Ana Abril Ámez

En algunas ocasiones hemos llegado a preguntarnos cómo se financian los diferentes proyectos o cómo se recauda el dinero necesario que ulteriormente se invertirá en diferentes acciones. La Unión Europea es uno de los peces grandes que conglomeran grandes cantidades provenientes de los Estados miembros; gracias al compromiso de sus integrantes pueden llevarse a cabo acciones sociales, económicas, políticas o de cualquier otra índole.
 

La comunidad europea se financia a través de cuatro “recursos propios”. Las aportaciones directas de los Estados, que suman la cuantía más importante de los ingresos (supone el 75%). El otro 25% proviene de los aranceles de los productos agrícolas (1%), de los derechos de aduana (10%) y de un porcentaje fijo de la recaudación del IVA de cada país (14%). El principio en el que se funda la Unión es el de “la solidaridad y capacidad de pago”, es decir, las aportaciones de cada país a las arcas de la comunidad se establecen en función de la riqueza del país. Aunque existe la posibilidad de corregir esta imposición, en el caso de que un país no pueda sostener el ritmo que le requiere la Unión Europea. El presupuesto de 2010 de la UE es de 141.500 millones de euros, un 3,6% más que el año anterior. Este año, menos de la mitad del Presupuesto se ha invertido o se dedicará al fomento de la cohesión y la competitividad para el crecimiento y el empleo. Básicamente la mitad se limita al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola y, especialmente, a la Política Agrícola Común (la PAC).
 

El cuerpo de trabajadores lo forman 40.000 personas y los gastos de administración suponen el 5,6% del Presupuesto anual. Es más que evidente que se necesita capital monetario para financiar todas las acciones ejecutadas por nuestra comunidad. 
El comisario de Presupuesto de la Unión Europea, Janusz Lewandowski, ha propuesto una iniciativa que empezó en 2006: implantar un impuesto directo desde la capital Europea, Bruselas, a todos los ciudadanos europeos para hacer frente a la falta de recursos comunitarios. La decisión de crear un impuesto para garantizar autonomía presupuestaria ha supuesto desde sus inicios una gran polémica, debido a una férrea oposición de los Estados miembros.
 

Esta propuesta podría empezar a funcionar a partir de septiembre, aunque todo está por ver.