César Román

En los años ochenta comenzaron a aflorar en España partidos y grupos ecologistas que pretendían emular los niveles de representación de los partidos centroeuropeos. Su habitual cercanía a las posiciones de la izquierda, dio lugar a que se les conociese con el mote de "sandías". Los grupos y postulados ecologistas despertaron mucha simpatía. El aumento de la identificación de la sociedad con los postulados de defensa del medio ambiente abrió la lucha de los partidos por hacerse con una parte del pastel del electorado verde. Ello generó un proceso que se inició con coaliciones como las curiosas conjunciones roji-verdes-violetas, y que culminó en la adopción de ideas e incorporación de propuestas verdes en los programas electorales de todos los partidos. De esa forma el ecologismo pasó desde su ubicación inicial en el campo de la izquierda para convertirse en un posicionamiento transversal y común a todas las ideologías.

Siendo las empresas conocedoras de esta deriva de la sociedad, pronto incorporaron este elemento a sus campañas publicitarias presentándose con aspectos supuestamente respetuosos con el medio ambiente. Hoy nuestros medios de comunicación nos ofrecen coches verdes, edificios ecológicos o detergentes biodegradables. Con ello pretenden una mejor conexión con el público para hacer que sus productos sean mejor asumidos por sus potenciales clientes. Sin embargo cabe preguntarse si detrás de muchas de esas campañas de mercadotecnia no se esconde el objetivo natural de las empresas, que no es otro que el legítimo de obtener beneficios, enmascarado tras una hipotética contribución al sostenimiento de nuestro entorno. Pongamos tres ejemplos.

Primer ejemplo. Las grandes cadenas de alimentación se han lanzado a erradicar el uso de bolsas de plástico, con potentes campañas televisivas. Pero hay elementos que dan que pensar en dirección contraria a su propósito. Carrefour gastaba 6000 toneladas de bolsas de plástico al año, lo que le costaba unos 9 millones de euros anuales. Además a esa cantidad había que sumarle otros 2 millones de euros más, como pago a ECOEMBES por el reciclaje de las bolsas, a razón de 340 € por tonelada. Ahora ese coste se traslada al consumidor, que seguirá utilizando bolsas y por tanto perjudicando al entorno, aunque pagándolas de su bolsillo y dejando beneficios a quien hasta ahora se las suministraba gratuitamente. Los datos evidencian que Carrefour se ahorra 11 millones de euros al año, con esta decisión vestida de verde. Pero, ¿habría tomado Carrefour una decisión similar que le supusiera 11 millones de euros más de gasto al año, aunque esta fuese necesaria para mejorar el medio ambiente?. Dejo al libre albedrío de los lectores la respuesta.

Segundo ejemplo. Las grandes industrias papeleras, apoyadas por los grupos ecologistas, hicieron ingentes campañas explicando que el uso del papel reciclado ayudaba en el mantenimiento de nuestros bosques. Con ello se evitaba la deforestación y los cubos azules comenzaron a poblar nuestras calles. Sin embargo hay dos elementos que no se explican adecuadamente al ciudadano. Uno de ellos es que en el proceso de reciclaje del papel se utilizan elementos tan tóxicos y nocivos para nuestro entorno como el amoniaco. El otro es que su coste económico es considerablemente más elevado que el papel normal, que al final es pagado los contribuyentes. Por tanto lo que se beneficia por la menor tala de árboles, se perjudica diez veces más por el uso del amoníaco. Ello sin olvidar que la diferencia de coste podría ser destinado a políticas de reforestación.

Tercer ejemplo. Los biocombustibles se nos presentan como la energía del futuro, limpia y sostenible. Los vehículos que usan biodiésel son más caros y a lo largo y ancho de Europa se han instalado plantas de fabricación de biocombustible. Inicialmente se utilizaba una planta de aspecto similar al girasol que se conocen como catrofas. Sin embargo estas son utilizadas cada vez menos debido a que tardan tres años en crecer y su recolección es bastante más costosa que otros elementos que se pueden utilizar para el biodiésel. Recientemente un grupo de empresarios españoles invirtió en la plantación de estos vegetales en Perú, en una extensión similar al terreno que ocupa la provincia de Murcia, pero ya han iniciado la sustitución de la planta por soja y maíz. En esa misma línea se están comportando todos los fabricantes de biodiésel a nivel mundial, que comienzan a utilizar de forma masiva el uso de cereales, que son detraídos del mercado de alimentos mundial. Esto está provocando un aumento en el precio de estos elementos básicos de la alimentación mundial, y correspondientemente los más afectados son los países más pobres, en especial situados en África y Asia. En diversos foros internacionales se viene analizando el impacto de una más que previsible crisis de alimentos, que aumentará la hambruna en el África Subsahariana y que podría iniciarse a lo largo de 2011 o 2012. Además, tanto el biodiésel como la mayoría de las energías renovables son mucho más costosas que las de procedencia fósil, por lo que se están costeando a base de subvenciones que al final pagamos todos en nuestros recibos de electricidad. El año pasado una de las subidas que se produjeron fue íntegramente destinado a la subvención de energías renovables. Mire usted su recibo de la luz, y verá usted lo que le cuestan mensualmente estas. La próxima subida del recibo de la luz anunciada por el gobierno de España va destinada de nuevo a ese mismo fín.

Estos y otros elementos sugieren la necesidad de comenzar a pensar que quizás no todo lo que se nos presenta como respetuoso con el medio ambiente sea en realidad rentable para el sostenimiento del planeta. Sobre todo si se pone en peligro la alimentación de millones de personas, que casualmente son las capas más pobres de la sociedad mundial, y que conllevará un éxodo masivo de esas personas hacia occidente huyendo del hambre y por efecto boomerang trasladando el problema hacia las sociedades opulentas que lo han creado. Todo ello producido por no calcular los efectos perversos que puede tener un marketing desproporcionado, del que sólo obtienen beneficio los accionistas de las compañías eléctricas y toda la retahíla de intermediarios que participan en ese proceso, y que de momento ya están pagando todos los ciudadanos españoles en el recibo eléctrico. Para ello se hace necesario que el gobierno de la nación, los agentes sociales y los componentes de la sociedad civil comiencen a analizar al margen de las campañas de marketing, los pros y los contras de ciertas políticas supuestamente verdes que tienen más perjuicios que beneficios para el conjunto de la sociedad española y para el planeta.
 

*César Román es portavoz de la Asociación Profesional Española de Directores de Recursos Humanos.