Redacción Madrid. 14 de enero.

El juez Ferrín Calamita ha remitido la siguiente carta a los medios de comunicación, que reproducimos íntegramente a continuación, sin añadir ni quitar nada.

En el día de ayer ha quedado presentado en el Registro correspondiente del TSJ de Murcia el recurso de casación contra la sentencia que me condena como autor de un delito de retardo malicioso en la administración de justicia.

Sentencia a todas luces injusta y sólo explicable desde el prisma de la política, la que por desgracia impregna desde 1985 el inexistente Poder Judicial.

Causa rubor y vergüenza ajena a todo jurista que la lea de forma imparcial, sin prejuicios de ningún tipo. Claro, está dictada por tres Magistrados, ninguno especialista en el orden penal. Poca calidad técnica. Vocabulario campechano. A la finalidad ilegítima que exige la Ley se le dedica párrafo y medio. Se dice que lo que me movía era perjudicar el derecho de la adoptante ( Vanesa) a adoptar a Candela. Cuando se han dado cuenta de que nadie tiene derecho a adoptar, rectifican de forma ilegal mediante un Auto “aclaratorio”, y vienen a decir que más que ese inexistente derecho a adoptar, lo que tiene la adoptante es el derecho a una respuesta positiva o negativa en un tiempo razonable, es decir, a la tutela judicial efectiva…La sentencia establece dos fases:

1.      Hasta que el Fiscal emite informe favorable en septiembre de 2006, todo correcto. En este momento se dice que tenía que haber resuelto en sentido positivo o negativo, planteando la cuestión de inconstitucionalidad o solicitando informe complementario. Precisamente esto es lo que hice, ya que el “informe” del Gabinete psicosocial no es tal y falta a la verdad, por cuanto no examinaron a la adoptante ni a la madre de Candela. De ahí que nombrara defensora de la menor a la Dirección General de Familia. Tal nombramiento es normal en derecho y no afecta a la patria potestad de la madre. Afirmar lo contrario, como hace la Sala, demuestra ignorancia. Me remito a la opinión de los expertos civilistas y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La Dirección General de Familia se queda poco menos que atónita cuando recibe el nombramiento. No sabe cuál es la función de un defensor judicial de un menor…Y eso que es la Entidad Pública competente en lña región de Murcia en materia de protección de menores.

Una psicóloga y una trabajadora social de la Dirección General de Familia se entrevistan un día con las dos y emiten un informe en el que concluyen la idoneidad (hasta ahora siempre me habían dicho que era esencial para el crecimiento armónico de un menor las figuras paterna y materna). Pedí aclaración, dirigiendo unas preguntas, y los psicólogos se “amotinan” por cuestiones de ideología de género, como se diría ahora. Presiones y llamadas telefónicas. 

2.      Desde ese momento, con el silencio de seis meses y las diligencias acordadas entre el 4-4-2007 y el 6-7-2007, todo superfluo, inútil y retardatario. Incluido el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad que no se me permitió llegar a formalizar, al ser recusado por mi condición de católico. Y encima se me achaca que no llegara a hacerlo… Yo me pregunto: ¿quién es la Sala Penal para controlar las diligencias acordadas por un Juez civil en el ejercicio de su potestad jurisdiccional? Incluso se contradice, puesto que por un lado sostiene mi facultad de solicitar informes periciales y aclaraciones complementarias, pero afirma que mejor no haber acordado el segundo informe a la defensora judicial designada. Yo no acordé tal segundo informe.

Se dice que de ningún modo podía haber tenido el asunto seis meses sepultado en la mesa de mi despacho. Claro, eso se dice muy fácil cuando como es el caso de la Sala sentenciadora, se tienen dos asuntos en todo el año 2008, frente a los 2800 de mi Juzgado…En fin, resulta meridiano que se me condena en realidad por ser católico, lo que para la Sala equivale a homófobo.

Sólo busco el interés de una menor indefensa, como es mi obligación. Tuve, nada más y nada menos, el atrevimiento de solicitar un informe pericial en un caso que el propio Letrado querellante califica de “novedoso”. Consecuencia: se investiga en mi vida privada, y porque llevo a mis hijos a un determinado Colegio cuya formación espiritual la llevan Sacerdotes del Opus Dei se infiere mi condición de católico y “perteneciente a la Iglesia más rancia, esto es, al Opus Dei” ¿Y si las llevara a un Colegio de monjas o de los capuchinos, por ejemplo?

Se me presiona para que me vaya de Murcia y se me exige dinero para archivar el caso. Soy un Juez díscolo y rebelde, se me dice. Será porque no acepto sobornos ni chantajes. Basta que se me quiera echar de Murcia para que me quede, por lo menos por ahora.

