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El PSOE madrileño se persona como acusación popular

Redacción Madrid. 27 de enero.

    El Partido Socialista de Madrid (PSM) se ha personado como acusación popular en el procedimiento abierto por el juez de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, por un supuesto delito de revelación de secretos para esclarecer los hechos denunciados por la Comunidad de Madrid en relación al presunto caso de espionaje sufrido por el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, en un viaje a Colombia y a Johannesburgo.

   La representación jurídica del PSM presentó ayer ante el Juzgado número 47 su escrito de personación para formar parte de la causa como acción popular. El juez Sierra deberá pronunciarse en los próximos días sobre si acepta o no esta personación que está encaminada a "acceder a toda la información" que se extraiga del procedimiento.

   "Creemos que los hechos no sólo constituyen un delito de revelación de secretos, sino que podrían incurrir en malversación de caudales públicos. Habría funcionarios que se extralimitaron en los cometidos previsto en la Ley", manifestó a Europa Press uno de los abogados del PSM.

   Una vez que se oficialice la personación, el PSM solicitará que la Fiscalía de Madrid remita las indagaciones realizadas hasta ahora en el marco de las diligencias de investigación abierta a raíz de la denuncia que presentó González a título personal. Además, el partido reclamará que esta denuncia y la del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se acumule al procedimiento incoado por el juez Sierra.

   Por ahora, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, ha tomado declaración al periodista de 'El País' Francisco Mercado, y ha solicitado al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que le remita toda la información de la que disponga de la supuesta red de espionaje, así como que aclare la relación del ex inspector de la Policía Marcos Peña y su Consejería.

APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN

   En el auto de apertura de diligencias previas, el magistrado atribuía esta decisión al apreciar la existencia de un posible delito de revelación de secretos en la denuncia de González, lo que implica un tipo penal perseguible sólo a instancias de parte.

   Por ello, el juez daba un plazo de cinco días al secretario general del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria Bolívar, para que manifieste ante el Juzgado "el carácter de su intervención" al ser la persona que interpuso el pasado martes la denuncia de la Comunidad ante un juzgado de guardia de Plaza de Castilla.

   También le emplazó a aclarar si lo hace "únicamente en razón de su cargo en nombre de la Comunidad de Madrid, o igualmente en nombre y representación de la persona agraviada, a los efectos de lo establecido en el artículo 201 del Código Penal". La citada denuncia se basa en supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

INDICIOS DE DELITO

   El auto especifica que el citado artículo establece que "una vez comprobada la comisión de indicios de delito, debe tener lugar una condición previa para la averiguación de los mismos, como es la necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal".

   Según el magistrado, de los términos y el contenido de la denuncia se desprende que la persona agraviada resulta ser el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, siendo él "quien necesariamente debió interponer la denuncia".

   Añade el auto que "se hace necesario, cuando los hechos presentan caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, la incoación de diligencias previas y con carácter previo, requerir al denunciante a fin de que manifieste en el Juzgado el carácter de su intervención".

   En el escrito judicial, el Gobierno de Aguirre denunciaba que en los seguimientos a los que se sometió al vicepresidente se utilizaron cámaras ocultas y se elaboraron informes a los que se incorporaron fotografías y documentos privados, con utilización de información reservada.

   El Ejecutivo autonómico entiende que de la información de 'El País' se deriva la posibilidad de que estas conductas se hubieran podido producir respecto a otros altos cargos del Gobierno regional. Por ello, estima que concurre "un interés general en la averiguación y el esclarecimiento de los hechos, así como de sus responsables".

 

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