Redacción. Ante las posibles acciones secesionistas por parte del gobierno de la comunidad autónoma catalana, Vox anuncia lo siguiente:

  Que ejercer políticas contrarias al Estado de Derecho supone un grave riesgo para el interés general, la libertad individual y la convivencia, por lo que insta a los representantes del Estado a ser implacables en forma y fondo ante este desafío.
    Que Vox velará para que el imperio de la ley y la soberanía nacional no sean objeto de mercadeo entre gobiernos ni entre partidos, ya que se trata de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento legal y nuestra convivencia.
    Que llevaremos ante los tribunales, la fiscalía, el defensor del pueblo y cualquier otra institución pertinente toda acción política que vulnere los preceptos constitucionales contemplados en los primeros artículos de la Carta Magna, fundamentada en la indisoluble unidad de la Nación española, y en una soberanía nacional que “reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado” (art.1)
    De igual forma, entendemos que el mismo hecho de convocar un referéndum secesionista -o colaborar en su celebración- en los términos que está planteado, puede incurrir en tipos penales como los contemplados en los artículos 404, 410, 472, 473, 477, 544, 545 y 548, que se refieren a los delitos de prevaricación, rebelión y sedición. A este respecto, iniciaremos las acciones oportunas ante cualquier actuación personal o institucional que consideremos vulnere dichos artículos.
    Y, finalmente, que la irresponsable actuación del gobierno de Artur Mas hace ya tiempo que atenta gravemente al interés general de España, y justifica una suspensión -al menos parcial- de la autonomía. Por tanto, se hace imprescindible la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución. No utilizar las herramientas necesarias para proteger la soberanía y el Estado de derecho, puede convertir al gobierno de la nación en corresponsable junto a los separatistas.