Miguel Massanet Bosch. Lo cierto es, señores, que ya no estamos hablando de nubarrones negros en el futuro, ya no necesitamos imaginarnos una situación de descontrol total en nuestra nación ni, tampoco, hace falta conjeturar lo que nos sucedería a los que nos sentimos españoles y personas de orden dentro de un estado en el que, los que gobernaran las instituciones y proclamasen las leyes, fueran los mismos o, mejor dicho, aquellos que han heredado de los terroristas de la FAI, de la CNT, el POUM, ERC y las mismas Juventudes Socialistas, (aquellas que bajo el mando de Santiago Carrillo, ayudaron a que los mineros de Asturias, en plena II República de 1934, proclamasen la revolución en Asturias y se levantasen en armas contra el gobierno de Madrid.) Los que, en la actualidad, han heredado de aquellos los mismos deseos de revancha, los rencores y los odios que trasmitieron a las sucesivas generaciones los que perdieron la contienda y no han sabido aceptar nunca aquella humillante derrota en manos del general Franco. Aquella misma revolución de la que se quiso aprovechar, el hoy idealizado, señor Companys para proclamar, la República Catalana de tan exigua duración.

Mientras los políticos, de los que durante años han representado a los dos grandes partidos que han ido gobernando a España, inmersos en una sorda batalla en su pretensión de conseguir el poder o de  amarrarse a él, parece que todavía no se han enterado de que, ni uno ni el otro, ya no se encuentran en aquella situación de preeminencia y apoyo de masas de votantes de la que gozaron hace unos años, pensando en que siguen estando en una situación privilegiada; la realidad es que, ni el PP ni el PSOE, hoy se encuentran en situación de dominar con solvencia las instituciones del país y se han visto obligados a aceptar la aparición de nuevos partidos de todas las tendencias políticas que, si todavía no han conseguido desbancarlos de sus posturas dominantes, lo cierto es que cuando se trata de su influencia en el Parlamento de la nación, ninguno de ellos tiene suficientes apoyos como para imponer su criterio si el resto decide no aceptarlo. El PP gobierna en minoría perdiendo votantes y, el PSOE, sigue perdiendo adictos.

Estamos ante una situación en la que, la ofensiva nacionalista de los políticos catalanes que buscan, a toda costa, la independencia de Cataluña de España; han conseguido durante años obviar las leyes españolas, que se han negado a aceptar mientras han decidido no tomar en cuenta las sentencias de los tribunales que les impidan tomar aquellas medidas identitarias que más favorezcan a sus objetivos, sin dejarse amilanar por la aplicación, excesivamente limitada, del Artº 155 de la Constitución, por un Gobierno de los populares que sigue pisando huevos cuando se trata de tomar medidas enérgicas y decisivas, lo suficientemente rotundas como para que hubieran permitido acabar con el desafío, intolerable y marrullero, lanzado por una parte del pueblo catalán contra el Estado de derecho y la Constitución española. Su empeño en no pillarse los dedos, su supeditación a la opinión de los otros partidos que han primado sus intereses partidistas a los del pueblo español y el verdadero pánico del señor Rajoy y su ejecutivo a tener que afrontar una situación en la que quedaran solos defendiendo la unidad de la nación; ha sido el causante de que, por su negligencia y cobardía, lo que pretendieron evitar cediendo, dando más apoyo financiero y tolerando que se incumplieran las leyes y las sentencias de los tribunales, impidiendo que los fiscales llevasen a cabo su trabajo y conteniendo a las fuerzas de orden público; ha sido verse comprometidos y, me atrevería a  decir, que a las propias FF.AA, que han tenido una actitud modélica tolerando que se las ninguneara, se las despreciara, se las impidiese que, en Cataluña pudieran mostrarse públicamente ante la ciudadanía permitiendo que las autoridades regionales las condenasen a permanecer alejadas de los núcleos urbanos e incluso, a  no poder participar en eventos públicos en los que estar presentes con sus casetas y representaciones.

Nos encontramos ante situaciones como la de unos niños, hijos de guardias civiles, que fueron obligados a participar en actos en contra de la participación de sus padres en el 1.O, la referendo ilegal que desoyendo las sentencias de los tribunales y las resoluciones del TC los separatistas consiguieron forzar una votación y abrir colegios electorales con el apoyo de una parte de los mossos de escuadra catalanes. Unos niños que fueron insultados, que tuvieron que escuchar cómo sus profesores insultaban a sus padres y como unos profesores fanatizados les obligaban a identificarse para que sus propios compañeros de clase los señalasen como enemigos de Cataluña. ¿Qué ha hecho el Gobierno para poner remedio a una situación en la que los derechos de los ciudadanos han quedado tan maltrechos y en los que se viene cuestionando el derecho de las fuerzas del orden de actuar en contra de aquellos que infringen las leyes? ¡Nada en absoluto! Incluso prohibieron que se usasen unos videos grabados por la Policía Nacional y la propia Guardia Civil en los que se demostraba que las multitudes de radicales nacionalistas mantenían una actitud manifiestamente hostil hacia las fuerzas de orden público, a las que atacaban, insultaban, arrojaban objetos y empujaban violentamente. ¿Reacción de las autoridades? Impasibilidad y restar importancia a los hechos.

