Prof. Miguel Córdoba. 24 de febrero.

Ya se nos han olvidado los años setenta, los años ochenta y la primera mitad de los años noventa. Eran épocas de coeficientes bancarios, de economía dirigida, de intervencionismo estatal en el sector financiero. Parece que todo aquello se ve con malos ojos, y que la libertad del mercado de capitales es lo que priva, sobre todo por que gracias a ella hemos tenido los diez años maravillosos del noventa y seis al dos mil seis, en los que “se ataban los perros con longanizas”.

Sin embargo, yo siempre digo que no existe el blanco y el negro, que todo es gris, puede ser gris marengo, puede ser gris perla, pero es difícil encontrar un sistema financiero perfecto o un sistema financiero de absoluto desastre. En el fondo, la Historia se repite, y los gestores de las crisis siempre acaban teniéndoselas que ver con inflación, con paro, con escasez de crédito, con que la economía no responde a las acciones que se toman a nivel gubernamental, etc.

Pues bien, durante muchas décadas tuvimos bancos públicos, y a los privados se les imponían fuertes coeficientes de inversión para que la economía siguiera la senda que se deseaba. El resultado fue mejor o peor según como se mire. Sin embargo, en los años ochenta, en tiempos de Margaret Thatcher se adoptó el modelo del capitalismo popular, y se decidió privatizar hasta los azucarillos de Browning Street, y como no, en los noventa, España se dejó llevar por la celebre proclama de Miguel de Unamuno, y asumió que lo que hacen los otros debe ser bueno, y también privatizó todas las empresas públicas, y en particular los bancos públicos, para después generar aquel extraño cocktail de entidades al que se llamó Argentaria.

Los políticos de turno confiaban en que seguirían manteniendo el control de los otrora bancos públicos, como de hecho ya lo hacían con las cajas de ahorro, que como no tienen propietario, las manejan los políticos locales a su libre albedrío (lo cual no quiere decir que sea acertado). Pero hete ahí que, Bruselas dijo que no estaba por la labor de las “acciones de oro”, y que había una directiva de libertad de movimientos en los mercados de capitales en la zona euro. Así y todo, el entonces todopoderoso Rodrigo Rato consiguió mantener un adecuado nivel de “persuasión moral” sobre los bancos, e incluso, y a decir de muchos, llegó a influir en el poco ortodoxo cambio que se produjo en el año 2002 en el consejo del BBVA.

Y llegamos a los tiempos actuales, en los que los bancos aceptan, no necesariamente siempre, las ayudas del gobierno, pero no le hacen mucho caso, sobre todo en lo relativo a dar créditos a empresas y particulares, a pesar de las inyecciones de dinero estatal que están recibiendo. Estas ayudas se han concretado en compras de cédulas hipotecarias y bonos de titulización de “alta calidad” hasta un importe de 50.000 millones de euros, cuya ejecución se está realizando a través de subastas periódicas; y avales a las emisiones de deuda que hagan las entidades financieras hasta un importe de 200.000 millones de euros, lo cual teóricamente permitiría que el coste de financiación de bancos y cajas de ahorros disminuyera respecto de los precios de mercado. Asimismo, se ha ampliado la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos hasta los 100.000 € por depositante, a fin de evitar uno de los mayores riesgos que pueden afectar a una entidad bancaria: la desconfianza de los impositores en lo que respecta a que les sea devuelto su dinero.

Es en estos momentos cuando los que ya tenemos bastantes años recordamos otras épocas, en las que la persuasión moral del gobierno y sobre todo del gobernador del Banco de España era algo así como una ley no escrita. Evidentemente hay gobiernos y gobiernos y hay gobernadores y gobernadores; y en estos momentos, las entidades financieras están dispuestas a dejarse persuadir sólo hasta cierto punto.

Que no se me malinterprete, no estoy criticando personas, sino instituciones en un determinado contexto histórico. Hoy en día, el Presidente del Gobierno se reúne de vez en cuando con los banqueros, se saca unas fotos, hace unas risas, les pide que hagan llegar el dinero al sistema, y después los banqueros se vuelven a sus despachos y seguro que dicen: “¡qué pesado, si al final nosotros vamos a hacer primero lo que nos interesa como ejecutivos –bonus maravillosos-  y luego lo que les interesa a nuestros accionistas –votos en junta general vía delegaciones de voto en blanco para mantenerse en el puesto-! Y a lo mejor resulta que no hay siquiera que criticarles, por que un banco es una entidad privada propiedad de sus accionistas y un gobierno debe gobernar un país, no intervenir en entidades privadas que no le han pedido que intervenga.

