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Diario YA

 

 

“La realidad que llamamos Estado no es la espontánea convivencia de hombres que la consanguineidad ha unido. El Estado empieza cuando se obliga a convivir grupos nativamente separados” Ortega y Gasset.

España debiera someter a referéndum el modelo de Estado

Miguel Massanet Bosch. Estamos en unos momentos en que las disparidades existentes entre españoles, surgidas a raíz de la crisis que ha estado azotando a nuestra nación desde principios del 2008; la aparición de multitud de opiniones políticas diversificadas, junto a la confusión que, el advenimiento de formaciones políticas de carácter extremista o creadas de forma oportunista para aprovecharse del desgaste de los dos principales partidos que, hasta ahora, se venían alternando en el gobierno de España; está creando situaciones de ingobernabilidad, desafíos a las normas democráticas e intentos de atentar contra los preceptos constitucionales por parte de sectores de la sociedad, en muchas ocasiones minoritarios pero agresivos, ruidosos, bien organizados y expertos en el manejo de las masas; algo que los sitúa en perfectas condiciones para intentar crear un ambiente de caos e inseguridad que les permita llevar a cabo sus proyectos, en un caso de tipo comunista y en otros una especie de mix de separatismo, izquierdismo y una buena dosis de utopía y fanatismo.

Este dodecafonismo político, este conjunto de fuerzas centrifugas que hoy se están haciendo dueñas del panorama político español, amenazan seriamente la estabilidad de nuestra nación, ponen en peligro su unidad y, sin duda alguna, desafían el bienestar, las libertades, el trabajo, la propiedad privada, la promoción libre de la actividad privada y la preservación y conservación de aquellas costumbres, valores y tradiciones que se han perdurado en nuestra nación, a través de siglos de compartir la misma nacionalidad española. Últimamente, parece que, debido a las diferencias de opiniones que se están produciendo dentro de cada partido político; de la lucha de poderes que tienen lugar en la mayoría de partidos de la oposición; de la amenaza que se adivina ante el camino sin salida en el que se han encerrado los políticos separatistas catalanes y de las graves diferencias que se están produciendo entre ellos y también con los comunistas de Ada Colau, existe la posibilidad de que, en poco tiempo, salten chispas entre ellos y el Gobierno de la nación si, como vienen anunciando, ponen en marcha de forma unilateral, la famosa consulta por “el derecho a decidir”; situando a nuestros gobernantes ante la difícil coyuntura de tener que intervenir para evitar, por los medios que las leyes ponen a su disposición, que consigan sa1lirse con la suya en su empeño.

Creemos que ha llegado el momento de que sea el Estado, el Estado de Derecho, que se adelante a las intenciones de los separatistas y, de una vez, sepamos en España si las mayorías están o no representadas por estos partidos tan ruidosos, que se han hecho con el dominio de las calles, que se burlan de las leyes de la democracia y que han tomado la Constitución como un pim-pam-pum del que se pueden reír, desobedecer y cachondearse impunemente, sin que el peso de la Ley caiga sobre ellos con toda su fuerza, para impedirles que sigan cometiendo fechorías en contra del pueblo y de la nación española. Es cierto que, hasta ahora, parece que las fuerzas constitucionalistas han ido a rastras de la iniciativa de aquellos que se han tomado las leyes a la torera y han sido los que han dictado las normas por las que intentan regirse. Es evidente que no se les puede permitir que sigan por este camino y que algo hay que hacer para impedirlo y que ya no hay tiempo para más contemplaciones sin que ello pudiera repercutir en el desastre que se viene anunciando. En nuestra Constitución de 1978 existe una figura, en el artículo 92, que recoge el referéndum consultivo que puede plantearse sobre las decisiones políticas de especial trascendencia.

