Carlos Gregorio Hernández. 20 de noviembre.

               Baltasar Garzón, pese a todas las críticas que ha recibido, acaba de emitir un nuevo auto en el que se reafirma en sus juicios previos, sin retractarse ni en una coma de lo suscrito hasta la fecha. La otra polémica, el conflicto judicial, también es interesante, pero se trata sin lugar a dudas de una cuestión menor.

Los medios han destacado como el Juez ha usado su escrito para arremeter contra el fiscal Zaragoza, pese a lo cual termina dándole la razón con su inhibición. Garzón llega a denunciar sin utilizar el término prevaricación como el Fiscal Zaragoza, conociendo el derecho que afecta a este caso, ha hecho caso omiso de éste e incluso ha actuado contrariamente a su proceder anterior. De paso anima al fiscal a definirse, es decir, a manifestar claramente si reconoce los crímenes que se juzgan o los niega o si la discrepancia está en la tipificación del delito o si éste está “prescrito o amnistiado o ambas cosas a la vez”. Queda claro, por la gravedad de las acusaciones contra el fiscal, que el Sr. Zaragoza debe replicarle o por lo menos defenderse.

Garzón tiene razón en dos aspectos: 1) el Fiscal le ha dejado hacer en ocasiones anteriores y en toda la instrucción hasta el 20 de octubre, por lo que su celo resulta ahora cuando menos extraño; 2) Si se investigaran todas las víctimas, las de un bando y las de otro, como llegó a argumentar el Fiscal, estaríamos ante una Causa General, y el proceso, como ahora reitera Garzón, “tiene unos contornos muy precisos”. Nuevamente se constata como no valen igual todas las víctimas, aunque ahora comprobamos también como ninguna de las víctimas era realmente importante para las pretensiones del Juez.

Garzón no ha actuado solamente para la galería. Al igual que en las legislaturas pasadas los partidos políticos usaron el Parlamento para proyectar socialmente sus tesis sobre la reciente Historia de España —recuérdense las condenas al Alzamiento, la exaltación de las Brigadas Internacionales y otras decisiones de este carácter—, ahora el Juez ha aprovechado la tribuna que le ofrece su puesto en la Audiencia Nacional para, por enésima vez, pero con el respaldo de la Justicia, difundir la misma visión sesgada y maniquea de la Guerra Civil y el Franquismo. Ciertamente no importaban las víctimas sino su utilización para enarbolar toda una teoría descalificadora del franquismo e hiperlegitimadora de la izquierda. La utilización de la Justicia por parte del Juez se demuestra a resultas de las conclusiones a las que llega en la página 150 de su último auto, es decir, su inhibición en la causa por constatar la muerte de Francisco Franco, un hecho que es público y notorio y que evidentemente ya conocía antes de emprender todas estas acciones. Igualmente se comprueba porque para expresar esa conclusión de 2 páginas añade al auto 150 en las que vuelve a argumentar sectariamente sobre la Guerra Civil y el Franquismo. La prensa que se ha hecho eco de su decisión judicial también ha dado publicidad pero no réplica a otros elementos que aparecen en el auto, como es la cuestión de los niños robados por el franquismo, que nadie ha denunciado, que el Juez no demuestra y cuya única apoyatura son dos obras de un mismo historiador de conocida y sesgada trayectoria. Quizás pretende en este caso homologar la España franquista a la Dictadura argentina, que el también ha juzgado —hechos por los que se autoelogia en el auto—, pero podría buscar el ejemplo más cerca. Los que sí están perfectamente atestiguados son los niños sustraídos en la España dominada por el Frente Popular, ya próximo a su derrota, y llevados a la Rusia soviética. Pretender, como el Juez afirma, que la España nacional segregó a los hijos de los republicanos es, cuando menos, negar la realidad y desconocer la historia. La guerra pronto fue pasado en aquella España y a la altura de 1975 era extremadamente difícil reconocer en los españoles de a pie a adversarios ideológicos encarnizados.

