El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia ha ordenado el embargo de los derechos derivados de un convenio firmado por el Ministerio de Cultura con la sociedad andorrana Antiqvvm Edicions, S.L., declarando al propio ministerio como tercero deudor en el marco de la ejecución de costas judiciales firmes impagadas en España.
La sociedad, también embargada, tiene su sede en Andorra y está apoderada por Josep Estañol Cornellà, un ex notario que ya fue cesado por el Gobierno de Andorra en 2020 según la prensa del país. La sociedad andorrana estaría financiada con capital de origen catalán vinculado a la familia Carbó, fundadora de la cadena Caprabo, a través de Santiago Blanch Hernández, uno de sus miembros que, además, figura como administrador de la empresa según el registro de sociedades de Andorra.
La resolución judicial afecta a un convenio publicado en el BOE nº 277, de 16 de noviembre de 2024, y obliga al Ministerio de Cultura a retener cualquier derecho, crédito o efecto económico que pudiera derivarse del acuerdo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El embargo tiene su origen en deudas judiciales firmes acumuladas por la sociedad andorrana desde hace más de año y medio, lo que, según fuentes jurídicas consultadas, deja el convenio en una situación de inviabilidad práctica y compromete gravemente su legalidad y ejecución.
En su contestación al juzgado, el propio Ministerio de Cultura ha manifestado que no mantiene ni prevé obligaciones económicas con la empresa beneficiaria del convenio. Esta afirmación, según expertos en Derecho Administrativo consultados, equivale a reconocer que el acuerdo carece de contenido económico real, situándolo en un supuesto de nulidad sobrevenida conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común y a las propias cláusulas del convenio.
Fuentes jurídicas subrayan que el hecho de que el convenio fuera promovido desde el Archivo de la Corona de Aragón (ACA) plantea interrogantes adicionales sobre los controles previos aplicados por este organismo, en particular en lo relativo a la solvencia jurídica y económica de la entidad privada andorrana con la que se proponía colaborar.
El caso no se limita al ámbito mercantil. El convenio se encuentra actualmente bajo revisión de la Audiencia Nacional, que tramita un recurso contencioso-administrativo en el que se solicita su suspensión y anulación definitiva por una presunta vulneración de la normativa española de contratación pública.
Fuentes consultadas subrayan la gravedad institucional de que un ministerio del Gobierno de España mantenga convenios con sociedades radicadas en Andorra, financiadas con capital catalán y con deudas judiciales firmes impagadas en nuestro país, una circunstancia que ha terminado provocando el embargo judicial del propio Ministerio de Cultura.
Los demandantes del procedimiento recuerdan que estas irregularidades ya habían sido advertidas formalmente tanto al ACA, al Ministerio de Cultura y al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) sin que se adoptaran medidas correctoras.