Teresa García-Noblejas
En los últimos días se ha difundido en los medios de comunicación el caso de una madre alemana de Salzkotten (Renania del Norte-Westfalia), Irene Wiens, que ha sido condenada a prisión durante 43 días por negarse a que sus hijos asistiesen a clase de educación sexual en la escuela primaria.
La defensa jurídica de este increíble asunto, que ya ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, la dirige
Alliance Defense Fund (ADF), una entidad de ámbito supranacional especializada en la protección de libertad religiosa y de conciencia. Como explica el
asesor legal de ADF, Roger Kiska, «son los padres, no el Gobierno, los responsables últimos de la educación de sus hijos. Encarcelar a unos padres por ejercer derechos universalmente aceptados es impensable.
La familia Wiens fundamentan sus derechos en la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege el derecho de los padres a transmitir a sus hijos la visión de la sexualidad que esté de acuerdo con sus creencias. Por tanto, es perfectamente legal que los padres decidan no llevar a sus hijos a las clases y actividades de la educación estatal. Irene Wiens está encarcelada por proteger a sus 4 hijos (entre 10 y 16 años) de una educación sexual
interactiva que no coincide con su visión de la sexualidad.»
Lamentablemente, el caso de la familia Wiens no es el primero. Resulta sorprendente que desde 2006 ADF haya contabilizado en Alemania 35 casos de padres condenados por no llevar a sus hijos a este tipo de actividades estatales que se introducen de lleno en la moral y creencias de los padres y afectan a niños. Las condenas incluyen multas (entre 200 y 1.200 euros) y/o prisión (que oscilan entre unos días y mes y medio de duración).
Con motivo de estos casos, Profesionales por la Ética (asociación que colabora estrechamente con ADF en la defensa de los derechos de los padres europeos) ha difundido una Declaración por el reconocimiento del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones; este documento califica de inaceptable la represión sufrida por esta madre alemana y recuerda que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, así como el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. A esta declaración se están sumando miles de ciudadanos anónimos; también ha sido suscrita por asociaciones de 9 países y 4 continentes (Europa, África, Asia y América).
«Esta declaración», explica Leonor Tamayo, responsable del Área Internacional de Profesionales por la Ética, «será enviada al Gobierno federal alemán y a los gobiernos de los diferentes estados alemanes, al resto de gobiernos de países de la UE y a las instituciones europeas con competencia en derechos y libertades fundamentales. La libertad de educación está siendo dramáticamente vulnerada en Europa, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones no se respeta en España desde el año 2007 cuando se implantó Educación para la Ciudadanía, y hace años ya que tampoco se respeta en Alemania donde, además, los padres que se niegan a aceptar la intromisión del Estado en la educación de sus hijos tienen que pagar elevadas multas o ir a la cárcel».
Y es que, una vez más, es la sociedad civil la que tiene que alzar la voz y denunciar los abusos del poder, la indiferencia y la complicidad de los gobiernos, la indefensión de los ciudadanos y reclamar y exigir el respeto a los derechos fundamentales