Madrid, 29 de agosto de 2025/ El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, denuncia que los datos oficiales del Balance de Criminalidad del segundo trimestre de 2025, publicados por el propio Ministerio del Interior, confirman un preocupante incremento de los delitos más graves en España. Una realidad que contrasta con el discurso triunfalista del Gobierno, que insiste en presumir de la supuesta seguridad en las calles.

Los delitos más graves nuevamente se incrementan en el segundo trimestre de 2025, subiendo un 11,6% los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, llegando a los 691. Los delitos de lesiones y riña tumultuaria alcanzan los 14.366, un 4,1% más que en el mismo periodo de 2024, así como los secuestros que suben un 8,2%, los delitos contra la libertad sexual (+5,3%), las agresiones sexuales con penetración (+7,3%)

Unos datos que se vuelven más contundentes si los comparamos con las cifras de 2017, último año completo del anterior ejecutivo. Desde esa fecha los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa suben un 19,5%, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria crecen un 11,3%, los delitos contra la libertad sexual se incrementan un 8,2%, con un repunte del 14,6% en las agresiones sexuales con penetración y el tráfico de drogas registra un incremento del 9,8%.

Propaganda frente a realidad

Desde JUPOL consideramos inaceptable que el ministro del Interior y el propio presidente del Gobierno sigan “sacando pecho” en materia de seguridad ciudadana cuando las cifras oficiales confirman una escalada de criminalidad que sufren tanto los ciudadanos como los propios agentes que trabajan a diario en la calle.

Mientras Sánchez y Marlaska presumen desde la tribuna de logros inexistentes, la realidad es que las calles son cada vez menos seguras, crece la agresividad contra los agentes y aumentan los delitos que más dañan a la sociedad. La seguridad ciudadana no se garantiza con propaganda ni con frases grandilocuentes: la seguridad se construye con datos, recursos y compromiso real con quienes la hacen posible.

Desde JUPOL advertimos que España no puede permitirse seguir ignorando esta realidad. El Gobierno tiene la obligación de abandonar el marketing político y afrontar de una vez por todas una situación que afecta a la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Este deterioro de la seguridad es consecuencia directa de la falta de recursos humanos y materiales, la congelación del Catálogo de Puestos de Trabajo desde 2008, la insuficiente reposición de efectivos y la ausencia de políticas de prevención eficaces. A ello se suma el debilitamiento institucional que padecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cada vez más expuestas a un clima de violencia creciente.

Una seguridad ciudadana en retroceso

Desde JUPOL advertimos que este deterioro de la seguridad ciudadana no es fruto de la casualidad, sino de años de abandono político, desidia institucional y falta de inversión en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. España arrastra desde 2008 la congelación del Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT), lo que ha impedido adaptar las plantillas policiales a la realidad del aumento de la criminalidad y a las nuevas formas de delincuencia.

La insuficiente reposición de efectivos ha provocado que, en numerosas plantillas, falten policías para cubrir servicios básicos de seguridad. A ello se añade el déficit de medios materiales y tecnológicos, que deja a los agentes en inferioridad frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y violentas.

Pérdida del principio de autoridad

Especialmente alarmante resulta la pérdida del principio de autoridad, con cerca de 17.000 agresiones a policías y guardias civiles en 2024, y que si no se remedia previsiblemente se verá incrementado este 2025. Unos datos que demuestran la desprotección que sufren quienes garantizan la seguridad de todos. Un récord histórico que refleja la falta de respaldo institucional, político y judicial hacia quienes defienden la seguridad de todos.

Cada vez más policías nacionales sufren agresiones, insultos y vejaciones en el ejercicio de sus funciones, mientras el Gobierno permanece inmóvil y no adopta medidas para reforzar la protección jurídica y laboral de los agentes. La sensación de impunidad de los agresores crece al mismo ritmo que decrece el respeto hacia la figura del policía.

JUPOL exige al Gobierno medidas urgentes y reales que deben pasar por la elaboración urgente de un plan integral que refuerce las plantillas, mejore los medios policiales y judiciales, actualice el marco legislativo para garantizar la protección de los agentes y devuelva el respeto institucional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, reiteramos la necesidad de actualizar el Catálogo de Puestos de Trabajo que lleva sin actualizarse desde el año 2008 y debe adecuarse de una vez por todas a las necesidades reales del país; Una dotación suficiente de medios materiales y tecnológicos que permita combatir con eficacia la delincuencia creciente; La aprobación de medidas legislativas urgentes que refuercen la protección jurídica de los agentes y devuelvan el respeto institucional y el principio de autoridad a los policías nacionales.