Distinto es el caso de que las entidades tengan problemas, como hemos visto por ejemplo en Estados Unidos y Gran Bretaña. Allí, en el paraíso de la libertad de mercado, los políticos han dicho que todo estaba muy bien, y que ellos inyectaban dinero en los bancos para reflotarlos, pero tomando participación en el capital, bloqueando los escandalosos bonus de los primeros ejecutivos y controlando las entidades a partir de ese momento. No tengo la menor duda de que los bancos harán en este caso lo que quiera el gobierno.

Y volvemos a nuestra querida España. Aquí, y afortunadamente para todos, los bancos no parecen tener problemas, las cajas de ahorros están algo peor, pero puede que la mayoría aguanten el tirón y las cooperativas de crédito son los suficientemente opacas y poco relevantes como para que no sepamos realmente como están (al menos a nivel de ciudadano medio; se supone que el Banco de España las tendrá bien controladas). Sin embargo, mantenemos el mismo sistema financiero que teníamos en la época de Franco, con el 57% del sector en manos de unas entidades, las cajas de ahorro, que no tienen dueño y que se encuentran manejadas por los políticos de cada comunidad autónoma. El escándalo de la lucha por el poder en Caja Madrid provoca vergüenza ajena, sobre todo cuando la lucha está entre políticos del mismo partido. ¿Qué tienen que ver los políticos con la gestión de una entidad financiera? ¿Tan difícil es que la gestión de este tipo de entidades se deje en manos de técnicos, como ocurre en los bancos?

En tres décadas de democracia, ni los socialistas ni los populares le han metido mano a ese anacronismo histórico que se llama caja de ahorros y monte de piedad. No tienen dueño, no son privadas, pero tampoco parecen ser públicas. Tienen unas asambleas que teóricamente tienen una representación de clientes, sindicatos, poderes públicos, etc., pero al final todos los compromisarios los manejan los políticos. ¿Por qué no se realiza una reforma en profundidad del sistema financiero? Evidentemente, no les interesa a los políticos, ya que se quedarían sin cementerio de elefantes para colocar a políticos salientes de las administraciones, amén de algún que otro “compromiso” familiar o personal. Pero se supone que en épocas de crisis es preciso tomar decisiones, y el sistema financiero está pidiendo a gritos que se le actualice, que se le modernice, que de una vez por todas, entremos en el siglo XXI.

Lo importante son los hechos, no las palabras; es mejor actuar y equivocarse, que no hacer nada demostrando una indolencia que clama al cielo. Los hechos son que las empresas y los particulares no reciben préstamos, y ya dan lo mismo las garantías. Hace pocos años, tener una vivienda era sinónimo de tener un activo que avalaba cualquier petición de préstamo; hoy en día, con las entidades financieras enladrilladas, lo menos que quieren es que se les avale con inmuebles. Si alguna vez alguna empresa consigue que un banco acepte financiarles, los tipos de interés son astronómicos, y como mínimo un dos o un tres por ciento por encima del Euribor, cuando hace un año, les cobraban un margen de 0,75 o como mucho de un uno por ciento.

Evidentemente, los bancos hacen lo que tienen que hacer, es decir, no dar préstamos a clientes potencialmente insolventes para que sus accionistas no sufran los efectos de la mora, y aprovechar la bajada de tipos de interés para ampliar sus márgenes, ya que las empresas y los particulares están acostumbrados a pagar unos tipos de interés superiores, y si por ejemplo bajan los tipos del Euribor dos puntos, a los nuevos préstamos se les amplía el diferencial un punto, con lo que los usuarios finales del crédito sólo perciben el 50% de la bajada.

Todo bien, el mercado “funciona”. Pero, ¿es eso lo que queremos los españoles? Me considero un economista liberal, y creo en el mercado… cuando funciona. Pero cuando no funciona, es necesario tomar las medidas necesarias para resolver los problemas de los ciudadanos, y aquí sí que apunto directamente al Gobierno. Tenemos un Instituto de Crédito Oficial que anuncia que da cantidades ingentes de préstamos para las pequeñas y medianas empresas, pero los préstamos los tienen que dar los bancos y no los dan. Tenemos unas cajas de ahorros que se han estado durante años preocupando de invertir el dinero de los depositantes en promociones inmobiliarias y paquetes de acciones bursátiles, cuando se supone que deberían haberse preocupado en promover las inversiones productivas y generadores de empleo en sus zonas de influencia. Y finalmente tenemos unos bancos, que van por libre y que además hacen muy bien, ya que estos sí que tienen propietario y son sus accionistas los que deben decidir cómo se gestionan.

