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Diario YA


 

peligroso divorcio

Tribunales y Hacienda han perdido el sentido común

“La corrupción de las democracias procede inmediatamente del hecho de que una clase social fija los impuestos y la otra los paga. De esta manera, el principio constitucional  ningún impuesto sin la representación oportuna, queda totalmente reducido a la nada” W.E. Inge

Miguel Massanet Bosch. Todavía, si hago una larga elipsis en el tiempo, puedo conseguir trasladarme a los años mozos recordando aquel tomo de tapas azules del primer año de carrera, en el que, su autor, el profesor Enrique Luño Peña, recopilaba los principios fundamentales del derecho en su obra el “Derecho Natural”. La escueta definición de lo que comprendía aquella asignatura da fe de que, en la sencillez, radica la sabiduría. “Quod naturalis ratio inter omnes homines constituit vocatur ius gentium” (Lo que la razón natural ha establecido entre todas las gentes, se llama derecho de gentes). Y no es esta una observación gratuita o meramente estética, sino que, a pesar de su antigüedad, del tiempo transcurrido desde que los legisladores romanos la tomaron para establecer el llamado ius gentium por el que se regían los ciudadanos de Roma, sigue manteniéndose de plena actualidad y mantiene fresca su vigencia; si es que deseamos que la Justicia y sus representantes sigan siendo el eco de lo que se conoce como la sabiduría del pueblo.

Lo que ocurre es que, los ciudadanos de a pie, sentimos que se va produciendo un peligroso divorcio entre lo que los legisladores han legislado y aprobado en el Parlamento y el Senado; lo que los jueces, magistrados y fiscales vienen interpretando y deduciendo ( en muchas ocasiones llevados por su propias ideologías o tendencias políticas) y, finalmente, por lo que el pueblo soberano, aquel al que van dirigidas las normas, opina sobre ellas, su necesidad, su oportunidad e, incluso, la forma en la que se interpretan por aquellos funcionarios de la Justicia encargados de aplicarlas y hacerlas cumplir. Es obvio que los partidos políticos siempre han intentando mantener un tipo de autoridad sobre el tercer poder del estado, el Judicial. Así, en cuanto un gobierno se hace cargo del poder, aprovecha la primera oportunidad para situar en los órganos de gobierno del poder judicial como el CGPJ (que implica la presidencia del TS) o el mismo TC; con el fin de controlar un aparato que acumula mucho poder y que, al fin y al cabo, por medio del Tribunal Supremo o, últimamente, el Constitucional, puede dar validez o quitársela a cualquier ley que le resulte incómoda.

Una serie de resoluciones, tanto de la AN como del propio TC, que han tenido lugar durante los últimos años, desde que los socialistas se hicieron con el poder, que se han venido prolongando durante parte de la legislatura del PP, en modo alguno han sido aceptadas por los ciudadanos que, antes al contrario se han llevado las manos a la cabeza, atónitos de que, en un país civilizado, puedan ocurrir cosas tan peregrinas como que el TC legalice a una organización sobre la que la policía había dado pruebas contundentes de ser el mero hilo político de ETA. Tampoco se entiende que el Gobierno, dadas las múltiples pruebas obtenidas desde su legalización de que no han querido recriminar los crímenes de los terroristas, que los jalean y apoyan públicamente y que muchos de ellos están hoy en día en las instituciones públicas; teniendo en cuenta que, cuando el TC legitimó a BILDU, ya advertía que podría actuarse en contra esta organización si se demostraba su concomitancia con la banda terrorista ETA. A pesar de las múltiples pruebas de ello no se ha atrevido a presentar la oportuna denuncia para su ilegalización. Lo mismo se puede decir de la excarcelación de presos, como el caso Bolinaga, o la rapidez con la que se excarcelaron los beneficiados por la sentencia del tribunal de Estrasburgo en contra de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot; pero la que se ha llevado la palma ha sido la AN en la que tres magistrados, uno de ellos Javier Martínez Lázaro, de Jueces para la Democracia, se niegan a aceptar la evidencia exculpando al acusado, Imanol González Pardo, seguidor de la ideología de Segi, que colocó una bomba debajo de un autobús, coincidiendo con la huelga general del 29 de marzo del 2012. Para la Sala los “hechos no pueden calificarse de naturaleza terrorista”, entonces ¿qué es lo que entenderán estos tres señores como un acto terrorista si el poner una bomba debajo de un  autobús, que podía haber causado una matanza, para ellos no lo es? Y ¿si hubiera explotado tampoco sería un acto terrorista? ¿Se puede exonerar también al que lleva una escopeta amartillada por las calles dispuesto a dispararla contra el primero que se le cruce? ¿Se le debe dejar en libertad para que pueda seguir amenazando a la gente? El sentido común se rebela ante hechos semejantes.