Ello me honra, desde el momento en que en el conflicto entre los derechos o intereses de dos personas mayores de edad y una persona menor de edad, débil e indefensa ( pero sujeto de derechos) intento averiguar cuál es lo más beneficioso para Candela. Tal y como establece la normativa en la materia. Claro, que esta puede interpretarse de otra manera tal que quede vaciado de contenido un derecho. Ahí están los derechos consagrados en los artículos 16, 27 y 32 de la Carta Magna, vulnerados y reformados en la práctica sin acudir a los mecanismos previstos en la Constitución. De ahí que intentara plantear una cuestión de inconstitucionalidad en torno a este último precepto. Más que dudas hay certeza de la inconstitucionalidad del mal llamado matrimonio” homosexual”. No lo digo yo. Lo dice el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación e insignes juristas y ex Magistrados del Tribunal Constitucional.

Yo no siento odio, desprecio o animadversión hacia los homosexuales, como no la siento hacia los negros, gitanos, inmigrantes, etc. Desde un principio se me imputó por ser católico. Pues la imputación debe serlo con todas las consecuencias y, entre ellas, esa: un católico no puede odiar. Es básico en la religión católica.

Determinados medios de comunicación han tergiversado mis palabras en el juicio. Yo dije que no hay un criterio científico unánime en cuanto a la repercusión que una adopción de este tipo pueda tener en un menor. Que hay quienes dicen que es inocua, y hay quienes sostienen lo contrario, es decir, que los menores salen malparados psíquicamente si carecen de la figura paterna o materna. Que son objeto de experimento, cobayas humanas. Tal es la posición de Enrique Rojas Montes, Aquilino Polaina Lorente y de varios expertos norteamericanos, como Renters, cuyo dictamen al castellano ha sido traducido por un murciano. Eso fue lo que dije. Sin embargo, en esos medios “independientes” salió que yo había dicho que eran cobayas humanas.

Deseo para CANDELA lo mejor. Que crezca sana física y psíquicamente. Tiene derecho a ello. Por su bienestar, así como por el de ELENA y PAULA (las que “motivaron” mi primer expediente disciplinario, cuya custodia provisionalmente atribuí al padre, y no a la madre, porque ésta tenía una relación lésbica con otra mujer, y por el que fui sancionado por el Consejo General del Poder Judicial a una multa de 300 euros, actualmente recurrida), bien vale la pena mi salida de la carrera judicial.

Máxime en una justicia politizada al máximo desde 1985, mero apéndice del Ejecutivo, cuyo titular nombra al Presidente del Congreso meses antes de las elecciones generales últimas, así como al actual Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, días antes de reunirse los veinte vocales que supuestamente han de elegirle libre y secretamente. El titular de Justicia (Ministerio que debería desaparecer) acaba de decir que va a endurecer el régimen disciplinario de Jueces y Magistrados, y que de las leyes no se puede discrepar, pero de las sentencias sí… Y luego se queja de que los jueces vayan a la huelga…Yo creo que la situación actual de la justicia es la que es porque no ha interesado a los diferentes gobiernos que funcione, esto es, que haya un verdadero Poder judicial independiente, como quería la Constitución de 1978. Sólo así se explica la falta de medios de todo tipo. Un Juez no es independiente si quien le paga es el Eecutivo, si la plantilla con que cuenta no depende de él, sino de la Administración Central o autonómica. Si la Policía “judicial” depende del Ejecutivo. Si hasta para pedir un bolígrafo o unos Códigos actualizados se tiene que acudir a la Gerencia del Ministerio de Justicia o la Consejería correspondiente. Y la reforma de la oficina judicial que se va a hacer ahonda aún más el problema. Se va a aislar al Juez. Hasta los señalamientos de juicios los va a hacer el Secretario

Para terminar, y volviendo a mi caso, la pena que en única instancia me ha impuesto por la Sala Penal del TSJ de Murcia es la de inhabilitación especial, que supone de ser confirmada en última instancia mi separación efectiva de la carrera judicial. No se me condena a una separación temporal, durante dos años, tres meses y un día, sino a la expulsión de la carrera judicial. Si el Tribunal Supremo confirma la sentencia (espero que no, y que al final resplandezca la verdad y la justicia), pierdo la condición de Magistrado.

Aprovecho la ocasión para expresar mi más profundo agradecimiento a los miles de personas que me han apoyado, directa o indirectamente. Siento pena por esas otras personas que cobardemente, por miedo, han guardado silencio y que, en Murcia, no han querido ser vistas conmigo, como si estuviera apestado. Ya se sabe que estas situaciones”retratan” a los verdaderos amigos, y uno se lleva muchas sorpresas.

Muchas gracias también a la Asociación Pro justicia, al Centro Jurídico Tomás Moro, a Hazte Oír, al Diario Ya y a la Plataforma Profesionales por la Ética. Así como a mi abogado Javier Pérez- Roldán Suanzes-Carpegna por la gran labor realizada, y por la que tendrá que realizar en el futuro, dado tamaño desafuero cometido por la Sala Penal del TSJ de Murcia.