El Alzamiento no tuvo como objetivo, por mucho que lo reitere el Juez Garzón, acabar con la República como forma de gobierno sino detener la Revolución, que ya se había iniciado antes del 18 de julio. Pero su acción contribuye a asentar como verdad una interpretación que es evidentemente falsa. El propio Mola sostuvo una ácida polémica con los representantes del carlismo sobre cuál debía ser la bandera del Alzamiento y, de hecho, varias regiones se alzaron bajo la enseña republicana. Otros, me refiero a las organizaciones políticas y sindicales que fueron el principal soporte del Frente Popular, sí que enarbolaron como propias banderas completamente extrañas a nuestra historia.

En sus afirmaciones deja caer nuevamente valoraciones que se vuelven inmediatamente en contra de su argumentación. Por ejemplo el Juez, en su cerrazón contra el franquismo, considera las investigaciones psicológicas iniciadas bajo la dirección del prestigioso psiquiatra Vallejo Nájera como un elemento que haría aproximarse al Estado Nacional a las prácticas del nazismo. Pues bien, las democracias occidentales como Gran Bretaña iniciaron antes que la Alemania de Adolfo Hitler estas investigaciones. Y es más, fueron los regímenes democráticos los que, pervirtiendo el sentido de la ciencia, comenzaron a experimentar en las primeras décadas del siglo XX con personas. Buscaba Vallejo Nájera demostrar, tal y como recoge el auto de Garzón, “las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental”. No está demás recordar como la izquierda sostenía en aquel tiempo ciertas tesis revestidas arbitrariamente con el ropaje de lo científico por las cuales todos los males se imputaban a una misma clase social, a la vez pérfida y opresora. La burguesía patrimonializaba todos los vicios, como la homosexualidad, que fue catalogada por individuos como Stalin, Allende, el “Che” Guevara y otros bolcheviques a la española como un vicio del capitalismo, propio de las maneras aristocráticas.

Igualmente mezcla en la cuestión de la represión acaecida en España a los presos de Mathaussen, como han pretendido algunos historiadores, imputándole a la España nacional crímenes o maltratos en los que nada tuvo que ver. Sr. Garzón, campos de concentración tuvieron los dos bandos. Otras prácticas, como el uso de hornos para eliminar a las víctimas sí que permitirían poner en relación la Cataluña frentepopulista con la Alemania nazi, aunque de esto no se acuerda el Juez.

Se refiere también a la obligación de todo Juez de perseguir especialmente el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado “cuando tiene como consecuencia la muerte de un hombre”. Ahí tiene el caso de José Calvo Sotelo. Hoy precisamente es el aniversario del asesinato inmotivado por parte del Estado republicano de José Antonio Primo de Rivera. A estos no les mataron por sus crímenes, que no los tenían, sino por su pensamiento y representatividad de la España a la que el Frente Popular quería exterminar. También puede reparar en el trotskista Andreu Nin, secuestrado por agentes que le asesinaron por ser rival del comunismo que se imponía en el bando frentepopulista. ¿Estos crímenes sí están preescritos?

Dice el Juez en su auto: “¿Por qué los posibles represores españoles vivos deben ser de mejor condición que los nazis, cuando los hechos son similares, el tiempo es similar, y las víctimas también corresponden al mismo segmento de población, nacionalidad e ideología?  Realmente incomprensible”. Ciertamente, Sr. Juez, resulta entonces realmente incomprensible como no incluye en su causa los crímenes frentepopulistas, ocurridos en el mismo territorio, con antelación en el tiempo, siempre en la retaguardia propia y con la pretensión de exterminar al adversario y sembrar el terror entre la disidencia.

Según el Juez uno de los argumentos que le mueven a actuar es “la obligación de proteger el derecho a la vida” y así lo expresa reiteradamente. Anímese señor Garzón a una causa que le dará verdadero protagonismo, grandeza y reconocimiento por parte de aquellos que son asesinados antes de nacer y de los que hoy nadie se acuerda aunque superen en un solo año las cifras que usted mismo proponía como víctimas de la represión en la guerra civil.