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Diario YA


 

tres años de cárcel por intentar impedir la reunión de un grupo de secesionistas en la librería Blanquerna de Madrid, mientras los vándalos se están yendo de rositas

La ley ha de ser igual para todos, incluso los catalanes

Angel Gutiérrez Sanz . (Dr. en Filosofía). El caso Catalán nos trae en vilo desde hace tiempo. Ansiosos vamos conociendo las reacciones del gobierno, una vez que ha comenzado a arder el bosque. ¿Se va a limitar a colocar corta-fuegos o se va a decidir de una vez por todas a extinguir las llamas? Hasta ahora lo que se ha podido vislumbrar es que el asunto en cuestión es de tal envergadura que al pobre Sr. Rajoy parece caerle grande, digamos que no le vemos como al sujeto especialmente dotado para dar solución a este tipo de conflictos.

El tiempo ha ido pasando y en lugar de ir ganando posiciones ha ido retrocediendo, hasta el punto de que se ha llegado a una situación insostenible, que permite prever que por muy bien que a partir de ahora le salga la jugada, cosa bastante improbable, el mal ya está hecho, quedando como secuelas cuestiones pendientes que van a ser muy de difíciles de olvida, para los que piensan que el estado de derecho ha sufrido menoscabo en razón ciertos agravios comparativos. Es muy difícil explicar a la ciudadanía por ejemplo, que unos compatriotas hayan sido condenados a tres años de cárcel por intentar impedir la reunión de un grupo de secesionistas en la librería Blanquerna de Madrid, mientras los vándalos se están yendo de rositas, quedando impunes sus delitos gravemente anticonstitucionales, como pueden ser la quema de banderas, los insultos a la Patria y al rey o simplemente el asalto a la capilla de la Complutense.

Difícil es de entender así mismo el distinto tratamiento que está teniendo el actual intento de golpe de Estado en Cataluña y el perpetrado el 23 F, tal como bien pone de manifiesto el reciente comunicado del Sr. Tejero Molina del día 15 de Septiembre, donde entre otras cosas viene a decir que no parece muy equitativo que los protagonistas del 23 F fuesen castigados contundentemente sin dilación, con 30 años de Reclusión Mayor y la inmediata suspensión de sus cargos, mientras unos sediciosos reciben un trato de favor y se les interpela con una amable recomendación de que vuelvan al redil como si nada hubiera pasado, en una clara y manifiesta delación de poder por parte del gobierno central, que a lo más que se ha atrevido ha sido a poner en escena una bufonada, consistente en detener a unos cuantos para luego soltarles horas después. Es evidente que el tratamiento que se está dispensando a ambos intentos de golpe de estado no es precisamente el mismo; pero tampoco debiera extrañarnos porque el significado de uno y otro tampoco lo es, en primer lugar porque el asalto del Sr. Tejero al Congreso y el intento separatista del Sr. Puigdemont tienen connotaciones de signo bien distinto.

El primero tiene claras reminiscencias franquistas y el segundo cuenta con el apoyo de la extrema izquierda y ya se sabe que todo lo que se hace desde las izquierdas es bueno y progresista y merece respeto, mientras que todo lo que huele a franquista es perverso, rancio y debe ser perseguido y sancionado con dureza. A unos se les trata de forma implacable, negándoles el pan y la sal, mientras que a otros se les trata con respeto y consideración. Por si fuera poco, ahí tenemos la Ley cínica e injustamente discriminativa de la memoria histórica, para vergüenza y escándalo de un Estado que se autoproclama de derecho. En segundo lugar, el Sr. Tejero y el Sr Puigdemont son tratados de forma diferenciada, porque lo del 23 F fue un atentado contra la democracia y lo de ahora es un atentado contra la Nación y claro está a ambos casos no se les concede la misma gravedad .

Las instituciones, los gobiernos, los partidos políticos, los mismos ciudadanos en general se identifican con convicciones democráticas, pero no tanto con sentimientos patrióticos, que progresivamente han ido desapareciendo de un tiempo a esta parte en la población española, por eso hay una cierta predisposición a reaccionar prontamente cuando la democracia está amenazada y no tanto si quien está en peligro es la Nación. Esto es precisamente lo que está pasando. Acabo de escuchar nada menos que a un dirigente de un partido constitucionalista, la siguiente declaración: “Vamos a ganar la batalla por democrática” y yo le preguntaría y ¿qué va a pasar con la batalla por España?

