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la pataleta del Lehendakari a cuenta de su referéndum

Ibarreche anima a los vascos a denunciar individualmente la violación de sus derechos

Redacción Madrid. 12 de septiembre. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, instó hoy "formalmente" a toda la sociedad vasca, "a cada uno de sus ciudadanos", así como a los partidos políticos "llamados a liderar y gestionar esta iniciativa ciudadana" a adoptar "cuantas medidas de defensa de su derecho a ser consultados correspondan", en alusión a la denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la prohibición de la consulta.

   En una comparecencia pública tras el Consejo de Gobierno extraordinario para evaluar la sentencia del Tribunal Constitucional que declara incosntitucional la Ley de Consulta, anunció que el próximo martes 23 de septiembre, "como ciudadanos de este país" el Gobierno suscribirá las denuncias particulares y de adhesión a la demanda de los partidos ante Estrasburgo". En este sentido, invitó a todos los vascos "que estimen que sus derechos fundamentales de emitir opinión y participar en la vida política han sido violados, a que hagan lo mismo".

   En la declaración institucional, el lehendakari y su Gobierno consideraron que, desde una perspectiva institucional, la decisión del TC supone "el desprecio más absoluto al Parlamento vasco y a sus normas jurídicas" y un "atropello democrático" desde el punto de vista social y político. Asimismo, consideró que el TC han antepuesto "la razón política a la razón jurídica y la razón de Estado a la razón democrática", ya que ha seguido "un guión perfectamente trazado desde las razones de Estado y cuya primera página escribió con su recurso el presidente español, Rodríguez Zapatero".

   Para el Gobierno vasco, es necesario que la sociedad sepa que "las razones políticas del Estado, que disfrazadas de juricidad soportan la sentencia, son algo más profundo que un atentado al autogobierno vasco", ya que pone en duda "la calidad del sistema autodeclarado en la Constitución española como democrático".

   Sin embargo, quiso transmitir a la sociedad vasca "un mensaje de serenidad y de mirada al frente, nunca de resignación ni de pasividad, sino todo lo contrario, un mensaje de movilización pacífica en lo social y activa en lo político".

   En este sentido, declaró que "la propia sociedad vasca, con el liderazgo de los partidos políticos, debe tomar el protagonismo que le corresponde y que a instancias del Estado quieren hurtarle". Por ello, consideró necesario que se planteen "iniciativas sociales de calado jurídico dentro de las reglas del juego democrático y de participación política". "La actitud del Estado español es incompatible con una sociedad democrática", sentenció.

   Por ello, Ibarretxe anunció que, una vez cerradas todas las vías jurisdiccionales internas, el Ejecutivo recurrirá a instancias europeas "para comprobar si las actitudes políticas del Gobierno de España y la sentencia del TC son compatibles con lo que en Europa se llama libertad de pensamiento y de expresión del mismo".

   El lehendakari instó "formalmente" a toda la sociedad vasca, "a cada uno de sus ciudadanos", así como a los partidos políticos "llamados a liderar y gestionar esta iniciativa ciudadana" a adoptar "cuantas medidas de defensa de su derecho a ser consultados correspondan", para denunciar ante el TEDH al Reino de España por lo que consideró "sus incumplimientos del convenio de derechos Humanos"  por la prohibición de la consulta.

   "Ha llegado el momento de acudir a instancias europeas a defender nuestro derecho a ser consultados para decidir nuestro propio futuro, sin ningún temor y con confianza", sentenció.

   Por último, Ibarretxe anunció que el Gobierno vasco utilizará "todas las iniciativas legales, sociales y políticas para defender el derecho de la sociedad a ser consultada y decidir su futuro". Al respecto, anunció que el próximo martes 23 de septiembre, "como ciudadanos de este país" el Gobierno suscribirá las denuncias particulares y de adhesión a la demanda de los partidos ante Estrasburgo" e invitó a todos los vascos "que estimen que sus derechos fundamentales de emitir opinión y participar en la vida política han sido violados, a que hagan lo mismo".

 

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