Miguel Massanet Bosch. La noticia: “Cataluña atraviesa nuevamente graves problemas de liquidez como bien demuestra el retraso en los pagos a las farmacias de la región. Por ello el presidente de la Generalitad, Artur Mas, ha solicitado del ministerio de Hacienda que abone unos 2.300 millones de euros antes de finales de año, equivalentes al 33% de los fondos de rescate autonómico que aún están pendientes de repartir.”

A cualquier español de a pie lo primero que se le ocurriría pensar sería, sin duda, cómo es posible que, en una autonomía como la catalana, que tiene pretensiones de constituirse en un estado independiente, pueda tener un presidente con la cara dura de, aparte de mostrar su desprecio por España y los españoles, reclamar que se le permita abandonar a aquellos con los que han llevado conviviendo y comerciando durante 600 años como una sola nación e insistir en que, el resto de España, les ha estado robando durante años.

Que tenga los arrestos de pedir, qué digo, exigir que se le den 2.300 millones de euros más, el 33% de los destinados a cubrir las necesidades puntuales de todas las autonomías españolas, para poder pagar a sus proveedores, entre ellos a las farmacias (a las que adeuda más de 300 millones de euros) y, al mismo tiempo, esté pergeñando una maniobra, mediante la cual se propone cometer un delito en contra del Estado español, su Constitución y todos los españoles con los que ha formado parte de una sola nación (tanto los de dentro de la comunidad como los de fuera de ella), en un claro acto de rebeldía, secesión y deslealtad. Es evidente que, una autonomía que ha recibido, en poco menos de tres años, cerca de 40.000 millones de euros del FGA, para cubrir sus deudas; que tiene una deuda pública que ha ido en aumento a través de los años y ahora asciende a la friolera de 67.855 millones de euros y que mantiene un déficit público con un desfase presupuestario del 2% del PIB, cuando el límite que le correspondería, según Hacienda, sería de un 0’7% del PIB, es decir, incumpliendo el objetivo de estabilidad fijado por el Gobierno; esté intentando, todavía, apurar todo lo que pueda, a expensas del resto de las comunidades que, indudablemente, han salido perjudicadas en el reparto, al ser Catalunya la privilegiada y la que se ha llevado la parte del león. A cambio, el resto de España nada más ha recibido insultos, desprecios y reclamaciones de aquellos que han resultado ser los mejor remunerados. Este mismo año 2015, hasta agosto Cataluña ha ingresado 5.823 millones de euros del referido FLA.

La señora Forcadell, expresidenta de la ANC, un órgano creado exclusivamente para llevar adelante el sentimiento independentista dentro de la comunidad; al mismo tiempo que se reclamaba al Estado más ayuda económica ha convocado, ilegalmente, la celebración de la Junta de Portavoces, sin que aún esté legalmente constituida, por la falta del grupo del PP. Y así sigue la serie de despropósitos en los que está metida la política catalana, sin orden ni concierto, cuando el próximo día 9 se debería nombrar el nuevo presidente de la Generalitad, una cuestión que está muy alejada de que sea posible, al menos si el presidente que se quiere investir es el señor Mas, de CDC; al que, y parece que va en serio, la CUP, la bisagra que debería apoyarle, se niega en redondo a darle su visto bueno. Entre tanto, en Catalunya ya parece que nada importa más que el problema de su soberanía y, aprovechando esta coyuntura, la señora Colau, la alcaldesa del ayuntamiento de Barcelona, en íntima colaboración con la comunista de Madrid, Manuela Carmena, han decidido convertir ambas ciudades en las urbes sosias de las antiguas Leningrado y Stalingrado de la URRS ; en las que no han perdido tiempo en implantar las primeras medidas consistentes en dilapidar el dinero de los contribuyentes como si en España anduviéramos sobrados, después de 7 años de crisis, para aumentar desmesuradamente las partidas de ayudas al extranjero o a cubrir los aumentos de plantillas municipales, con el claro objetivo de dar ocupación a sus seguidores políticos.

