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Un problema con el Registro Civil para el próximo Gobierno de España

Diego Fierro Rodríguez. Los miembros del Gobierno estatal que resulte de las próximas elecciones generales se van a encontrar con muchos problemas. Uno de ellos será el relativo a la controvertida cuestión que se refiere a la gestión del Registro Civil, que se le iba a encomendar a los registradores de la propiedad y mercantiles.

Rafael Catalá hizo pública la noticia referente a la paralización de la tramitación de las medidas por las que se le iba a otorgar el control del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles. Después de ese anuncio, se redujeron las protestas sobre el asunto y se obtuvo una tranquilidad relativa.

Hace algunos días, pudo conocerse que se ha planteado prorrogar la entrada en vigor de la Ley 20/2011 hasta el año 2017, ya que una enmienda normativa establece que la Disposición Final Décima de la norma legal pasará a decir que “La presente Ley entrará en vigor el 30 de junio de 2017, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava, las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, así que el actual órgano ejecutivo estatal no va a resolver el dilema de quién debe tener la gestión del Registro Civil, siendo el próximo Gobierno el que debería solventar el problema.

No parece que nadie quiera determinar quién llevará el Registro Civil, ya que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que impulsó la desjudicializacion del ente, y el Gobierno de Mariano Rajoy han pospuesto la aplicación de la solución de una cuestión que interesa a todos. Por ello, cabe preguntarse si la Ley 20/2011 entrará completamente en vigor algún día o si, por el contrario, nunca llegará a "vivir".

Varias son las opciones, siendo la más adecuada la posibilidad de que los secretarios judiciales se encarguen del Registro Civil. La opción de que sean los registradores quienes dirijan el funcionamiento del ente es una posibilidad que ya ha sido rechazada y que debe ser descartada.

Que se retrase en tantas ocasiones el debate relativo a la gestión del Registro Civil, habiendo distintas opciones, es algo preocupante y, ciertamente, sirve para explicar muchos de los problemas que sufre la ciudadanía española, que padece, en bastantes situaciones, la indiferencia y la desidia de los dirigentes que controlan los poderes públicos, que, en muchas ocasiones, le otorgan preferencia a los intereses particulares, cuando deberían otorgársela a los intereses generales.
 

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