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Diario YA


 

La casta política, desde la transición hasta ahora, ha transformado un sistema financiero que estaba orientado hacia el interés público en beneficio de la nación, en un sistema regido exclusivamente por el interés particular de sus propietarios

EL SISTEMA FINANCIERO Y EL INTERÉS NACIONAL

Enrique Parra Valenzuela. Desde el siglo XIX, las cajas de ahorro han sido una fuente primordial de estabilidad económica para las familias españolas y, por lo tanto, un pilar fundamental para el crecimiento económico nacional. Pero durante la transición, se impusieron unos criterios políticos que desvirtuaron el sentido primigenio de las cajas y las llevaron a una situación límite. La crisis económica de estos últimos años se ha impuesto sobre la situación de debilidad en la que han dejado a las cajas y el gobierno las ha liquidado con fórmulas salomónicas.

Las cajas de ahorro se fundaron hace dos siglos para fomentar el ahorro de las familias más humildes, ofreciéndoles así un respaldo económico frente a un sistema financiero que no estaba diseñado para ellas. Las fundaron la Iglesia y las corporaciones locales.

Siempre han tenido una finalidad social. Al principio era la beneficencia. Luego actuaron como seguros sociales –cuando aquí en España no existía todavía la Seguridad Social-. Sirvieron de recurso para el ahorro de las familias, para financiar la compra de sus hogares y para emprender negocios. Además han financiado proyectos para los que, de otra manera, no habría habido posibilidad de financiación: proyectos de asistencia social, hospitales, residencias de ancianos o de colectivos de especial vulnerabilidad.

También sirvieron a la promoción cultural y la investigación. Al ser fundaciones sin accionistas, no tenían que repartir dividendos y, podían emplear sus beneficios para realizar su gran labor social. Además, dada la condición económica de sus clientes, estas entidades trataban de evitar las operaciones de alto riesgo. El sistema franquista fortaleció el papel de las Cajas de Ahorros como activadoras de la economía familiar.

En el Fuero del Trabajo de 1938 se establece que la riqueza es un recurso al servicio del pueblo, se promueve el acceso de las familias a la propiedad de sus viviendas que son consideradas inembargables, se persigue cualquier forma de usura y se establece que cada familia campesina debía disponer de su propia parcela para trabajar. A su vez, el Fuero de los Españoles de 1945, promueve la propiedad del hogar y de los útiles de trabajo.

La ley de Ordenación del Crédito y de la Banca de 1962, estableció el objetivo de elevar el nivel de vida de los españoles y la riqueza nacional. Partía del principio de subordinación de la empresa al orden humano y encauzaba el crédito de las Cajas de Ahorros hacia el sostenimiento de los pequeños patrimonios agrícolas, pesqueros, industriales y comerciales.

Con esta ley se pretendía que el crédito de las cajas de Ahorros impulsara la modernización de las explotaciones familiares y que los ahorradores modestos accedieran a la propiedad de la vivienda y de valores mobiliarios. Las Cajas de Ahorros debían colaborar con el Instituto Nacional de la Vivienda para que la gran mayoría de la clase media española pudiera disfrutar de la propiedad de sus hogares. Los objetivos se cumplieron. En los últimos años del franquismo casi un centenar de Cajas de Ahorros estaban distribuidas por las diversas regiones impulsando la economía familiar.

Teníamos el índice de crecimiento más alto de Europa, la renta por habitante era del 80% en relación a los países más ricos de Europa y disfrutábamos de pleno empleo. Para entender el éxito de un sistema económico hay que estudiar el sistema financiero porque es el motor donde nace el crédito que va a permitir la puesta en funcionamiento de los proyectos económicos de la nación. En España, las Cajas de Ahorros fueron una parte fundamental de ese sistema financiero. A partir de la transición, el nuevo régimen arrojó a las Cajas de Ahorros en manos del mercado.

Empezaron a ser dirigidas exclusivamente con criterios de empresa en una época de liberalización mundial de los sistemas financieros, con acuerdos como los de Basilea que premiaban las actividades financieras de alto riesgo. Se produjo una gran concentración de las Cajas de Ahorros para ganar en competitividad y, de esta manera, fueron perdiendo su carácter social y de servicio al desarrollo económico del entorno, pasando a imitar los procedimientos de la banca privada.

Se dieron entonces situaciones de excesivo riesgo e irregularidades de toda índole. El Real Decreto 2290/1977 y la ley 31/1985, de Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, profundizaron en la manipulación de las Cajas a través de lo que llamaron la plena democratización de sus órganos rectores. La realidad de esa democratización consistió en que los políticos desplazaron a los profesionales en la dirección de las Cajas.

Fue entonces cuando llegó la financiación de los famosos proyectos ruinosos que han llenado las páginas de los periódicos en España, la condonación de los préstamos concedidos a los partidos políticos, los sueldos astronómicos de los consejeros de las Cajas y las tarjetas black, entre otros infaustos negocios. Se empezaron a conceder hipotecas y préstamos con condiciones abusivas y comisiones elevadísimas.

El objetivo no era ya la promoción de las economías más desfavorecidas sino el de sacar el máximo provecho de las operaciones concertadas con esa clase social que antes se había tratado de promocionar. Los niveles de riesgo en los que habían estado trabajando las Cajas en los últimos años provocaron que, con la crisis financiera e inmobiliaria de 2008, quedaran arruinadas. Entonces el Banco de España sacó adelante un proceso de nacionalización, capitalización y posterior subasta pública de estas entidades. Las Cajas de Ahorros se convertirían en bancos.

La clase media española pagaría el agujero dejado por las Cajas y, una vez saneadas y convertidas en bancos, quedarían en manos privadas. El rescate de las cajas nos costó unos 50.000 millones de euros a todos los españoles. Las plantillas de las antiguas Cajas se vieron drásticamente reducidas, redujeron sus salarios y empeoraron sus condiciones laborales.

La casta política, desde la transición hasta ahora, ha transformado un sistema financiero que estaba orientado hacia el interés público en beneficio de la nación, en un sistema regido exclusivamente por el interés particular de sus propietarios. Unos bancos que han sido saneados con el dinero de todos los españoles y a costa de miles de empleados del sector. El motor financiero de la economía nacional no se rige ya según el interés de la nación sino según el de los banqueros.