Lo que muchos no saben. Hay reconocidos hasta 47 dialectos del español. desde el madrileño hasta el chilote, el andino o el rioplatense y jergas como el cheli. 
Otra “perla” del Tribunal Constitucional
Quevedo: “Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”
Miguel Massanet Bosch. Don Francisco de Quevedo Villegas en su Política de Dios y Gobierno de Cristo hizo el siguiente comentario: “Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”. No es que los jueces en España gocen en la actualidad de mucho predicamento, y hay encuestas que los vienen considerando una de las primeras preocupaciones de la ciudadanía española, lo cual, dicho de paso, nos puede dar la medida del grado de distanciamiento que existe entre los encargados de impartir Justicia y el pueblo que es quien, en definitiva, por medio de sus representantes en la cámaras, establece las leyes por las que ha querido regirse. El rechazo generalizado de los españoles se centra, sin lugar a dudas, en políticos y en los integrantes de este entramado de fiscales, jueces, magistrados, componentes del Consejo General del Poder Judicial y, podríamos decir que, en la cúpula de todos ellos, por la enorme responsabilidad que les cabe como encargados de interpretar el alcance de las normas constitucionales emanantes de nuestra Constitución de 1.978, los componentes del Tribunal Constitucional.
Si las sentencias de algunos jueces ha merecido la reprobación general por haber generado alarma social y herido los sentimientos de la mayoría del pueblo español; si el comportamiento de ciertos fiscales nos ha hecho dudar de si estaban cumpliendo con su función de intentar averiguar la verdad e imputar a quienes cometen delitos; cuando hemos podido comprobar, fehacientemente, el diferente trato que se les ha dado a algunos presuntos delincuentes cuando se ha tratado de personajes de izquierdas o de derechas y cuando, en España, hemos estando soportando la lacra del terrorismo durante años, en los que se han producido casi 900 víctimas de la insania de ETA, con los daños colaterales que tales crímenes han supuesto para sus familiares, amigos, conocidos y, en general, para todos los ciudadanos que ven, en estos etarras, unos personajes sin otro objetivo que matar inocentes, guiados por no se sabe que sádicos instintos que pretenden ocular bajo la capa de un supuesto patriotismo basado en las utopías de un sujeto desquiciado, llamado Sabino Arana.
No hay hombre bien nacido que sea capaz de apoyar, en nombre de un sentimiento independentista, el causar daño a unas personas que, en la mayoría de casos, ni estaban relacionados con la política ni tenían nada que ver con la lucha de los terroristas con el Estado español. Por ello, nos resulta especialmente desagradable que ahora, cuando han pasado algunos años desde aquellas injustificadas matanzas y mutilaciones, en nombre de no se sabe que supuestas propuestas “de paz” e intereses espurios, se quiera justificar, por quienes tienen interés en convertir la lucha armada – aquella que, gracias a la actuación de las fuerzas del orden, estaba a punto de desaparecer con la captura de los últimos terroristas –, en actuación política que les permita avanzar en la obtención de privilegios especiales para aquellos que mataron sin escrúpulo alguno, acercamiento a las cárceles de su país y reducciones de condena por supuestos buenos comportamientos, por reglamentos penitenciarios, o por políticos que pretenden mercadear ofreciendo medidas de gracia a cambio de, vayan ustedes a saber que clase de posibles ventajas electorales o personales.
Y, en esta tesitura, aunque era algo ya esperado, después de que el TC permitiera a BILDU presentarse a las elecciones legislativas –con los preocupantes resultados electorales que les permitieron ocupar cargos políticos en los mismo órganos de la Administración pública, como un “topos” infiltrados en las mismas instituciones del Estado encargadas de reprimir el separatismo y el terrorismo – este miércoles pasado los mismos magistrados del TC, con su Presidente al frente, han vuelto a votar para legalizar a la nueva organización patrocinada por ETA, denominada SORTU, sin hacer caso de los informes aportados por la policía al TS que, en una amplia y bien argumentada resolución, les había negado la legalización que pretendían. Es curioso que dentro de la evidente politización existente en el Tribunal Constitucional, siempre sean los del llamado sector progresista los que favorezcan el que unos cachorros de la banda terrorista, puedan introducirse en el entramado político de Euskadi desde donde, además de tener una información privilegiada respecto a temas nacionales secretos que no es conveniente que caigan en manos de terroristas, obtienen la financiación necesaria para ir alimentando la estructura etarra, hoy en día tan dañada por las continuas redadas de la policía, con la inestimable colaboración de la gendarmería francesa.
Y uno se pregunta: ¿Cómo es posible que, el tribunal Constitucional, a quien le compete establecer si las normas o las sentencias están amparadas o no por la Constitución, no se limita a esta función y, por el contrario, entra a fondo en otros extremos, como la valoración de las pruebas, que en absoluto son de su competencia? La ciudadanía, está perpleja ante los casos que se están detectando de jueces que se dejan llevar, en sus sentencias, por sus prejuicios políticos u otros, que ocupan cargos importantes dentro de la judicatura, que tienen que presentar su dimisión por conductas impropias que, aunque, en sí, no se consideren delictivas, sin embargo llevadas a cabo por personas que deben dar ejemplo de buenas prácticas y buena administración de los dineros públicos. O fiscales que actúan como verdaderos cancerberos, cuando el presunto delincuente es de derechas y que miran hacia otro lado, no ven delito y utiliza trucos procesales para que no sean encausados personajes de izquierdas (vean el caso del “Chivatazo”), cuando la investigación pudiera afectar a altos cargos a los que conviene preservar.
Yo no sé, aunque me lo imagino, cuál es el partido político que sigue empeñado en que no se renueve el TC, cuando ya hace muchos meses que deberían haber cesado varios de sus componentes. Como siempre, habrá el consabido forcejeo político para que, tanto el PP como el PSOE, intenten imponer a sus candidatos; con lo que entramos en la eterna cuestión de que siga la politización de un tribunal que, a criterio de muchos ciudadanos, no tendría razón de existir, ya que disponemos de un TS capaz de determinar, con plenas garantías, la constitucionalidad de leyes o resoluciones judiciales que se le sometan. Si Batasuna, por parecidos motivos, fue, en su día ilegalizada y declarada, en toda Europa, como una organización de signo terrorista, cuesta entender que estos jueces, fieles seguidores de las doctrinas del juez Garzón respecto a la libertad de interpretar las normas a su aire, (según sea la circunstancia del momento que, a su criterio, lo aconsejen). No piensan así las víctimas del terrorismo que no cesan de lamentarse de la parcialidad con la que se aplican las leyes antiterroristas. Sin duda existe un agravio comparativo en el trato recibido por los terroristas en relación al que reciben los delincuentes comunes. Algo realmente incomprensible.
España, señores, no sólo está herida de gravedad en cuanto a su economía y finanzas, sino que, fruto del paso por el gobierno de la nación del señor Rodríguez Zapatero, está infestada de amoralidad, relativismo, falta de ética, arribismo, nacionalismos, superficialidad y falta de sentimientos patrióticos que, como es evidente, han ido minando el sentido de nación, de solidaridad, de esfuerzo común y de unidad del que gozan todo el resto de naciones europeas. Una cuestión de suma gravedad, si tenemos en cuenta que no hay otro camino para salir del atasco en el que estamos metidos. O esta es, señores, mi forma de pensar.