Jose Luis Orella
El golpe contra el Estado de Derecho en Polonia se procedió por parte de la jueza Anna Korwin-Piotrowska quien anunció que había asumido la dirección del Tribunal Constitucional y ordenó suspender las funciones de su presidente, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente Bartłomiej Sochański. A petición de la propia jueza, la policía de Varsovia, en número de 800 efectivos y material antidisturbios, se desplegó en la sede judicial e impidió el acceso al edificio a los magistrados. Sin embargo, un juez de manera individual no posee la facultad legal para suspender a la cúpula de su propio tribunal. Según el Primer Presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, La disposición del art. 130 de la Ley de 27 de julio de 2001 – Ley del Sistema de Tribunales Ordinarios (texto consolidado: Diario Oficial de 2024, núm. 334, en su versión modificada) prevé la posibilidad de ordenar la suspensión inmediata de las funciones oficiales de un juez únicamente en circunstancias estrictamente definidas, confiando esta facultad al presidente del tribunal. Esta disposición no puede constituir una base independiente para emprender acciones similares contra el Presidente y el Vicepresidente del Tribunal Constitucional por parte de una persona a la que la ley no otorga las facultades pertinentes. Sin embargo, el problema se agravó cuando la ocupación ilegal tuvo el apoyo del gobierno de coalición de Donald Tusk, quien lleva desde 2023 queriendo relevar a los magistrados elegidos en la época del gobierno del PiS para poder disponer de una mayoría favorable en el Tribunal Constitucional, ante el veto a sus reformas, principalmente la ampliación del aborto. 
El problema tiene su origen en el 2015 cuando el presidente de la república anterior, Andrzej Duda, recibió el juramento de los candidatos elegidos por la mayoría parlamentaria del gobierno del PiS, anulando las decisiones que el gobierno de Tusk realizó durante el proceso electoral de elegir tres magistrados para tener una mayoría en el tribunal constitucional. Sin embargo, después de la victoria del PiS se anulo y se eligieron magistrados con la nueva mayoría conservadora. En este año, en marzo, el Sejm (parlamento) eligió a seis nuevos magistrados para cubrir las vacantes efectuadas entre 2024 y 2025. El presidente KarolNawrocki aceptó recibir el juramento de dos de ellos, Bentkowska y Szostek, pero no de los otros cuatro. Los que no fueron admitidos y no pudieron jurar ante el jefe del estado son los que han intentado tomar por la fuerza el Tribunal Constitucional destituyendo sin autoridad a sus legítimos responsables. 
El hecho se produjo aprovechando el viaje presidencial del jefe de Estado a Senegal, enterado del golpe de fuerza, Karol Nawrocki decidió volver a Polonia cuando sobrevolaba España, aterrizando en un aeropuerto militar y trasladado inmediatamente al Tribunal constitucional donde hizo frente a los golpistas. La situación se volvió crítica por la concentración de miles de personas favorables a la defensa del régimen democrático. La situación se ha complicado más ante el apoyo que la Comisión europea de Ursula von der Leyen hizo defendiendo la actuación de Donald Tusk, favorable a la ocupación policial del Tribunal constitucional. Por el contrario, Estados Unidos ya ha denunciado reiteradamente las violaciones de la ley y de los principios democráticos cometidas por el actual gobierno de Donald Tusk, por la afinidad de los republicanos con el PiS.
Según el artículo 128 del Código Penal polaco: Quien, con el propósito de derrocar por la fuerza a una autoridad constitucional de la República de Polonia, emprenda actividades directamente encaminadas a lograr dicho propósito, será castigado con pena de prisión de entre tres y veinte años. Al cual se pe puede añadir lo que dice el artículo 135 del Código Penal: Quien cometa un ataque activo contra el Presidente de la República de Polonia será castigado con pena de prisión de entre tres meses y cinco años. Los partidos de la oposición ya están acusando al Primer Ministro Donald Tusk, el Ministro de Justicia Waldemar Żurek, el Ministro del Interior Marcin Kierwiński, el Ministro Coordinador de Servicios Especiales Tomasz Siemoniak, el Comandante en Jefe de la Policía Marek Boroń, y los miembros del Tribunal Constitucional Krystian Markiewicz, Maciej Berek y Anna Korwin-Piotrowska de ser responsables de un golpe de estado contra la democracia. 
Aunque el jefe de Estado es la máxima autoridad de las fuerzas armadas, el Estado Mayor del Ejército polaco ha presentado en un informe que las protestas contra el golpe de Estado y la toma forzosa del Tribunal Constitucional podría estar inspirada por acciones procedentes de servicios extranjeros, siguiendo las acusaciones del ejecutivo gubernamental. El primer ministro esloveno, Janez Jansa, el 31 de octubre, en la red X, atacaba de manera cruda a la UE por la anulación de las elecciones presidenciales rumanas y el apoyo a las medidas ilegales que después fueron desarrolladas por los gobiernos vencedores para eliminar la separación de poderes en sus respectivos países, algo impensable en el pasado. 
De lo que no cabe duda es que la crisis de la Corte Constitucional sirve para preparar las elecciones legislativas de 2027 con una sociedad polarizada y donde la oposición derechista fragmentada se ha encontrado unida oponiéndose a la figura de Tusk, como los actuales gobernantes consiguieron una mayoría de gobierno contra la figura incombustible de Jarosław Kaczyński. En el momento actual la coalición gobernante se debilita frente a un Tusk no ha podido impedir la separación de poderes, característico de toda democracia.