Manuel Parra celaya. Algunas veces he manifestado una duda que considero razonable:¿sigue vigente la Constitución de 1978? Me lo pregunto como ciudadano de a pie que está obligado a acatar las leyes de la sociedad en la que vive, pero no soy abogado constitucionalista -ni de ninguna otra rama del Derecho-; tampoco he manifestado nunca fervorines entusiastas hacia nuestra Ley de Leyes, pues mantengo bastantes incógnitas históricas acerca de las circunstancias en que fue elaborada. Pero dura lex, sed lex, es lo que tenemos y no hay que darle muchas vueltas a esta altura de la película.
    Pero, desde mi postura ecléctica, soy espectador de los desaguisados, día sí, día también, que acometen el Ejecutivo, y el Legislativo a su concurso, y que constituyan auténticos torpedos en la línea de flotación de la llamada Nicolasa; el caso más sangrante es la amnistía a los golpistas del separatismo en Cataluña, que ha sorprendido, incluso, a los jueces de Bruselas, que no se acostumbran a dejar sorprender por nada de lo que ocurra en la España de Sánchez.
    Recuerdo que Alfonso Guerra decretó la “muerte de Montesquieu” en sus años de vicepresidente con Felipe González: también, que afirmó que “a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió”; efectivamente, la separación de poderes ha pasado a la historia de mano del PSOE y España es irreconocible, pero creo que ni González ni Guerra están muy conformes con la situación actual, provocada por su (aún) partido del alma. 
    Así las cosas, últimamente he leído con interés algunas noticias y artículos periodísticos que tratan del asunto, es decir, que, entre líneas, se vienen a hacer la misma pregunta que suscitaba mi duda acerca de la vigencia del texto constitucional.
    Por ejemplo, la “tercera” de ABC del 8 de junio, en la que el catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado, también emérito, del Tribunal que se encarga de esas cuestiones, D. Manuel Aragón, titulaba sus opiniones al respecto como “La Constitución líquida”, lo que me llevó inmediatamente a recordar las teorías de Zigmunt Bauman en su certero análisis de lo que está ocurriendo en nuestra época.
    El Sr. Aragón discrepa rotundamente de algo que tiene triste actualidad: “La política no debe estar sometida al Derecho, sino al revés: el Derecho a la política”, que es lo que se viene haciendo por parte del Gobierno y de sus socios, porque ello convierte una democracia en “el despotismo de la mayoría parlamentaria”; una Constitución, continúa, “además de esas prohibiciones, también establece las condiciones y límites para el ejercicio del poder público que ningún órgano del Estado, ni siquiera el Parlamento, puede transgredir” (añadimos que ni siquiera el Tribunal Constitucional regido por el Sr. Conde Pumpido); concluye afirmando que “la Constitución no puede ser líquida, sino sólida”, pero tras reconocer que “toda Constitución es mejorable”.
    Pero los vientos que empujan las velas de la nave del actual Estado no son esos, sino la intención manifiesta de hacer mangas y capirotes de nuestra Ley de Leyes, siempre que ello convenga al Ejecutivo Frankenstein, respaldado por una mayoría parlamentaria formada por el nuevo PSOE, la extrema izquierda y los separatistas de toda laya.
    Sobre este último aspecto también trataba duramente D. Juan Carlos Girauta (El Debate, 12 de junio), que alude a la “deslealtad nacionalista” -aspecto sobradamente conocido y comprobado por todos los españoles que no se avergüenzan de serlo- deslealtad que apoya incondicionalmente a un Gobierno de España que les concede dádiva tras dádiva, y , sin hacer caso de la corrupción rampante y de sus antiguas proclamas de limpieza en la vida política, ven con muy buenos ojos el camino sanchista de caminar hacia un confederalismo cercano a la segregación, más que a ese confuso federalismo asimétrico que se sacaron de la manga los socialistas.
    También alude Girauta en su artículo a que la Constitución de 1978 tiene “un fallo de diseño”; uno entiende que se refiera al malhadado Título VIII y, más en concreto, al artículo 150, que da pie, en lectura nada perversa, a que el Estado español se vaya vaciando de competencias, prácticamente desapareciendo y, con él, la integridad de España, aunque venga definida como patria común e indivisible de todos los españoles, y su unidad sea indisoluble; nadie nos asegura que, en otra hábil maniobra de Pedro Sánchez y sus acólitos, esas rotundas afirmaciones queden sobreseídas, contando, para más inri, con el plácet del Tribunal Constitucional.
    No osaré contradecir ni matizar al Sr. Girauta, pero me malicio que esa “deslealtad nacionalista” tiene precisamente su origen en los “fallos de diseño”, cuando el entonces incipiente nacionalismo separatista, mimetizado en promesas de lealtad, apoyó el texto constitucional que se estaba elaborando con ciertas prisas; la esperanza de los supuestos leales de que, con los años, los débiles gobiernos de la democracia darían lugar al desastre manifiesto que hoy tenemos; no me apeo de la idea de que la propia Constitución que se redactó dio lugar a la situación actual, es decir, que de aquellos polvos vinieron estos lodos.
    Recojo, pues, del primer artículo citado, el del magistrado Aragón, que “toda Constitución es mejorable” y anhelo su reforma a fondo; en ese camino han de ir todas las fuerzas políticas, no timoratas ni cómplices, que se opongan a la anulación del Estado y al desmembramiento de España.