Jesús Asensi Vendrell

Ahora que nos encontramos sumidos en una grave crisis, y no tan sólo económica, son numerosos los estudios realizados desde diferentes instituciones y asociaciones para intentar rentabilizar al máximo los recursos y reducir los gastos sin que disminuya a su vez la calidad. Y en esto la educación no es una excepción.

Resulta que la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha realizado un estudio con datos del Ministerio de Educación en el que nos informan del desfase que existe entre el coste anual de una plaza escolar en un colegio privado concertado y otra en un colegio público. Por ejemplo, la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana desembolsa 6.466 Euros al año por cada alumno de los centros públicos, mientras que uno que asiste a otro concertado le supone un gasto de 3.044 Euros. Por esto, y por la gran demanda familiar existente para este tipo de educación, debería ser normal que la Consejería de Educación diera facilidades a las iniciativas privadas que desean concertar un centro ya existente o crear uno nuevo.

Y es que el principio de subsidiaridad lo dice bien claro: el Estado atenderá las necesidades que no sean capaces de cubrir las iniciativas privadas, esas que surgen de verdad del pueblo, un pueblo que no se siente representado por un Estado ¿progresista? que se ha arrogado toda autoridad, que se posiciona por encima del bien y del mal, que decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que nos conviene y qué cosas no.

Y es por esto que no nos extraña la reacción del sindicato, ¿progresista y valenciano?, STEVPV, que se ha posicionado claramente en el bando de las antiguallas, al lado de los rancios idearios comunistas “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Y así afirman y se quedan tan anchos que “la educación, como la sanidad, es un servicio público y por eso se debe gestionar desde la administración y no dejarlo en manos privadas”. Está bien, Papá Estado, pero va a ser que no.