Manuel Parra Celaya. Por lo que podemos ver, la sociedad española está repleta de expertos en los más diversos temas, situación que se pone de manifiesto especialmente cuando nos sacuden catástrofes, sean naturales -previsibles o imprevisibles-, sean desaguisados causados directa o indirectamente por la mano del hombre. Tuvimos experiencias sobradas de ello cuando la pandemia de la Covid o cuando la Dana; luego, con el apagón y, ahora, con la catástrofe ferroviaria de Córdoba y su repercusión en otros lugares.
    Casualmente, los menos expertos -anotemos- suelen ser los responsables concretos, subordinados a los ministerios correspondientes, aunque se les suponga técnicos.
     Se puede advertir la abundancia de entendidos especialmente en las tertulias, donde cada participante echa su cuarto a espadas, pontifica y discute con quienes se aferran a otros puntos de vista, igualmente dotados de esa experiencia; claro que, según la orientación de las cadenas televisivas o más concretamente de las consignas que hayan recibido, puede existir una curiosa unanimidad, según se trate de cargar las culpas sobre hunos u otros (que diría don Miguel de Unamuno).
    Y, en este aspecto, suelen brillar por su ausencia, primero, la humildad de reconocer la ignorancia (como el que escribe estas líneas) y lo que en tiempos remotos se denominaba contraste de pareceres y, ahora, podría recibir el nombre de libertad de expresión; sobre todo, se echa en falta la altura de miras, y no trato de la virtud desaparecida de la cortesía, quizás por el ejemplo que dimana de los debates parlamentarios.
    Con todo, como hemos insinuado, hay temas sobre los que los supuestos expertos guardan un respetuoso silencio, no sabemos si por modestia o por imperativo legal; por ejemplo, sobre aquel curioso incidente que sumió toda España en la oscuridad más completa, no solo metafórica sino real. A estas alturas, las versiones nos llegan con cuentagotas y no son más que eso, versiones disimuladas, pues la explicación verdadera brilla por su ausencia, quizás a la espera de que la desmemoria de las multitudes sea completa; posiblemente, nunca nos enteraremos…
    En estos momentos, el tema estrella es el desbarajuste ferroviario; posiblemente se espera que las constantes borrascas que nos sacuden  -como en casi todos los inviernos y no precisamente por un cambio climático- dejen también en el olvido aquel espantoso accidente que segó la vida de cuarenta y seis españoles; y no hablemos, más caseramente, del caos inédito en Cataluña, sea por el soufflé (Óscar Puente dixit, siempre intempestivo) de la mente de los maquinistas, sea por la urgencia gubernamental de no acumular accidentes provocados por problemas de infraestructuras. 
    Pero no debo pasar por alto un aspecto que me incomoda en extremo desde un punto de vista ético, y ello, en ejercicio de ecuanimidad y de estilo, es la búsqueda de culpables, que, con razón o sin ella, recaen en un determinado partido político, según ejerza el poder en el ámbito donde se ha producido el incidente, escudriñando responsabilidades y extrayendo de las desgracias rendimiento.
    Bien está que se aclaren estas responsabilidades, especialmente cuando son producto de un descuido imperdonable, de un fallo garrafal de quienes se suponen técnicos o por la presencia de paniaguados sin oficio ni beneficio al frente de los puestos de decisión, pero de ahí a buscar réditos electorales hay un abismo. 
    Tenemos fresca en la memoria la tragedia de la Dana que azotó Valencia y Andalucía, pero, si echamos atrás los recuerdos, tenemos el caso del Prestige y, sobre todo, de aquel 11-M que alteró abruptamente la gobernabilidad de España e hipotecó una parte de nuestra historia, por lo menos hasta nuestros días. En aquella última ocasión mencionada la tremenda acusación de asesinos presidió las manifestaciones; luego se comprobó que el atentado de Atocha no tenía que ver con la política internacional del Sr. Aznar, sino que obedecía a otras directrices que, como es lógico, quedaron en sospechas y en algún aislado comentario de un atrevido periodista, que pasó sin pena ni gloria. Ahora no hemos llegado a tanto (salvo excepciones nada honrosas).
    Posiblemente se puede hablar de desidia en la renovación y cuidado de infraestructuras, o de chapuzas a la hora de la concreción o de la inspección, pero la acusación debería ser la de incompetencia, que ya es bastante. 
    El problema de fondo es la consideración que tengamos de la política, que no debe cifrarse en la búsqueda de votos, sino en la noción de servicio a la comunidad; esta debe tener, eso sí, la convicción de que no está en manos de irresponsables o de la vulgar demagogia.
    De nada sirven, según la experiencia, las comisiones de expertos (muchas veces inexistentes); la verdad por delante, y sobre todo la presencia de verdaderos especialistas, sean de la ideología que sean, pero que estén regidos por aquella idea de servicio. Alguien dejó escrito, hace tiempo, unas esclarecedoras palabras en crítica abierta de la partitocracia: “Cualesquiera armas son lícitas para el propósito de ganar la mayoría a toda costa; si con ello se logra arrancar unos votos al adversario, bien está difamar de mala fe sus palabras. Para que haya minoría y mayoría tiene que haber por necesidad división. Para disgregar al partido contrario tiene que haber por necesidad odio”. 
    Quienes aspiramos a una España de todos y para todos no debemos caer en esa espiral de aversión irracional; así, repito en mi mente aquellos versos de que “la historia es un quehacer de amor”. O acaso soy un iluso y un soñador…