Teresa García-Noblejas

En su último Congreso Federal, el PSOE decidió impulsar el llamado «derecho» a una muerte digna. Y esa decisión se va a materializar en los próximos días en un borrador de ley estatal impulsado por el Gobierno.

«El modelo a seguir», explica Carlos Álvarez, portavoz de Profesionales por la Ética, «es el de las leyes aragonesa y andaluza, tal como confirmó el propio vicepresidente del Gobierno. Se evitarán términos polémicos como eutanasia o muerte digna. Sin embargo, siendo importante la eliminación de estas expresiones, la legislación estatal consagrará la autonomía absoluta del paciente o de sus familiares incluso por encima de la buena praxis médica y de la deontología profesional».

A juicio de Profesionales por la Ética, la nueva normativa incluirá:

• El derecho a la sedación terminal, que podrá ser exigido a los profesionales aún en el caso de que esté contraindicada.
• La posibilidad de retirar cuidados básicos (como la alimentación o la hidratación) a un paciente a petición propia o de sus familiares.
• El poder del médico de incapacitar de hecho a un paciente y decidir cuando se le puede aplicar sedaciones o retirar soportes vitales (como agua y alimentos) simplemente por tener «dificultades para comprender la información que se le suministra».

«El Gobierno», explica Álvarez, «tendrá que decidir si aplica su proyecto ideológico o hace caso a los criterios que le han hecho llegar asociaciones profesionales como la Organización Médica Colegial o la Sociedad Española de Cuidados Paliativos». Todas ellas se han mostrado de acuerdo en promover una ley exclusivamente de cuidados paliativos evitando las referencias explícitas e implícitas a la muerte digna».

Existe, a juicio de Profesionales por la Ética, de que la nueva ley introduzca cuestiones contrarias a la ética profesional y se presenten como respaldadas y consensuadas por las asociaciones profesionales otorgando seguridad jurídica al encubrimiento de eutanasias encubiertas.

«Como ha sucedido en las leyes promovidas por el PSOE en Andalucía y Aragón», concluye Álvarez, «se abrirá una puerta a la eutanasia aunque se ceda omitiendo la expresión muerte digna».