
Entre las propuestas urgentes que Cáritas trasladó al Gobierno en los primeros días tras la declaración del estado de alarma para garantizar los derechos de las personas vulnerables más expuestas ante los efectos del coronavirus, se incluía la necesidad, largamente reclamada, de garantizar un sistema de ingresos mínimos como última red de protección social de las personas y familias más empobrecidas.
Cáritas denuncia los intentos de phishing que están circulando en los últimos días a nivel estatal a través de WhatsApp y redes sociales para recaudar de manera fraudulenta y utilizando el nombre y la imagen de la institución fondos económicos y ayuda en especie para los afectados por el coronavirus.
La Asociación Española de Abogados Cristianos se querella contra el Gobierno por omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus. Culpa al Ejecutivo central, entre otras cosas, de no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus y a que la OMS ya había indicado en enero la necesidad de adquirir test.

El Ministerio del Interior, a través de las Direcciones Generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, están dando indicaciones verbales a sus agentes para que no se sumen a los apoyos de la ciudadanía a los sanitarios, Fuerzas de Seguridad del Estado y otros colectivos que están en la primera línea de batalla contra el avance del Coronavirus. Unos apoyos que inundan día a día los balcones de toda España a las 20:00 horas y que estos días han dejado una gran cantidad de imágenes de la unidad con los ciudadanos que tienen los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Instituto Cervantes de Nueva Delhi (India) está acondicionando sus instalaciones para –previsiblemente– acoger a turistas españoles que vayan a ser repatriados por el Ministerio de Asuntos Exteriores por la crisis del Covid-19, tal como adelantó ayer la ministra Arancha González Laya. Ante la posibilidad de reconvertirse provisionalmente en centro de alojamiento de turistas españoles que están a la espera de salir de la India, el Cervantes ha empezado a reorganizar sus dependencias y mobiliario.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, está estudiando acciones jurídicas y centenares de denuncias ante la Inspección de Trabajo o incluso a la Fiscalía, para que tomen cartas en el asunto ante la situación de desprotección a la que se ve expuesto el personal de residencias de mayores y de la Sanidad en muchos hospitales que, obligados por sus superiores, deben atender a pacientes con coronavirus sin disponer de los materiales de protección adecuados, como mascarillas seguras, EPIs o gafas protectoras.
Una de las actuaciones que se acaban de poner en marcha por parte de las administraciones es la medicalización urgente de hoteles. Es decir, convertir parte de los hoteles más grandes e importantes de las ciudades en hospitales improvisados, que (bajo la dirección y coordinación de los centros hospitalarios de referencia) resulten tan eficaces como eficientes, y que cumplan con garantías su función de aliviar al sistema de salud haciendo ganar en espacio y número de camas, tanto para pacientes como para personal sanitario. Una necesidad acuciante e imprescindible, sobre todo, en la Comunidad de Madrid, la más afectada hasta el momento por esta crisis del Covid-19.
La Asociación Española de Abogados Cristianos lanza la web www.ayudalegalcoronavirus.es con el objetivo de ofrecer asistencia legal gratuita a los familiares de los fallecidos por Coronavirus. Se trata de una herramienta sencilla para que los afectados por el Covid-19 puedan solicitar el resarcimiento por el daño causado sin que ello les suponga un perjuicio económico. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que “se trata de poner nuestro granito de arena para ayudar a las familias afectadas a que se haga justicia y a evitar más muertes por desatención”.