Se han apoderado de las calles y las carreteras unos grupos incontrolados de CDR compuestos por fanáticos dispuestos a realizar cuantos actos contribuyan a crear problemas a los transportes sin que, en su actividad obstruccionista, les importe perjudicar a las sociedades de autopistas; permitiendo el tránsito, sin pagar peaje alguno, de numerosos vehículos a los que habían tenido parados durante el tiempo que quisieron sin que les importasen las protestas de los usuarios.  Los mossos que estuvieron presentes permanecieron viendo el espectáculo sin que se les ocurriera, ni remotamente, intervenir para facilitar el paso a los conductores. El mismo día de Sant Jordi fueron amenazados, insultados, puestos en situaciones embarazosas y obligados a retirarse de los lugares públicos en los que estaban ubicados, el señor Albiol, del PP y otros miembros del partido que repartían rosas con motivo de la Feria del Libro, por una multitud vociferante, en el caso  del señor Albiol, de unos doscientos separatistas que le impidieron seguir con su trabajo. ¿El Gobierno tomó nota y pensó en algún tipo de represión? ¡De ninguna manera, no fuera que alguno de los jueces alemanes tomara el hecho por un acto que justificase al señor Puigdemont, el responsable de todo este sarao organizado por su huida de España!

La aplicación descafeinada del 155, un artículo que debía haber permitido acabar de un plumazo con todo intento separatista si se hubiera aplicado sin el temor a una reacción que, en ningún caso  se hubiera producido porque era lo peor que les podría pasar a los secesionistas que han venido presumiendo de una revolución “pacífica”. El caso es que en Cataluña la legalidad ya no existe, que cualquiera que quiera crear un lio o provocar una reacción en contra de España puede hacerlo impunemente algo que no puede hacer un español que, como un cabo del Ejército que llevaba una bandera española dentro de su coche, tuvo que soportar que un numeroso grupo de personas lo sitiase, le rompieran el parabrisas de su coche y tuviera que soportar la ira de toda aquella multitud de cafres incivilizados. ¿Es esta la forma con la que el Gobierno piensa acabar con la revolución catalana? Es curioso como todos los miembros del gobierno se han turnado en defender la metida de pata del señor Montoro cuando declaró que todo el dinero que se le había entregado a Cataluña había sido destinado a los fines a los que estaba destinado y que “ni un euro” del mismo se había dedicado a financiar el referendo del 1.O. Evidentemente ninguno de los ministros que apoyaron a Montoro se creía, ni remotamente, que lo que estaba diciendo respecto al ministro de Hacienda fuera verdad, pero no les quedaba otro remedio que cumplir las órdenes de la “superioridad”.

Es obvio que el señor Rajoy y sus adláteres han decidido que lo que verdaderamente importa es intentar aguantar los dos años que quedan de legislatura de la forma que sea, aunque ello nos lleve a todos los españoles a un camino sin salida, mientras los que están intentando acabar con España siguen logrando, a través de pequeñas batallas, ir convirtiendo al país en un lugar donde las leyes se conculcan con suma facilidad; las diferencias entre las distintas autonomías se van agrandando y la seguridad para los ciudadanos que residen en algunas de ellas, las más conflictivas, cada día que pasa se está haciendo más difícil, más insostenible y más peligrosa a medida que los ciudadanos catalanes que han apostado por el incivismo y el apoyo a quienes intentan conseguir la independencia de Cataluña von consiguiendo, como está sucediendo en algunos países de Europa, ir creando un ambiente que, a medida que avanza el tiempo y la actividad propagandística que están llevando a cabo los huidos de la Justicia en Alemania, Bélgica y Suiza, están poniendo en práctica una campaña, bien orquestada, en la que se explotan todos los recursos para pintar ante el mundo una España que no cumple con las reglas de la democracia e impide a sus ciudadanos “la libertad para poder decidir de forma democrática su futuro”. Es evidente que mienten, pero consiguen engañar a una porción de los más incautos.

Por si faltara algo, tenemos la sensación de que la invasión de jóvenes jueces para ocupar vacantes en la magistratura; muchos de ellos que posiblemente hayan sido influidos por las modernas tendencias en contra del capitalismo, en defensa de un “mejor reparto de la riqueza” y de que las leyes deben ser aplicadas con más libertad, según sean las ideas y las tendencias políticas del juez que dicta las sentencias. Que seguramente están convencidos que no prevarican cuando en sus resoluciones sostienen que a ellos les corresponde su parte en la construcción de un mundo distinto. Lo que no quiere decir que sus conocimientos legales avalen que estén en condiciones de jugar con el concepto de la propiedad, como parece que está sucediendo en cuanto a una interpretación excesivamente laxa de lo que es la llamada “función social de la propiedad”, algo que los ayuntamientos, como el catalán, utiliza como pretextos para poner trabas a la libre utilización de viviendas; para obligar a alquilarlas previa amenaza de sanción; a amenazar con expropiación sin que, se tenga en cuenta que todo ello requiere un procedimiento y, por encima de todo, una indemnización adecuada para el propietario al que se le priva de su derecho de propiedad.

La limitación de espacio nos obliga a dejarnos en el saco otros puntos que sería de interés resaltar que, seguramente comentaremos en otros comentarios si ha lugar para ello. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la honda preocupación de que, cuando observamos cómo las leyes basadas en nuestra Constitución de 1978, parece que están entrando en desuso, a pesar de que no están derogadas y, a cambio, aparecen otras en las que las libertades individuales parece que, cada vez, quedan más cercenadas en beneficio de las instituciones públicas que dan la sensación de que se están convirtiendo, cada día más, en intervencionistas de la vida privada de los ciudadanos. Una pésima señal.