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Multa mínima de 10.000 euros por no declarar cuentas fuera de España
La lucha del Gobierno contra el fraude fiscal
Diario Ya. Los contribuyentes que no declaren sus cuentas en el extranjero tendrán a partir de ahora que pagar por ello una multa mínima de 10.000 euros más 5.000 euros por cada nuevo dato que se descubra.
El anunciado por el Gobierno del PP proyecto de ley en la lucha contra el fraude fiscal ha sido finalmente aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, como ha anunciado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Este tipo de delito fiscal no prescribirá y las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán en el último periodo impositivo no prescrito. No solo afectará a la titularidad, sino también a la tenencia y adquisición de bienes y derechos no incluidos en la declaración informativa.
Tampoco se pueden realizar pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en las operaciones en las que intervienen empresarios y autónomos. Sin embargo, esta limitación no afecta a las operaciones entre particulares pero sí se eleva a 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes.
Las multas por incumplimiento llegan hasta el 25% del valor del pago hecho en efectivo. "Si se incumple la limitación, tanto el que paga como el que recibe serán responsables solidarios de la infracción", declaró Sáenz de Santamaría, quien, sin embargo, recordó que si una de las partes pone en conocimiento de la Agencia Tributaria el pago no será sancionado.
Por otra parte, los empresarios que están incluidos en el régimen de módulos, también se verán excluidos de la estimación objetiva siempre que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y con un volumen de rendimientos íntegros superior a 50.000 euros al año. Sn las actividades de fontanería, carpintería, albañilería y el transporte de mercancías por carreteras. También quedarán excluidos los que obtengan rendimientos de más de 225.000 euros de otros empresarios o profesionales.
También pretende esta normativa asegurarse que se realiza el pago debido a Hacienda, para lo cual se permite a la Agencia Tributaria que adopte medidas cautelares tendentes a evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes. Se suprime la posibilidad de aplazamientos de créditos en situaciones de concurso, se facilitan los embargos preventivos, se amplía la responsabilidad de los sucesores de empresas liquidadas para evitar vacíos patrimoniales y se crea un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para responsables de sociedades sin patrimonio pero con actividad regular.
Y se endurecen las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección con multas que oscilan según la gravedad, entre 1.000 euros y 100.000 euros para los contribuyentes que no desarrollen actividades económicas. Ycon multas de entre 3.000 y 600.000 euros para los que sí las desarrollan. Si estos deudores rectifican, pueden beneficiarse de reducciones de hasta el 50% en las sanciones.
Por último, Soraya Sáenz de Santamaría, consciente del debate que existe en la sociedad sobre una posible subida del IVA, ha declarado que "Se trata de que declare todo el mundo, porque para que aumente la recaudación, más que el debate de los tipos, es importante que las bases sean muy amplias", y ha resaltado asimismo la necesidad de acabar en España con la pregunta de "¿con IVA o sin IVA?".
La Vicepresidenta del Gobierno asegura que el proyecto de ley fomenta la igualdad a la hora de pagar impuestos, e intenta evitar que algunos ciudadanos eludan el pago de sus obligaciones fiscales. "Hay que ver como conseguir no solo que Hacienda seamos todos, sino que seamos todos los que tenemos que ser y que cada vez seamos más", ha matizado. Un nuevo avance en la lucha contra el fraude fiscal que además cuenta con el visto bueno del Banco de España y del Banco Central Europeo (BCE).