
Luis Losada Pescador. La mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, será juzgada por un tribunal popular de los delitos de malversación y tráfico de influencias. Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid consideran verosímil que “su vínculo matrimonial con la más alta autoridad” haya sido aprovechada como “posición privilegiada” para hacerse con una cátedra que impulsara su carrera y “disparara” sus ingresos. Es decir, que los indicios de tráfico de influencias son suficientemente sólidos. Y si traficaba influencias lo hacía con su “vínculo matrimonial”, con quien podía ejercer una “presión moral eficiente”, dice el auto… ‘Su sanchidad’, tocado. Porque -además- el argumento es el utilizado en la sentencia condenatoria de Urdangarín.
Luis Losada Pescador. Vergüenza máxima. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha sido imputada por “intimidación institucional” a la UCO. Es decir, por abrir expedientes a los agentes que investigaban los casos de corrupción que afectaban al sanchismo. González llegó a elaborar ‘listas negras’ de los agentes que resultaban incómodos para el sanchismo. Y el juez entiende que podría ser constitutivo de prevaricación y obstrucción a la justicia. Aún así, Marlaska y Sánchez deciden mantenerla en su puesto. Y desde el PSOE se dice que ha sido imputada por tomarse dos cafés. No. Ha sido imputada por la consecuencia de esos dos cafés: presión, intimidación, expedientes arbitrarios y presuntos palos en las ruedas a las investigaciones judiciales.
Luis Losada Pescador. Zapatero insiste en que no hizo ninguna gestión para el rescate de Plus Ultra. No se vio con ningún funcionario ni intermedió ni influyó de manera alguna. En cambio, sí que reconoce que hizo una llamada al Santander para que ayudaran a la compañía chavista. ¿Un ex presidente llamando a un banco para pedir un favor? Y por cierto, ¿no es el mismo banco que tiene como consejero a Barrabés, el empresario amigo de Begoña Gómez y ‘su sanchidad’? Vaya…
El fiscal concluye que Zapatero es presuntamente el líder de una organización criminal. El juez Calama cree que Análisis Relevante se creó para cobrar comisiones. No sólo no le da credibilidad a los desmentidos del ex presidente sino que extiende la imputación a sus hijas y a su secretaria. Cree que la empresa de sus hijas, What The Fav, actuaba como “vehículo instrumental de la trama”. Además, observa un desfase relevante en sus cuentas. Al afirmar que “pedí que las contrataran” las arrastró en su contingencia penal. ¿Torpeza o perversión?
Luis Losada Pescador. Todavía somos un estado de derecho. El juez Pedraz pidió “rigurosa cautela” a la policía judicial a su servicio ante los intentos de sus superiores de acceder al sumario de las investigaciones. De hecho, el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, promovió al coronel Yuste para apartarle de las investigaciones ante la negativa de informarle de los casos más sensibles. El mismo conflicto que provocó la salida de Pérez de los Cobos ante la injerencia de Marlaska…
El ministro -juez de profesión para más INRI- afirma con rotundidad que su directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, no había mantenido ninguna reunión con la fontanera Leire Díez. El sumario le desmiente y habla de tres encuentros. La misma directora general reconoce dos. Y Leire Díez, que había afirmado que no la conocía de nada, aparece en el sumario diciendo que era “de su confianza”...
Luis Losada Pescador
Bomba sobre bomba. Así fue la testifical de Aldama. Cuantificó en 1,8 millones de euros la financiación irregular del PSOE. Incluso sugirió que se cotejara con los donativos recibidos en el período para comprobar si había habido picos importantes. Los hubo. En el período 2019-2022 el PSOE recibió donativos por 1,5 millones de euros. Houston. Tenemos un problema. Y gordo.
¿Inventada? El PSOE dice que miente, que no cabe esperar otra cosa de un delincuente confeso. ¿Pero dónde están las cuatro querellas anunciadas? Agua. No existen. Y las anunciaron hasta cuatro veces. Nada. Ninguna. Así que igual no es ‘inventada’…
Aldama explicó -además- el procedimiento de la financiación irregular:
Luis Losada Perscador. El PSOE empieza a ver como “irremediable” la imputación del partido por el caso cloacas. El discurso de que esa afiliada de base llamada Leire Díez es una ‘Antoñita la fantástica’ ya no resulta creíble. Demasiados contactos y demasiado poder. Porque no es que Leire fuera torpe y lo documentara todo, que también. Y no es que accediera a la cúpula del poder, que también. Es que era la delegada, la enviada del ‘uno’. Sino, ¿de qué la iban a recibir? Y más, ¿por qué le iban a hacer caso?
