Luis Losada Pescador

No ha habido sorpresa pero sí frustración. Finalmente lo hizo: el Constitucional bendijo la Ley de Amnistía, una ley pactada por el presunto delincuente Santos Cerdán con el delincuente indultado y ahora amnistiado Josep Turull. ¿Qué puede salir mal?

La Comisión Europea fue clara: fue una autoamnistía, una ley redactada por los sediciosos. Una exigencia a cambio de los siete votos que necesitaba Sánchez para la investidura. Y el ‘cambiacolchones’ cumplió…

Como es lógico, el asunto terminó en el Constitucional, que en tiempo ‘expres’ ha dado su visto bueno. El argumento es el esperable: la mejora de la convivencia y la necesidad de evitar la fractura social. ¿El Constitucional es una madre o es un órgano jurídico? La convivencia no es un principio del derecho. La cohesión social, tampoco. ¿Qué hace un órgano jurídico predicando la paz en el mundo como si fuera una miss?

Cuando entra en cuestiones jurídicas es peor. Porque argumenta que lo que no está expresamente prohibido, está permitido. ¿La pederastia y la esclavitud podrán aprobarse algún día?

El principio es válido para los particulares pero no para la administración. La presunción de abuso por parte de la administración hace que para que haga cualquier cosa tenga que estar explícitamente aprobado. Sino sería un Leviatán que lo invadiría todo. Lo hace con precaución, imagínese sin ella…

Pero es que además, sí que está expresamente prohibida. Los padres de la Constitución debatieron incluir la amnistía y concluyeron de manera negativa. Consta en acta. Incluso prohibieron los indultos generales. Quien prohíbe lo menos, prohíbe lo más. Es un principio del derecho, pero también de la lógica.

En resumen: el aval del Constitucional a la amnistía es un atropello jurídico, político, moral y lógico. Que el máximo órgano de garantías constitucionales avale la peor de las corrupciones, la política, es demoledor, destructivo.

Los cuatro magistrados denominados ‘conservadores’ denuncian que el TC haya abdicado de su deber de velar por el órden constitucional. Lo que no se entiende es por qué no se ausentaron de las votaciones evitando el quórum y el atropello. Argumentarán que las personas de órden no pueden declararse en rebeldía. ¿Pero qué hacemos respetando las normas del fútbol cuando el contrario agarra la pelota con las manos y el árbitro mira para otro lado?

Más. El atropello constitucional no significa que Puigdemont pueda regresar a España. Sigue acusado de malversación. Y el Supremo advierte además que puede llevar la polémica sentencia del Constitucional ante el TJUE que ya se manifestará el 15 de julio sobre una prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas. Así que todavía hay partido.

El anzuelo del pescador

    La UCO entra en el domicilio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y del que fuera director general de Carreteras, Javier Herrero. Además, El Debate publica hoy que el marido de Pardo de Vera facturó 22 millones de euros en pisos de lujo en terrenos de Adif cuando su mujer era la jefa de construcción. Y por cierto, El Confidencial publica que Adif dio carpetazo a una denuncia interna de corrupción por favorecer a una empresa de la trama. Cosillas, anécdotas…

    “Chicken Sánchez”. Así es como han ‘bautizado’ al presidente por no atreverse a señalar delante de Trump su oposición a alcanzar el 5% del PIB en Defensa. No cabe mayor descrédito internacional. Vergüenza.

    La Guardia Civil certifica la autenticidad de los audios de Koldo tras un examen pericial con un software israelí, publica The Objective. Koldo y Ábalos se han quedado sin excusas.