Manuel Parra Celaya, Observe, querido lector, que escribo “problemas” y no “el problema de España”,  que esto último tiene mucha más envergadura, más difícil solución y es asunto del que se han ocupado históricamente mentes mucho más ilustres que la mía, aunque, modestamente, también uno se ha lanzado a veces a opinar y coger el morlaco por los cuernos. 
    Los “problemas”, en plural, vienen a ser las derivaciones de aquel “problema” o dilema trascendental; de este, como decía, han escrito mucho las plumas eminentes; de aquellos, siguen opinando muchos ciudadanos indignados con toda razón. Y lo peor es que de los problemas de España hacen bandera -mejor, bandería- los partidos políticos e ideologías al uso, ora desde la perspectiva contemplada con el ojo derecho, ora desde el izquierdo; lamentablemente, son escasos los que los miran al unísono, de frente y con los dos ojos bien abiertos, que es como deben mirarse las cosas bellas, en este caso, la propia España.
    Me centro a la vez en dos problemas de rabiosa actualidad: el de la vivienda y el de la invasión de Ceuta. La habitual bellaquería (Ortega dixit) se empeña en poner el acento en uno solo de ellos con menosprecio del otro; no hace falta decir que estas posturas polarizadas siguen utilizando la habitual y cansina clasificación de derechas e izquierdas, para arrogarse el monopolio del problema elegido en concreto y para tildar al adversario (suelen decir, lamentablemente, al enemigo) con los habituales epítetos denigratorios, cosa que, a mi modesto entender, es impropia de la convivencia y de una verdadera democracia a la que algunos aspiramos.
    Si profundizamos un poco, observaremos que cada uno de estos problemas en el candelero actual pertenece a dos ámbitos complementarios de los que adolece España: el de la carencia de justicia (social, distributiva, conmutativa, legal, todo a la vez) y de la penuria de un sentido nacional, misional, patriótico. Y ni uno ni otro son meramente coyunturales, sino producto de la inacción, dejadez y falta de miras de los Gobiernos; en consecuencia, se han convertido en algo crónico.
    El problema de la vivienda afecta a multitud de españoles, jóvenes y “maricármenes” (aunque se haya usado ad nauseam el señuelo en cuestión); el quid de la cuestión estriba y forma parte, por qué no decirlo, de la sinrazón de un sistema socioeconómico, que prioriza la especulación sobre las necesidades populares; y, también, del desinterés de una izquierda, autoapellidada progresista, que considera que la creación de viviendas sociales la asemejaría peligrosamente al denostado franquismo de antaño y que tiene como prioridad las reivindicaciones de lo woke y no las de la comunidad nacional.
    Uno no es abogado -a Dios gracias- pero vislumbra que la solución no es más demagogia ni un enfrentar a arrendatarios y arrendadores, sino establecer medidas justas, adecuadas a Derecho y al sentido común, que afronten la cuestión; dudo mucho que los decretos de urgencia de la Mesa de la Cortes enfoquen cabalmente la cuestión y, en cambio, sí están contribuyendo a la maldita polarización mencionada. 
    Sin ir más lejos, bastaría, de entrada, fijarse en los artículos 11, 33 y 47 de la actual Constitución; el primero de ellos afecta de lleno a la okupación y a la defensa acérrima de la vivienda de una clientela política; el segundo, a la defensa de la propiedad privada, incluido un añadido importante sobre la “función social” de esta; y el último de los mencionados, al derecho a una vivienda digna para todos los españoles, con la importante coletilla de que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias…para hacer efectivo este derecho”, cosa que, dicho sea entre paréntesis, no ha llevado a cabo el actual Gobierno, por mucho que se tilde de progresista.
    En cuando al segundo problema, el que afecta a Ceuta, hay que afirmar que atañe directamente a la seguridad nacional, a la integridad de España, al control inmigratorio, y tampoco aquí caben medias tintas, pues la dejación de las instituciones ha estado a la orden del día; obsérvese, de entrada, cómo han ido cambiando los términos desde que comenzó el problema en el mes de julio: ya no se acude a la palabra “invasión”, que era la justa, sino a centrarse en aspectos sentimentaloides y encubridores de la gravedad del hecho y de la irresponsabilidad oficial.
    En este punto, se podrían también invocar otros muchos artículos constitucionales, pero hago gracia de ello al paciente lector y no entro en su detalle; habría que mencionar la entereza de nuestras maltratadas Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, de los sanitarios, bomberos y resto del personal de servicios en Ceuta; del acoso de su población y, lamentablemente, del desinterés de una gran parte del resto del pueblo español, que solo mira los toros desde la barrera; no dejemos de lado la falta de seguridad de nuestras fronteras (y, en general, de las de Europa) ni una amplia visión estratégica al respecto; dejo para otra ocasión, las cucamonas del Gobierno sanchista con el Reino de Marruecos, que no cesa en su presión imperialista, quizás con la mirada puesta en el próximo regalo del Sahara. 
    En resumen y en términos clásicos y actuales, justicia y patria son conceptos y realidades que van unidas desde siempre; no se pueden volver a escindir en la mentalidad y en la conciencia de los españoles, por mucho que se empeñe el partidismo. Hace falta ese Proyecto Común nacional del que adolecemos, pero esto sería ya introducirme , no ya en los problemas, sino en el “problema de España” que citaba al principio.
    ¿Lo puede resolver la anunciada contienda electoral convocada? Mi lado ingenuo dice que podría ser; pero ni natural quevedesco, unamuniano y joseantoniano se limita a mantener un risum teneatis horaciano.