Miguel Massanet Bosch. No cabe duda, señores, que en este país hemos entrado en una fase nueva en la que, sea porque ya se vislumbran en el horizonte las próximas legislativas o fuere porque la impaciencia ya se les hace irresistible a los que fueron desbancados del gobierno en el mes de marzo del 2011 o porque aquellos que han fijado sus objetivos en lograr la independencia de Catalunya, se vean ahora presionados por aquellas mismas bases que arrastraron a pedir la independencia que ahora, impulsadas por las promesas de un país gobernado por las izquierdas en el que no habrá paro, ni colas para visitarse en los hospitales de la Seguridad Social, ni problemas para cobrar las pensiones, ni necesidad de endeudarse para pagar la deuda que les dejaron los del Tripartit, ni va a precisar de las ayudas del Estado para pagar a las farmacias, ni…; da la sensación de que se ha llegado a formar una especie de entente cordiale cuya única y urgente finalidad se centra en derribar el gobierno de derechas del PP.

En muchas ocasiones hemos denunciado el peligro de andarse con juegos revolucionarios; intentar destruir el orden y la seguridad proporcionado por un Estado de Derecho; pretender hacer política sin tener en cuenta los principios democráticos por los que se debe regir toda nación civilizada y buscar, mediante la fuerza de la presión en las calles; la demagogia populachera;  el engaño y la falsedad; la propaganda destructiva y la descalificación sistemática de la actuación del Gobierno, el conseguir beneficios partidistas, buscar el desorden y el caos para obtener poder personal o poner en peligro las finanzas, la economía o el orden social de la nación, para favorecer la caída de un gobierno legítimamente elegido en las urnas. Si a ello añadimos que, aquellos que están jugando a este peligroso póker de posibilidades desestabilizadoras, son precisamente los que con su incompetencia, su estulticia, su falta de visión del futuro y su temeridad pusieron al país al borde de la quiebra; no cabe pensar más que estamos ante una pandilla de sinvergüenzas a quienes no les importa sacrificar la paz, el bienestar y la seguridad de los españoles.

Resulta poco menos que una actitud evidentemente antidemocrática el que, algunos partidos de la oposición al Gobierno, sistemáticamente, pongan en cuestión además de la acción de las instituciones gubernamentales, las políticas que está llevando a cabo el Ejecutivo, cuando de lo que nos hemos quejado aquellos que votamos al PP, es de la tardanza con la que se han decidido a ponerlas en práctica. El tema de la ley del Aborto resulta especialmente repugnante, tanto por las formas utilizadas por aquellos que se oponen a la reforma de Gallardón, como por los métodos y la intransigencia con la que se comportan todos los que han decidido denostarla, incluso antes de que se haya llevado al Congreso para su discusión. Han decidido utilizar todos los medios legales, ilegales o incluso delictivos, para impedir que se ponga coto a lo que era una patente para liquidar fetos impunemente. Feministas, izquierdistas, comunistas e incluso algún verso suelto del PP, han dado la nota en manifestaciones, disturbios, espectáculos y medios de comunicación, negando el derecho a aquellos que ganaron holgadamente las elecciones, a poder llevar a la práctica los objetivos que pongan remedio a las normas legales que permitieron a las izquierdas convertir las clínicas abortistas en mataderos en los que se extinguían, a cientos de miles, vidas de seres humanos.

El afán de desprestigiar al Gobierno puede llegar a poner en cuestión el comportamiento de uno de los cuerpos más prestigiados y queridos por los españoles, como es el de la benemérita Guardia Civil. Precisamente, por actuar siempre de forma disciplinada, por ser uno de los más condecorados de la nación, por tener una hoja de servicios impoluta ahora, estos  que sólo buscan incordiar y crear descontento, se empecinan en buscarles faltas, en criticar la labor sacrificada que están haciendo en Ceuta y Melilla, impidiendo que ambas ciudades españolas sean ocupadas por miles de emigrantes de Marruecos. Sin pruebas, con absoluta mala fe, puestos de acuerdo para criticarla y conscientes que creando una sarta de mentiras pueden desencadenar un verdadero caos en nuestras ciudades del norte de África; estos de la izquierda no han dudado en verter sobre la Guardia Civil toda clase de calumnias, infundios, mentiras e inventos. Ya basta, señores, de criminalizar a las fuerzas del orden, sean policías,  guardias urbanos, guardias civiles o mozos de escuadra cuando, actuando para mantener el orden, se ven precisados a usar aquellos elementos de defensa de las que han sido dotados.

Resulta incomprensible esta “sensibilidad” que muchos periodistas de izquierdas demuestran cuando se trata de juzgar a quienes les corresponde garantizar el orden en los lugares públicos. Nadie parece preocuparse si son heridos dos, cuatro o veinte policías en un altercado, generalmente provocado por los activistas de siempre; pero ¡Alto ahí, señores, vean la que arman cuando el que ha sido herido es el delincuente, el alborotador, el que destroza el mobiliario público o lanza piedras o cócteles molotov! Para ellos, que 800 individuos se lancen contra la frontera de Ceuta, intentando entrar por la fuerza y, al no conseguir hacerlo, lanzarse al mar para llegar a la costa, no debiera comportar ninguna reacción de la Guardia Civil. Muy lamentable que haya habido 14 muertos, pero nadie los obligó a lanzarse al mar. Resulta vergonzoso que, desde España, surjan las críticas más desconsideradas, las lamentaciones más impropias y las acusaciones más injustas contra unas fuerzas que se han limitado a cumplir con su deber. ¿Acaso lo que quieren estos sujetos es que, España, en apuros económicos, se convierta en el refugio de todos los emigrantes que, en sus países, gobernados por dictadores corruptos, se nieguen a alimentarlos? Prueben de mandarlos a Alemania o a Francia o a Gran Bretaña o, sin ir más lejos, a la civilizada Suiza. Y verán ustedes lo que ocurre.

Pero de todo lo que está sucediendo en este país me temo que lo más escalofriante es el comportamiento impropio, incomprensible, decepcionante y me atrevería a decir, anticonstitucional, de todos estos servidores de la Justicia, jueces, fiscales y magistrados que parece que han decidido ocuparse de la política, dejando abandonadas sus funciones de administrar Justicia como si, en esta nación, no hubiera cientos de miles de expedientes esperando ser sustanciados y miles de legajos durmiendo el sueño de los justos en las estanterías de los juzgados. Pues por raro que nos pueda parecer, 33 de jueces de Barcelona han firmado un manifiesto defendiendo “el derecho a decidir” de los catalanes. Otra, en este caso la ponente del TC, Adela Asúa, de izquierdas como no podía ser de otra forma, con otros cuatro magistrados, parece que no considera que la declaración de soberanía del Parlament catalán “tenga efectos jurídicos” y es partidaria de rechazar el recurso del Gobierno. ¿Quieren ustedes una muestra más fehaciente de que la Justicia en este país está hecha unos zorros y que, la politización de los tribunales precisa de una mano de hierro que elimine de la carrera judicial a todos aquellos que pongan por delante sus tendencias políticas a la recta aplicación de las leyes?

¿Y el CGPJ qué piensa de todo esto? Manos Limpias ya ha elevado un escrito denunciando la actuación de los 33 jueces catalanes, pidiendo que se les sancione. No tengo muchas esperanzas de que, como suele suceder, se tome ninguna medida disciplinaria. O así es, señores, como veo consternado este sombrío panorama de la Justicia en nuestra nación.