El caso cloacas apunta a ‘su sanchidad’. Porque resulta que su jefe de gabinete en la secretaría general, Juan Manuel Serrano, es nombrado presidente de Correos nada más llegar Sánchez al gobierno. Y -¡qué casualidad’- Serrano nombra a Leire Díez como su jefa de comunicación. ¿Una perfecta desconocida?
Luis Losada Pescador. El pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo resolvió el pasado 3 de junio que un padre puede recurrir judicialmente la autorización de eutanasia de su hijo mayor de edad alegando interés legítimo propio.
No es el caso Noelia, pero es un caso exactamente igual. Un hijo mayor de edad solicita la eutanasia. La médica responsable emite un informe favorable pero la consultora lo rechaza. El paciente reclama y finalmente la Comisión de Garantías y Evaluación de la Generalitat de Cataluña da el visto bueno.
El padre recurre, pero el juzgado de primera instancia de Barcelona lo rechaza por ser su hijo mayor de edad. Además, argumenta que el padre no mantenía relación real con su hijo y había estado fuera de todo el procedimiento administrativo. Pero el Superior de Justicia de Cataluña revocó la decisión por entender que el padre podría tener interés legítimo propio. La Generalitat recurrió. Había que quitarse al padre de encima cuanto antes y sacar la guadaña de una vez…
Luis Losada Pescador. Las joyas de ZP han sido valoradas por el perito judicial en 1,3 millones de euros. Un valor que Zapatero no declaró a Hacienda y que supera el límite para ser considerado delito fiscal: 6 años de cárcel. La contingencia está encima de la mesa, aunque Zapatero podría evitarla si regularizara antes de su declaración o antes de que el juez le impute. La factura le saldrá por 600.000€.
Lo más probable es que lo haga y evite la cárcel. Pero no evitará el bochorno social de haber mentido con que se trataba de las joyas de la abuela o que su portavoz oficioso, Luis Arroyo, las valorara en apenas 30.000€.
Pero hay más: varias informaciones apuntan a que Zapatero ha multiplicado su patrimonio por 80 desde que salió de Moncloa. ¿Con el sueldo de ex presidente?, ¿lo ha declarado a Hacienda?, ¿a qué espera la Agencia Tributaria para abrir expediente?
Luis Losada Pescador. Era una amenaza teórica pero es cada vez más real. El cambio de reglas en las primas a las renovables a mitad de partido dejó a muchos inversores internacionales con la brocha en la mano. Acudieron al arbitraje internacional y les han dado la razón. Ahora toca cobrar. Y es difícil. O era. Porque la mala relación entre Estados Unidos y España facilita el cobro.
Ya se han incautado un edificio del Instituto Cervantes. Pero ahora pretenden hacerse con el Falcón de Sánchez. El impacto reputacional sería brutal. Hay quien especula con que el gobierno ha puesto en riesgo el avión de SM el rey.
También se apunta a que Defensa no podrá suministrarse en Estados Unidos. El gobierno americano facilitará las transacciones para incautar las compras. Hasta que el gobierno pague las primas comprometidas…
¿Qué significa prioridad nacional?, ¿es legal el principio de “los españoles primero”?, ¿es compatible con el principio de igualdad?
Desde Vox argumentan que la Constitución establece que “todos los españoles somos iguales ante la ley”. No dice “todos los residentes en España somos iguales ante la ley”. Pero, ¿se puede tratar de manera diferente a los residentes en España en función de su origen? La solución la ofreció el mismo portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Quero: exigir 10 años de empadronamiento mínimo.
En realidad, un brindis al sol. Porque tras 10 años de empadronamiento el 100% de los residentes tendrían acceso a la nacionalidad. Es decir, ‘de facto’ exige nacionalidad.