Podrán convocar el referéndum: “el referéndum será convocado por el Rey, a propuesta del Gobierno, a iniciativa de cualquiera de las Cámaras, o de tres asambleas de Territorios Autónomos. En el tercer supuesto, la iniciativa podrá proceder también de setecientos cincuenta mil electores.” No podrán ser objeto de este tipo de referéndum: “No serán objeto de este recurso la Constitución, las leyes complementarias de la misma, las de ratificación de Convenios internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones, los Estatutos regionales ni las leyes tributarias.”, pero no se objeta que pueda someterse a la sanción del pueblo una consulta que le permita escoger sobre temas como el que, unos pocos separatistas intentan resolver entre ellos el destino de una autonomía, mientras piensa hurtar al resto de los españoles el derecho que les corresponde a opinar sobre ello mediante su voto.

También podría servir para ratificar, por el pueblo español, la posibilidad de la modificación de algunos artículos constitucionales que determinaran las funciones específicas que les correspondería a las autonomías y aquellas en las que el Estado debería tener la facultad absoluta, por ejemplo la educación, las fuerzas de orden público, los impuestos, la vigencia del idioma español y la obligación de impartir enseñanza en castellano en todas las autonomías del país, sin perjuicio de que también se pudiera enseñar en las otras lenguas oficiales. Teniendo en cuenta que, el PP, tiene mayoría absoluta en el Senado, estaría en sus manos el poder pedir el referéndum antes que los catalanes pudieran llegar a convocar la consulta que pretenden llevar a cabo. Evidentemente, un resultado mayoritario en contra de la separación que propugnan los separatistas catalanes y vascos, dejaría en una situación ridícula una victoria pírrica de unos cientos de miles o un par de millones de catalanes que, en todo caso, difícilmente conseguirían una mayoría destacada dentro de la propia autonomía.

La ratificación de un estado democrático, como expresión de la mayoría del pueblo español ( no precisamente el sector más beligerante, ruidoso o anarquista) de la gente que no se manifiesta en las calles, que no es partidaria de extremismos ni del caos, que suele razonar y valorar las consecuencias de su voto y elige a sus representantes no por ser los más agresivos, ni por ser los que más gritan y ofrecen, sino a los que son más capaces, los que hablan de lo posible y los que no se conforman con mirar a corto y medio plazo sino que intentan programar sus actuaciones para que, los efectos de sus decisiones, sean provechosos a las nuevas generaciones que nos han de suceder. Sin duda, sería un modo de amordazar a los que nada más hablan de ser los genuinos representantes “del pueblo” sin que tengan manera de demostrar que así es.

Con los resultados de un referéndum de estas características evidentemente, si fuera favorable a un tipo de gobierno democrático, desbancando los extremismo y ratificando los métodos democráticos de funcionamiento de un estado moderno; entonces sería el momento de convocar unas nuevas elecciones que, sin duda, reflejarían los resultados de la consulta de modo que muchos de estos partidos, que han sacado provecho de engañar a los ciudadanos con las promesas demagógicas de imaginarias mejoras, de gobiernos volcados en favorecer a los necesitados ( sin decir de dónde iban a sacar los medios para ello), de ilusorias mejoras del nivel de vida o de los, tan cacareados, sueldos básicos para todos los españoles, una de estas bicocas que se han valorado en nada menos que 90.000 millones de euros, ¿de dónde el señor Pablo Iglesias o su rival Errejón iban a conseguir una partida adicional para el presupuesto de la nación, para cubrir semejante disparate? ¿Dónde se situaría la deuda pública de España? O así es como, señores, desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, pensamos que es preciso que no se retrasen más las necesarias reacciones, por parte del Gobierno y de aquellos partidos defensores de la Constitución y partidarios de la seguridad, el orden y la unidad de nuestra nación.

Es urgente no dilatar más el tomar las medidas para adelantarse a las estrategias de separatistas y comunistas, que ya llevan tiempo intentando destruir la unidad de nuestra nación e implantar, como ya ocurre en Barcelona, una serie de medidas que atacan directamente, con una interpretación interesada, sesgada y, por supuesto, errónea de lo que se llama “ la función social de la propiedad “, de modo que, siguiendo su peculiar interpretación de la Constitución, lo que hacen es convertir el derecho de propiedad en una verdadera filfa o tomadura de pelo. O así es como pensamos.

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