Ahora parece que, aparte de habernos castigado, a los ciudadanos, con impuestos, tasas, reducciones salariales, recortes de prestaciones, pago de medicinas etc.; resulta que los señores inspectores de Hacienda quieren apretar la tuerca, incrementando las inspecciones. Pero no contentos con ello se han inspirado en la KGB soviética para arbitrar un sistema a base de comprar a soplones que se dediquen a denunciar a los ciudadanos de los que se sospeche que no pagan los impuestos que les corresponden. ¿Se imaginan ustedes la que se va a armar si prospera esta propuesta? Todos aquellos que tengan cuentas pendientes con sus vecinos van a denunciar por si acaso. ¿Quiénes serán los principales perjudicados por este sistema? Muy simple, los pequeños comerciantes, los particulares, los profesionales o los pequeños industriales que, por si no tuvieran suficientes preocupaciones para sostener sus negocios en tiempo de crisis, sin créditos ni apoyos del Gobierno (los de Pimec ya están dispuesto a decir ¡basta!,  ante las continuas agresiones que reciben del Gobierno que, para acabar con su paciencia, les acaba de subir la cotización a la Seguridad Social) van a verse acosados por los inspectores de Hacienda ¿ De verdad que todos somos Hacienda? Va a ser que no.

Quieren meterse con el Servicio Doméstico, seguramente para conseguir poner en la calle al 90% de mujeres que  se ganan  la vida acudiendo a casas a hacer trabajos cuando su alternativa es el paro. Es posible que esto constituya una infracción ante la Seguridad Social, pero así como están las cosas actualmente, el exigir que una familia que necesita ayuda para su casa y apenas puede pagar lo que le pide una asistenta del hogar, se le exige además que se comprometa a pagar la seguridad social y pagas extras etc. no tiene otra salida que prescindir de la ayuda y asumir el trabajo sola. Otra idea es “comprar información fiscal” otro método propio del Gran Hermano de Orwell, de limitación de las libertades y estado policiaco que, al parecer, pretenden completar con inspecciones de incógnito para pillar a los presuntos “defraudadores” con las manos en la masa. Y todo esto cuando hemos votado a un partido de tendencia liberal, el PP, que ha exigido a los ciudadanos grandes esfuerzos para intentar superar la crisis y que a los únicos a los que ha ayudado ha sido a los banqueros. ¿Así se agradece el esfuerzo?

Si no hubiera esta economía sumergida de la que tanto se quejan y que evalúan en un 24% de la economía nacional, en estos momento, en España estaríamos sufriendo una verdadera revolución a cargo de aquellos que desesperados por no tener ingresos se levantarían en contra del Estado de Derecho protestando, y con razón, del abandono por parte del Estado. Es obvio que no se puede apretar tanto la clavija, porque el aguante de los ciudadanos, que ven como salen impunes los grandes defraudadores, los corruptos, tanto políticos como sindicales, que han robado millones o los banqueros que se han aprovechado de los infelices ciudadanos; puede que acabe por estallar y entonces, señores del Gobierno ¡Que Dios nos coja confesados! O esta es, señores, mi visión de cómo los gobernantes van perdiendo el juicio.
 

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