de los periodistas en Asia Central con la oficina en Nueva York Nina Ognyanova, quien declaró que "las autoridades deben cambiar las leyes que permiten la persecución penal a los periodistas, que estén abiertas a las violaciones y tienen un impacto negativo al acceso a información". Sin embargo, ninguno de los representantes de las organizaciones internacionales presta atención a las declaraciones de los periodistas que sinceramente admitieron el hecho de no haber comprobado la información. Como afirmó el jefe-redactor de “Delovaya nedelya” Makhambet Auezov quien también era el intermediario entre el cliente-empresario y la dueña de los medios involucrados, los periodistas “ganaban su dinerito”, “producto-dinero-producto, eso era el esquema. Nunca pedíamos las pruebas para las publicaciones».

A propósito, él pidió perdón en nombre de todos los periodistas acusados de expansión de la información falsa. Y pidió "ser más humanos" y retirar las acusaciones, ya que los periodistas eran "los rehenes de la guerra entre los oligarcas". En realidad, no eran los rehenes, sólo a ellos no les preocupaba la posibilidad de violar las leyes. Según escrito en la Constitución de Kazajstán, cada ciudadano tiene el derecho a la libertad de expresión. La ley sobre Los medios de comunicación establece que el periodista está obligado a "no distribuir la información que no sea real". Por la distribución de la información falsa según el acuerdo anticipado (ya que todos los periodistas sabían sobre el intento del cliente) y con el uso de los medios de comunicación, el Código penal de Kazajstán establece la multa o penas correccionales, o el encarcelamiento hasta los tres años. Las normativas de la ley no clasifican a los infractores según su actividad o profesión.

La mayor conclusión de toda esa historia es que los periodistas de muchos países postsoviéticos se conformen con la idea de que el periodismo no es un proceso de búsqueda y publicación de la información verdadera, importante para la sociedad, sino el instrumento para ganar el dinero con el populismo, sin preocuparse de las consecuencias legales, e intentando a aprovechar de la libertad de expresión que sirve como un escudo contra las persecuciones. Una suerte, que numerosas organizaciones internacionales de los derechos humanos aprovechan para acusar a las autoridades kazajas en la “violación de los derechos”. Hoy día el escándalo internacional con la atracción de muchas organizaciones periodísticas y de los derechos humanos lo hincha la dueña de los dos medios de comunicación y el jefe de los periodistas arrestados, Irina Petrushova. En diferencia con los demás periodistas su beneficio ha sido cientos de miles de dólares.

Y estando en Austria no tiene que tener miedo de la policía kazaja. Por eso llama a sus empleados no rendirse. Y continúa a través de las redes sociales a acusar a las autoridades en subjetivismo. Al mismo tiempo les critica por haber imputado a las mujeres periodistas. Parece ser su último argumento. Mientras ella no quiere proponer a salvar a sus empleados entregando las pruebas que causan daño a la reputación del banco.