Diego Garijo. 13 de febrero. La Justicia sigue apoyando en muchos casos la objeción de conciencia sobre la asignatura EpC incluso después de saberse el fallo en contra del Tribunal Supremo. Así, después del 28 de enero, día en que se conoció la decisión del TS, ha habido 4 sentencias a favor de la objeción y 2 medidas cautelares que apoyan la postura de los padres objetores, afirmó Profesionales por la Ética en un comunicado.

   Después del 28 de enero, fecha en que se hizo público el fallo pero no el texto del Tribunal Supremo, el Gobierno, la Fere-Ceca y otras asociaciones interesadas se precipitaron y afirmaron en repetidas ocasiones que la objeción de conciencia a EpC no era posible. Sin embargo, incluso después de ese día, la Justicia siguió apoyando mayoritariamente la postura objetora de miles de familias.

   De este modo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaba 4 sentencias absolutorias a la postura objetora de otras tantas familias. Dos de estas familias son de Córdoba, otra de Jaén y la última de Granada, y ganaron el pulso con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que les había negado el derecho a objetar.

   Por otro lado, el  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo decidió aplicar 2 autos de medidas cautelares que eximen en la práctica a los alumnos de cursar EpC. Aunque la medida es provisional, es otro paso a favor de la objeción y en contra de la asignatura EpC.

   Según aclara la asociación Profesionales por la ética, el fallo del TS no es definitivo al no haber sido publicada la sentencia y, además de estas 6 actuaciones posteriores a dicha decisión, ya son 378 los fallos judiciales que dan la razón a los objetores. Además, según la misma asociación, hay casi 2.000 procedimientos en marcha.

   Por último, en las Comunidades de Madrid, Castilla-León y Valencia han sido presentadas 257 objeciones durante esta semana. Se da la circunstancia que, gobernando el mismo partido en las tres regiones, en las dos primeras se admite la objeción a EpC mientras que en la Comunidad Valenciana no se reconoce el derecho fundamental.