Redacción Madrid. 16 de Octubre.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón propone al grupo de expertos que se creará para localizar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo la creación de un banco de ADN que contribuya a desarrollar las labores de identificación, según consta en el auto por el que el magistrado se declara competente para investigar los crímenes cometidos en este periodo.

   Garzón explica en su resolución judicial que este banco de ADN se  destinará a la acumulación de las cepas que puedan ser necesarias para poder desarrollar las pruebas dirigidas a identificar a las víctimas, para lo cual contará con la cooperación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

   El juez añade que para desarrollar estas labores se reclamará "el auxilio de clínicas forenses, grupos de expertos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, universidades o cualesquiera organismos nacionales e internacionales que puedan aportar ayuda".

EXHUMACIÓN EN 19 FOSAS

   Además, autoriza la exhumación de los restos mortales que se hallan en 19 fosas comunes, entre las que se encuentra la del barranco de Viznar, en Granada, en la que se cree que puedan encontrarse los restos mortales del poeta Federico García Lorca.

   Las otras son las situadas en Parrillas (Toledo), Adrada de Aza, Valdenoceda y San Juan del Monte (Burgos), La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo (León), Córdoba, Alfacar (Granada), La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva), Fuerte San Cristobal (Navarra) y La Serna (Madrid).

   El juez especifica que la exhumación de los restos deberá realizarse "bajo la supervisión y dirección de la autoridad judicial en cuya jurisdicción se encuentre" la fosa, que deberá dirigir "el levantamiento del cadáver, la identificación, la inhumación y el registro de la víctima". Estos trabajos, según el auto, deben realizarse "procurando preservar las medidas de seguridad y privacidad, así como garantizando la dignidad de las víctimas y de los familiares".

GRUPO DE EXPERTOS

   En relación con el grupo de expertos que se creará a partir de este auto, el juez solicitará a las partes que designen de común acuerdo el nombre de cinco personas, a las que se unirán otras dos nombradas por su juzgado que tendrán como misión "estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas".

   Esta comisión tendrá que presentar al magistrado un informe único que incluya el número total de personas que perdieron la vida entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951, las cuales serán englobadas en tres grupos.

   El primero contemplaría a las personas detenidas y desaparecidas sobre las que consta una propuesta de localización y métodos de recuperación e identificación de restos; el segundo abarcaría a cuerpos ya recuperados pero aún sin identificar; y el tercero a víctimas que ya han sido identificadas.

   Además, plantea la creación de un grupo de policía judicial que tendría como objetivo "la averiguación de los hechos y localización de datos sobre los responsables". Este grupo estaría integrado por un jefe y nueve funcionarios que contarían con la autorización para acceder a los registros documentales públicos o privados de toda España.