Pedro Sáez Martínez de Ubago. El pasado miércoles 4 de septiembre tuvo lugar en los juzgados te Tafalla el juicio oral y público del que eran partes, como denunciante, el alcalde del municipio navarro de Garínoain, Francisco Javier Echarri Cabodevilla; y como denunciados los vecinos del pueblo Enekoitz Marquina Baztán, Aritz Inchusta Pagola, Carlos Sola Pabolleta, Luis Marquina Arregui, MiguelÁngel Sola Sorbet, Javier Ignacio Inchusta Laza, Iñigo Arregui Odériz, Xabier Barrena Mendióroz e Inés Milagros Salinas Rodriguez.
Tras el juicio, que quedó visto para sentencia en cinco horas, la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tafalla (Navarra), doña Sandra Vázquez Calatayud, ha fallado con fecha de 10 de septiembre que los citados Enekoitz Marquina, Luis Marquina, Miguel Ángel Sola, Javier Ignacio Inchusta, Iñigo Arregui Odériz, Xabier Barrena  e Inés Milagros Salinas Rodríguez, sean condenados, como autores criminalmente responsables de una falta contra el orden público.
De acuerdo con la sentencia, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Navarra, de acuerdo con el artículo 633 del Código Penal, a los condenados se les impone una pena de 15 días de multa y una cuota diara de 10 euros, salvo en el caso de Xabier Barrena, cuya cuota se fija en 8 euros.
Igualmente, los siete vecinos son condenados a pagar las costas procesales causadas por la tramitación del procedimiento.
Los hechos juzgados se remontan al pleno que el ayuntamiento celebró el pasado 24 de junio, en que estos 7 vecinos, junto con otros cuya participación no ha podido probarse, irrumpieron en la casa consistorial, con una pancarta y cacerolas, al tiempo que proferían diversos gritos contra los miembros de la corporación, que, para evitar disturbios mayores, optaron por reunirse a puerta cerrada y bajo la protección de la Guardia Civil, cuyos miembros estuvieron presentes durante la reunión y les escoltaron a la salida del edificio.
Cabe destacar que este incidente no es un hecho aislado, sino que parece ser un eslabón más de toda una cadena de altercados iniciada en la noche electoral del 20 de noviembre de 2011 cuando la lista de Derecha Navarra y Española fue elegida para representar en el ayuntamiento al pueblo de Garínoain. Conocido el resultado del escrutinio, un grupo de personas identificadas en su día por la Policía Foral, comenzaron a insultar y amenazar a los candidatos y apoderados de DNE presentes en el pueblo, a algunos de los cuales agredieron y ocasionaron lesiones comprobadas médicamente con sus correspondientes informes y certificados.
Ante estos hechos, de acuerdo con el atestado levantado por las fuerzas de orden público, se interpuso la correspondiente denuncia. Poco después, y a solicitud de numerosos vecinos del pueblo que consideraban que la existencia de la denuncia interfería en el funcionamiento pacífico del ayuntamiento, pero, como la legislación (Art. 146 y 147 de la ley Electoral) no permitía retirar la denuncia y obligaba a la fiscalía a seguir actuando de oficio, pensando siempre en el bien e interés del pueblo, los denunciantes optaron por solicitar del juzgado que el procedimiento fuera llevado por mediación. 
Sin embargo, casi dos años después, un conjunto de vecinos agrupados en la Asociación de Vecinos Aupa Garínoain, han persistido en su actitud hostil y desoído sistemáticamente tanto el acuerdo alcanzado por la mediación, como las distintas sentencias de la Junta Electoral y el Tribunal Constitucional que siempre han sostenido la legitimidad legal y democrática de la actual corporación.
Entrando ya en el plano de las consideraciones personales, parece pertinente traer al conocimiento público que: por un lado, los pasados gestores, algunos de los cuales figuran entre los condenados, se ha visto que cuentan con el apoyo de la izquierda radical del nacionalismo vasco –así puede inferirse de que, entre quienes acudieron a apoyarles y vitorearles al juzgado se encontraran  los parlamentarios de EH Bildu Xabi Lasa y Víctor Rubio o los concejales de Bildu de Tafalla, Arturo Goldaracena, Cristina Arconada y Txus Alfaro.
Y por otro lado, que, mientras en los últimos once años de gestión del ayuntamiento de Garínoain, la mala actuación de sus responsables ha supuesto que este pequeño municipio contrajera un déficit de cerca de 600.000 euros con las administraciones y de otros 580.000 con la residencia de ancianos Santa Elena, lo que podría acabar implicando la reubicación y desarraigo de las personas mayores y más débiles de un pueblo sobre cada uno de cuyos vecinos pesa una deuda de más 2.000 euros, a los que cabe añadir la deuda de casi 120.000€ contraída con Siscont Sistemas, un observador objetivo destacará que, en el primer año de gestión de la actual corporación, se haya saldado el ejercicio fiscal con un superávit de 78.000 euros.
Esta gestión del actual equipo municipal de Garínoain, capaz de invertir una política que empobrecía al pueblo en unos 100.000 euros anuales, por otra que lo enriquece en 78.800 habla por sí misma de la capacidad y buena voluntad de quien está poniendo su saber hacer al servicio del bien común y no del interés particular o de partido, como suele ser habitual en la actual política española.
Por eso, independientemente de lo que diga la Justicia, que siempre va a ser acatado por Francisco Javier Echarri y la corporación que preside; pasando por encima de los desafortunados altercados evocadores de los versos de Goethe “…sus estridentes ladridos / sólo son señal de que cabalgamos…”; lo que se está demostrando ahora con la cabal administración del ayuntamiento de Garínoain es la idea de Louis Gabriel De Bonald: “En las crisis políticas lo más difícil para un hombre honrado es, no ya cumplir con su deber, sino conocer cuál es éste”.