Redacción Madrid. 27 de Octubre.

   El juez de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, ha presentado ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el recurso contra la sanción de 1.500 euros que éste le impuso por los retrasos en la ejecución de una sentencia por abusos sexuales que impuso a Santiago del Valle --el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés--. En él pide que se archive el expediente ya que, según dice, no había "ningún dato" que hiciera pensar en la "especial peligrosidad" de Del Valle y en la necesidad de ingreso urgente en prisión.

   "Ningún dato, anterior ni posterior, conocido por el juez, hacía pensar en la especial importancia o urgencia del ingreso en prisión del condenado por su especial peligrosidad", señala en su recurso de alzada Tirado, quien señala que el control de los casos es "según prioridades". Así, rechaza que el caso haya acumulado "retraso en el control" y que los hechos probados en el Acuerdo del Pleno del CGPJ contra él puedan ser "merecedores de reproche disciplinario alguno".

   El juez sancionado dice que la carga de trabajo que tenía su juzgado era "muy elevada y de difícil asunción", como lo evidencian los datos aportados sobre el volumen de ejecutorias en trámite, reaperturas y datos aportados sobre el volumen de ejecutorias en trámite, reaperturas y archivo provisional. Se trata, a su juicio, de una situación que ocurre "en el resto de los Juzgados de lo Penal de la provincia" y que "no es nueva" pues "se ha reiterado" en varias Juntas de Jueces.

   No obstante, mantiene que la situación del juzgado en general "no evidencia retrasos ni dilaciones relevantes en la incoación y tramitación de las causas" y "el retraso materialmente existente no se refiere a una pluralidad de causas, ni es frecuente ni repetido". Además, ese retraso, "no lo es en la dedicación del Magistrado a su función ni denota, por tanto, una actuación general o global" suya.

   LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

   Tirado considera que el expediente abierto contra él quiere enjuiciar su conducta con criterios que le corresponden al Estado. Es decir, que "late la confusión entre responsabilidad disciplinaria del Juez y la responsabilidad del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o de otros poderes públicos".

   En este sentido, recuerda ciertos déficit en la Administración de Justicia, como la falta de registros informáticos que, en este caso, hubieran podido interconectar a los dos juzgados sevillanos que llevaban sendas causas contra Del Valle, o a los de varias provincias --en el Juzgado de Instrucción de Gijón se hallaba en trámite otra causa penal contra el presunto asesino--.