¿Qué hacemos con este cocktail? Podemos seguir como hace el gobierno… o podemos tratar de hacer algo. Por ejemplo, ¿por qué no asumimos que necesitamos un banco público para canalizar la política financiera del Gobierno? Tenemos como base la infraestructura del ICO, y sus activos y pasivos. Tenemos la posibilidad de dotarle del capital público necesario para que pueda operar junto con los bancos privados y con las cajas de ahorros en el sistema financiero, y que ocupe el nicho que estos no quieren, es decir, dar préstamos a un precio razonable a pequeñas empresas y particulares. Evidentemente, habría que acometer profundas reformas estructurales en esta entidad, y en particular, dotarle de la necesaria independencia de las presiones políticas que hasta ahora han sufrido las cajas de ahorros. Pero lo importante no es lo difícil que pueda ser hacer esto, sino la necesidad que tenemos de ello. No hay nada imposible si se tiene la voluntad de hacerlo.

Además, y supuesto que estuviera ya constituido, puede ser un instrumento adecuado para absorber los activos y pasivos de aquellos bancos pequeños y cajas de ahorros que puedan resultar afectados irreversiblemente por la crisis, y que en vez de usar el opaco sistema de fusiones entre cajas que ha sido la norma hasta ahora, podría ser una forma de conseguir “limpiar” poco a poco el panorama actual de cajas de ahorro y cajas rurales de dudosa gestión. Tenemos miles de prejubilados bancarios con gran experiencia en la gestión del riesgo bancario y todavía jóvenes, que estarían encantados de prestar un servicio a su país y poder estar activos durante unos años más.

No nos engañemos, esta crisis va a ser larga y no se resolverá con medidas coyunturales. Si tenemos un problema duradero, busquemos soluciones duraderas. Tener un banco público no es malo; se activa cuando se necesita, como es el caso actual y se desactiva cuando las entidades privadas vuelvan a ejercer la actividad que deben ejercer, y cuando digo desactivar no digo cerrar; simplemente, se vuelve a los cuarteles de invierno y se administra el negocio captado sin desarrollar otras actividades comerciales para captar nuevo negocio. No se trata de quitarles un trozo de tarta a las entidades privadas; simplemente de hacer lo que no hacen y el Gobierno quiere que hagan.

Y nos quedan las cajas de ahorros. Si vamos a poner patas arriba el sistema financiero español, aprovechemos para dar el golpe de gracia a este modelo novecentista que a veces es ingobernable. O son públicas o son privadas. Si son públicas, que se les dote de capital y que ese capital sea propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, y que se separe completamente propiedad y gestión. Los políticos que voten en las juntas de accionistas las directrices y las cuentas de las entidades y los gestores, necesariamente técnicos, que desarrollen el negocio de forma profesional. Y por supuesto, y ahí estoy con el Sr. Rajoy, que la supervisión y el control lo lleve el Banco de España, entidad que ha demostrado una independencia y una profesionalidad fuera de duda durante décadas.

¿Qué es eso de hacer una “ley de cajas” en la Comunidad de Madrid, para quitarle el puesto al presidente? La legislación que rige a los bancos es estatal; ¿qué sentido tiene que pueda haber legislaciones regionales en un tema tan importante? Es preciso que bancos y cajas compitan en igualdad de condiciones en el mercado. No todo puede ser transferible a las comunidades autónomas. El idioma, el ejército, la seguridad social, el sistema financiero y otros temas, no pueden ser objeto de legislaciones diferentes en las distintas regiones del país.

Aunque sea un tópico, el dinero es la savia que mueve la economía, y el modelo monetario ya no es ni siquiera nacional, sino comunitario. En esta crisis se ha podido ver que si hay algo a lo que tengan miedo los gobiernos es al deterioro de sus bancos. Si el Estado tiene que estar ahí cuando los bancos tienen problemas, también debe estar cuando no los tienen. No se trata de intervencionismo, sino de que el Estado pueda usar cuando lo necesita un instrumento de regulación de la liquidez del sistema. Creemos, pues, un banco público.