La industria de la automoción en general vive una creciente desazón al comprobar que cada vez más se puede constatar una relación directa entre la antigüedad del parque móvil español y su relación directa con un mayor número de accidentes de circulación. Y para muestra, un botón: antes de que nos metiéramos de lleno en la crisis económica, en los años 2007 y 2008, la edad media de los vehículos en España estaba cerca de los ocho años. Por el contrario, hoy en día esta edad media es de más de 12 años, y es indiscutible que ello repercute de forma directa a un mayor peligro de sufrir accidentes de gravedad.

Precisamente la crisis económica ha sido uno de los principales motivos por los que miles de conductores han optado por comprar en grandes cantidades repuestos en forma de piezas desguace, en lugar de renovar sus vehículos al completo. De esta forma demoran la decisión final de cambiar de vehículo, a la espera de que vengan tiempos de bonanza y mejore la situación económica no solo del país en general, sino también de las familias. Eso a fin de cuentas, y no otra cosa, es lo que determina la evolución de los niveles de consumo dentro de nuestro país.

Sin embargo, mientras tanto lo que provoca esta situación es que haya en nuestras carreteras una gran cantidad de automóviles con demasiados años a sus espaldas. Al menos, más de lo que debería en circunstancias económicas normales. Y ello conlleva problemas de contaminación y de seguridad que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, según estima un informe elaborado por la Dirección General de Tráfico, hasta en un 75% de los accidentes de tráfico registrados en España con consecuencia de mortalidad estaban implicados coches de más de diez años de antigüedad.

Estos vehículos no son solo más inseguros y más contaminantes, sino que también consumen más cantidad de combustible, por lo que no ayudan ni a proteger nuestro bolsillo ni nuestros recursos naturales.

Los que mandan en el sector del motor en nuestro país opinan que hay que buscar con cierta urgencia una solución que ayude a la renovación del parque móvil. La política en ese sentido debería estar en todo caso enfocada a mejorar la seguridad de los conductores en cualquier situación. Sin embargo a la hora de tomar medidas en ese sentido no se puede actuar de forma unilateral, sino que hay que contar con la opinión de todos los colectivos que se encuentran implicados: industria del automóvil, Administraciones, asociaciones de consumidores y de conductores, etc.

Cuanto mayor sea el concurso de la sociedad y los agentes implicados de forma directa, mayor será la posibilidad de encontrar una solución satisfactoria para todos.