El Ministerio de Cultura ha suscrito un convenio con Antiqvvm Edicions, S.L., sociedad constituida en Andorra, pero financiada con capital español. Según el registro de sociedades de Andorra, entre sus accionistas figura Santiago Blanch Hernández como inversor, administrador de la misma y es miembro de la familia Carbó (fundadora de Caprabo), lo que plantea un dilema: mientras las editoriales españolas soportan toda la carga fiscal, desde el ministerio se avala institucionalmente a una empresa financiada por una rica familia catalana que traslada fuera de España lo que aquí se tributa.
Por otro lado, aparece en el convenio firmando como apoderado Josep Estañol Cornella, ex notario cesado por el Gobierno de Andorra, según publicó el Diari d’Andorra. Su vinculación con la empresa genera interrogantes sobre la idoneidad institucional del convenio y sobre los criterios de selección aplicados.
El problema no es solo ético. También lo es jurídico. La Ley 40/2015 obliga a que los convenios se rijan por los principios de transparencia y servicio al interés general. Y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que cualquier instrumento que otorgue ventajas patrimoniales a un particular debe ajustarse a los principios de publicidad, concurrencia e igualdad de trato.
En este caso, el Ministerio firmó directamente con una empresa concreta en Andorra, sin publicidad ni concurrencia, cerrando la puerta a que otras editoriales nacionales pudieran presentar propuestas. Una práctica difícil de justificar desde el punto de vista de la legalidad procedimental.
¿Es coherente impulsar la cultura española apoyándose en una editorial que opera con inversores españoles mientras traslada sus obligaciones fiscales a un país con una tributación mínima como es Andorra?
El dilema es evidente. La credibilidad de la política cultural no puede construirse sobre estructuras que, aunque formalmente legales, representan una contradicción con el esfuerzo que sí realizan las editoriales españolas.
El convenio con Antiqvvm Edicions es un ejemplo de cómo la opacidad y la falta de concurrencia en la gestión pública acaban erosionando la confianza ciudadana. La pregunta final resulta inevitable: ¿puede el Estado legitimar con su firma lo que, en la práctica, supone dar ventaja competitiva a quien evita contribuir fiscalmente en España en las mismas condiciones que los demás?