14 de abril de 2026. La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española consideran que la aprobación del Real Decreto, que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes, es una medida de responsabilidad política, ética y social.
Ante un proceso tan complejo técnica y logísticamente que ha de desarrollarse en un período muy limitado de tiempo, las entidades firmantes confían en que el proceso de regularización extraordinaria dé respuesta a todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, en particular aquellas que llevan sufriendo estas circunstancias durante un largo período de tiempo y no logran regularizar su situación por las vías ordinarias de la normativa de extranjería.
Este objetivo únicamente será posible si la Administración se dota de los medios adecuados
para ofrecer información de calidad y ofrece posibilidades de registro presencial de
expedientes a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias.

La regularización administrativa transforma de manera profunda la vida de las personas
migrantes, porque les permite salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad asociadas a la
irregularidad y acceder plenamente a derechos y oportunidades básicas. Contar con una
autorización de residencia y trabajo abre la puerta al empleo formal y digno, a la estabilidad
económica y a la posibilidad de planificar un proyecto de vida.
También facilita el acceso efectivo a la sanidad, la vivienda, la educación y otros servicios
esenciales, además de permitir realizar trámites cotidianos —como abrir una cuenta bancaria
o firmar un contrato— sin miedo. La regularización reduce la exposición a la explotación
laboral, a la discriminación y a situaciones de abuso, y ofrece la tranquilidad de poder circular
y relacionarse con las instituciones sin riesgo. En definitiva, supone pasar de la invisibilidad y
la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social.
La regularización permitirá que cientos de miles de personas coticen, paguen impuestos y
contribuyan formalmente al sostenimiento de los servicios públicos, reforzando el Estado del
bienestar.