Oyes hablar a unos y a otros y tienes la impresión de que lo trágico no es que se pretenda dinamitar España, sino que esto se haga utilizando procedimientos antidemocráticos y por eso y sólo por eso es por lo que resulta censurable el movimiento secesionista; pero desde el momento que este obstáculo fuera removido, no habría mayores inconvenientes en dar vía libre para que en Cataluña se pudiera celebrar un Referendum y seguramente también en otras regiones españolas. En la opinión general de los ciudadanos va calando la idea de que hablar, incluso intentar la independencia de una parte de la Nación Española, es una cosa normalísima; que Cataluña tiene todo el derecho del mundo a un Referendum independentista y que si esto en las actuales circunstancias resulta inviable, es porque se lo impide la Constitución, motivo por el cual ya se está pensando en cambiarla.

Si hoy hubiera necesidad de defender la democracia poniendo en riesgo la integridad personal, yo estoy seguro que habría muchos que lo harían, en cambio serían muy pocos los que estuvieran dispuestos a partirse el pecho por defender a su Patria. Así se explica que la manifestación más grande de la Historia de España tuviera lugar 4 días después del golpe del 23 F, en defensa de la democracia. En cambio ¿Cuántas manifestaciones multitudinarias de españoles ha habido recientemente en defensa de la Patria amenazada? Ninguna Frente a este escenario el peligro está ya no sólo en que se vaya a celebrar ilegalmente el Referendum independentista Catalán, sino que en un futuro próximo éste pudiera realizarse con el apoyo mayoritario del Parlamento.

Puestos a elegir yo no sé con que alternativa se quedaría el Sr Rajoy, D. Mariano, a quien por razón del cargo se le supone comprometido en velar por los intereses generales de la Nación y salvaguardar su unidad. Lo que sucede es que por todo lo que se ha podido ir viendo a lo largo del tiempo, su gestión no ha dado los resultados apetecibles, bien sea porque ha querido pero no ha podido, o bien porque ha podido pero no se ha atrevido. En cualquier caso la responsabilidad de todo lo que está pasando en Cataluña no es exclusiva del presidente del gobierno, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, desde el rey hasta el último ciudadano, pasando por las instituciones y los partidos políticos.

En estos momentos trascendentales de la historia de España el jefe del gobierno ha tenido que sentirse muy solo frente al silencio pusilánime de quienes, al menos, deberían haber hablado y no lo han hecho; muy sólo frente al mutismo de la Conferencia Episcopal; solo frente al egoísmo de los partidos interesados en sacar beneficio electoral de la situación; muy solo frente a la apatía y falta de fervor patriótico del pueblo español en general, que no ha sentido la necesidad de salir a la calle a manifestarse como en otras ocasiones lo ha hecho y acallar con su clamor las voces independentistas; pero en fin, de nada sirve ya lamentarse y lo que hay que hacer es aprender de la experiencia y tratar rectificar. Después de todo lo sucedido, naturalmente que es preciso cambiar de rumbo, no en la dirección que algunos pretenden haciendo concesiones a los separatistas y dándoles la oportunidad para que se fortalezcan aún más más, sino precisamente en el sentido contrario.

España se está desangrando a chorros y sólo se la puede salvar si el conjunto de todos los españoles somos capaces de cortar la hemorragia. Porque no es cierto que las autonomías, incluida la de Cataluña puedan hacer y deshacer a su antojo, no, ahora más que nunca somos todos los españoles los que tendremos que replantearnos la cuestión y decidir sobre cual haya de ser su futuro. Ha llegado la hora de comenzar a hablar claro y exigir que el Estado recupere las competencias perdidas, que nunca debió ceder a las autonomías, sobre todo en lo referente a la educación.

Es el momento de que la ciudadanía recapacite sobre las conveniencias y desventajas que comportan unas autonomías que nos están llevando a la ruina económica, a la disgregación cuando no al enfrentamiento y que dificulta sobremanera la solidaridad entre los pueblos de España. Ha llegado la hora de desenmascarar a los falsos profetas que pululan por España y por Europa y emprender un nuevo rumbo que nos permita recuperar la identidad y dignidad de la Nación Española .

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