Teresa García-Noblejas

El anuncio realizado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de reformar la actual regulación del aborto en España presenta luces y sombras. Como explica Jaime Urcelay, «entre los aspectos positivos del anuncio cabe señalar que, de llevarse adelante la reforma, se rompería la cadena de falsos derechos y consecuencias de las leyes de plazos que hemos visto desarrollarse con la actual ley de aborto libre. La consecuencia es que la vida del nasciturus estará más protegida y serán más efectivas las ayudas que se puedan ofrecer a la mujer desde las consultas de atención primaria. Además, los médicos no podrán ser presionados ni se les exigirá el aborto como ejercicio de un derecho y como acto médico. Además, la nueva legislación podrá propiciar el actual Código Deontológico de la Organización Médica Colegial que obliga a los médicos a informar sobre el acceso y derivación al aborto, incluso para los médicos que se declaren objetores. Esta lamentable situación convierte al médico de atención primaria en colaborador necesario para abortar.

Otro aspecto positivo del anuncio de Gallardón, según Urcelay, es que todo discapacitado tendrá el derecho a la vida y no se le eliminará a causa de sus características físicas o psíquicas. Tampoco se enseñará el aborto en las facultades de Medicina como obliga la actual normativa.

Entre los aspectos negativos del anuncio del ministro de Justicia cabe señalar los siguientes:

• La vida de todos los seres humanos en fase intrauterina no se encontrará igualmente protegida, pues no se promociona el aborto cero y se sigue dando licencia para acabar con los más débiles.
• Aunque se establecerán controles efectivos para valorar el efecto del embarazo en la salud psíquica o física de la madre para evitar un «efecto coladero», todo apunta a que ese supuesto para abortar va a aplicarse.
• Se hace referencia a una «regulación de la objeción de conciencia de los médicos» que conllevaría las rechazables listas negras de objetores, que no son necesarias y tienen un carácter claramente intimidatorio. «No tiene sentido», aclara Jaime Urcelay, «señalar quién no practica el aborto o dónde no se practica a no ser que se quiera iniciar una caza de brujas; por otra parte, es sabido que el 97 % de los abortos se realiza en centros concertados y el 2 % en centros públicos, lo que refleja el sentir de la mayoría de los profesionales, algo que debe ser valorado y respetado. La objeción de conciencia es un derecho fundamental que no puede utilizarse como pretexto para perseguir o discriminar a los médicos y otros profesionales sanitarios».
• No se hace ninguna mención al Plan de Apoyo a la Maternidad y de ayuda a los embarazos imprevistos, un aspecto que estaba en el programa del Partido Popular y que, de llevarse a la práctica, permitiría una actuación coordinada y homogénea entre tos los servicios sanitarios y sociales implicados.
• Tampoco hay referencia a la supresión del capítulo educativo de la actual ley, que obliga a los centros escolares a introducir una moral sexual al gusto del Gobierno de turno.

«La reforma de la ley del aborto no puede aplazarse más; no queremos más anuncios ni propósitos; necesitamos hechos reales. Hoy la ley permite asesinar inocentes y no existe de hecho la objeción de conciencia para todos los profesionales que intervienen en los diferentes momentos que conducen al aborto, lo cual convierte en la práctica nuestro ordenamiento en un sistema totalitario encubierto, ya que prima el derecho del fuerte sobre el indefenso y la libertad de conciencia no la pueden ejercer todos los profesionales implicados», concluye Jaime Urcelay.