Clemente Ferrer

En las últimas protestas contra los recortes en educación la tramoya ha jugado un papel significativo. Uno de los elementos han sido las camisetas con lemas que han utilizado como indumentaria los manifestantes. Los eslóganes coincidían con una crispada defensa de la educación pública, probadamente desfavorecida, en favor de la concertada. La consigna más repetida ha sido la que calificaba a la escuela pública como “de todos y para todos”.

Este mensaje es engañoso, en cuanto que supone una confrontación entre dos modelos educativos complementarios y avalados por la Constitución, e igualmente comprometidos con la sociedad.
Algunas personas no han entendido que escuela pública no es igual a escuela única. Los dos modelos están protegidos en el artículo 27 de la Constitución que dice;

“Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca”.