Don José Diez, profesor de economía de ICADE, en un documentado estudio, hace unas atinadas observaciones respecto a este disparatado proyecto independentista catalán. “Aranceles al exterior que pueden acabar generando desviaciones de comercio de importaciones a producción doméstica”; “una Catalunya independiente debería renegociar los tratados europeos y necesitaría el voto unánime de los países europeos”; “conceptualmente la deuda pública de una Cataluña independiente sería superior a la que ahora tiene el conjunto del Estado español. Tendría que asumir su parte correspondiente de la deuda del Estado español más la suya propia, que es, en términos del PIB, un 50% a la media y el doble de la de Aragón”; “la mayoría de las cajas catalanas han quebrado pero, incluso, La Caixa y Sabadell quebrarían en un proceso de independencia”; “como dicen en la Argentina: cuando llega el caos pierdes el control” etc.

Este es, señores, el penoso panorama de la Cataluña de hoy y, en este contexto, en pleno desafío de esta comunidad al Estado español, que todos ya no se reprimen en tachar de un verdadero “golpe de estado” en contra de las instituciones, la Constitución y el pueblo español; en el que se está cuestionando la unidad de la nación, reconocida en nuestra Carta Magna, en un ejercicio del más descarado cinismo por parte de aquellos que ya vienen proclamando que no van a hacer caso de las leyes españolas, de la Constitución ni de las posibles sentencias del TC. ¿Cómo es posible, señor Montoro, que, en este estado de cosas, en plena efervescencia del soberanismo catalán y cuando peligran los mismos derechos de los españoles, fieles a España, que residen en esta autonomía; se siga financiando a aquellos de los que se sabe, positivamente, que no pagan sus deudas porque destinan la mayor parte del dinero que reciben del Estado español para subvencionar las embajadas, las instituciones paralelas que están montando para sustituir a la Hacienda y la Seguridad social españolas cuando se independicen?

No podemos entender que no se use un arma tan sólida, como es la de cerrar la espita de la financiación, para ayudar a demostrar hasta qué punto, la economía catalana, está ligada a la del resto de España y la locura que representaría, tanto para España como para Catalunya, este experimento que algunos exaltados, muchos mal informados, pretenden imponer, por medio de los hechos consumados, a los 7’5 millones de ciudadanos que residimos en estas tierras, cuando quedó evidenciado en las pasadas elecciones que no son mayoría los que quieren la independencia de nuestra nación (47%) y que somos más los que queremos seguir viviendo en una Cataluña española.

El señor Montoro sabemos que tiene sus propias ideas y también que tiene una cierta versatilidad cuando se trata de hablar en público, que no se corresponde en muchas ocasiones con sus subsiguientes actuaciones, como es el caso del trato especialmente preferencial que les viene otorgando a los quisquillosos políticos catalanes. Si nos hemos quejado de que, las medidas enérgicas que se debían de haber aplicado, hace ya muchos meses, para acabar con el problema catalán, se hayan dilatado tanto y más, teniendo en cuenta que al fin va a ser necesario hacerlo, ante el empecinamiento de los sediciosos; ahora no dejamos de sentirnos irritados al comprobar que seguimos cediendo, una y otra vez, como si las relaciones entre Estado y autonomía fueran excelentes y no estuviéramos a punto de entrar en una fase en la que vamos a ver si la simple aplicación pacífica de las normas legales va a ser suficiente para hacer entrar en razón a unos separatistas dispuestos, como ha demostrado la señora Forcadell, a no aceptar ninguna de las leyes, normativas, reglamentos o sentencias, incluidas las del TC; de las que se consideran liberados desde el momento que anuncian su propósito de iniciar un proceso constituyente, previo a su declaración unilateral de independencia.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, seguimos con asombro la actitud contradictoria, carente de lógica y absurda de nuestro ministro de Economía respecto a lo que debería ser una actitud defensiva, restrictiva, de sumo control de cualquier euro que se entregara a los catalanes, de modo que se tuviera la certeza de que no era usado para algo diferente a lo destinado y fuera a parar a la promoción y financiación de sus actividades separatistas.