Redacción. Nada es tan eficaz como el silencio, lo que no se oye, lo que no tiene voz, por mínima que sea, acaba convirtiéndose en silencio y éste conduce al olvido. Así, la ley del aborto de 1985 acabó siendo cotidiana, admitida como válida, objeto de consenso, precisamente porque tras su aprobación y unos pocos años de movilización ciudadana, utilizada como ariete contra el Partido Socialista, se produjo el silencio que a todos convenía y el activismo contra el asesinato organizado de niños en el vientre materno languideció hasta adquirir carácter de invisibilidad social.

Del mismo modo que entonces ocurrió en España, no deja de sorprender hoy
el silencio general y cómplice con que la sociedad de Navarra está claudicando
ante la inminente apertura en Ansoaín de un centro para la realización de
abortos (me niego a llamar “clínica” a un matadero). Centro ya aprobada por la
Consejería de sanidad en manos de UPN.

La respuesta social se ha limitado a las iniciativas del arzobispado o de
partidos pequeños, grupos y asociaciones integrados por navarros que están
comprometidos con la defensa de los principios innegociables enunciados
por Benedicto XVI del derecho a la vida, la familia tradicional, la libertad de
educación y el bien común, unidos en esta ocasión para manifestar alto y claro
que no quieren ni la llamada Ley Aído, que lleva a la legalidad el aborto libre en
España, ni la ley de 1985 que hoy tiene por aceptable el Partido Popular.

No se puede decir lo mismo de las autoridades políticas, quienes, semejantes
a avestruces, esconden la cabeza bajo el ala de los tecnicismos. Como
si los problemas de un abortorio se limitaran a los plazos de licencias, la
cumplimentación de formularios, los metros cuadrados, la señalización de las
salidas o la ventilación adecuada, etc. y no a que es un local destinado al
exterminio premeditado y sistemático de seres humanos inocentes.

Quienes estamos comprometidos con el derecho innegociable a poder nacer,
sabiendo que la vida nace en el momento de la concepción, exigimos que
no exista la posibilidad de abortar legalmente en España; exigimos que se
acaben los conciertos que tienen las Comunidades con los centros donde
se perpetra este crimen abominable para pagar los abortos con los fondos
públicos; e igualmente exigimos a las autoridades de Navarra, empezando por
el ayuntamiento de Ansoáin y terminando por la presidenta del gobierno, que
usen de todas sus facultades para que se reconozca la vida como el principal
derecho del ser humano.

Si, canónicamente la práctica del aborto es objeto de excomunión latae
sententiae y moralmente es un crimen, legalmente, en Navarra es también
un contrafuero y, como tal, un atentado contra “nuestra autonomía jurídica en
la unidad política de España” ¿Por qué nuestras autoridades no alzan su voz
como lo hacen cuando se trata de asuntos económicos o lingüísticos? ¿Importa
más al Gobierno la economía o la lengua que la vida de los navarros? ¿Por
qué los medios de comunicación no hablan de ello y no dan, por lo menos, el
mismo eco a las protestas contra el aborto que a los actos antitaurinos?

Aún quedan muchos navarros sin miedo a romper el silencio cómplice o
culpable de la sociedad y proclamar alto y claro que no puede existir el
“derecho al aborto” porque lo que existe, lo que sostiene la Moral Objetiva y lo
que figura en el frontispicio de todas las declaraciones de Derechos humanos,
es el Derecho a la Vida desde la concepción hasta su extinción natural.

Quien no actúe en consecuencia, según su capacidad, traicionará la lápida
que, en la fachada de nuestra Diputación Foral reproduce en letras de piedra el
lema de los Infanzones de Obanos: Pro libértate Patriae gens libera estate.