Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, mostramos nuestra más absoluta preocupación y firme rechazo ante la decisión del Gobierno de aprobar hoy en Consejo de Ministros, por la vía de urgencia, un Real Decreto para la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes en situación administrativa irregular.

Nos encontramos ante una medida de enorme trascendencia para la seguridad, el control fronterizo y la gestión migratoria de nuestro país, adoptada sin el necesario consenso político, sin escuchar a los profesionales de la seguridad pública y sin tener en cuenta la opinión de expertos en materia de inmigración. Una decisión de este calado no puede impulsarse de forma unilateral ni al margen de una planificación real de los recursos policiales que va a exigir.

Desde JUPOL advertimos que la Policía Nacional, y especialmente las unidades de Extranjería y Fronteras, arrastran desde hace años una sobrecarga estructural, una evidente falta de personal, medios insuficientes y una presión operativa creciente. La regularización masiva anunciada supondrá un incremento exponencial de trámites administrativos, verificaciones documentales, comprobaciones de antecedentes y gestión de expedientes, todo ello sin que el Gobierno haya anunciado refuerzo alguno de efectivos.

Además, desde un punto de vista estrictamente policial, preocupa especialmente el criterio basado casi exclusivamente en la carencia de antecedentes penales firmes. En la práctica, una persona que haya sido detenida recientemente por hechos graves puede no contar todavía con antecedentes, debido a los plazos judiciales y a que muchos procedimientos tardan meses, e incluso años, en resolverse. La ausencia de antecedentes en un momento determinado no equivale necesariamente a la inexistencia de conductas delictivas previas o en investigación.

A esta situación se suma que, incluso antes de la aprobación formal de la medida, ya se han detectado problemas en diferentes localidades del territorio nacional, donde el anuncio de esta regularización ha generado un incremento de la presión en oficinas de extranjería, colas, saturación de servicios administrativos y tensión en determinados entornos, así como la actividad delictiva de las mafias relacionadas con la inmigración. Estos primeros efectos evidencian la falta de planificación del Ejecutivo y anticipan el impacto real que tendrá esta decisión en el día a día de los agentes y en la gestión de los recursos públicos.

Asimismo, según ha podido saber JUPOL a través de fuentes conocedoras del proceso, las previsiones reales de esta regularización superan ampliamente las cifras anunciadas por el Gobierno. Frente a los aproximadamente 500.000 beneficiarios señalados oficialmente, se estima que más de un millón de inmigrantes en situación irregular podrían acogerse de forma directa a esta medida, cifra que podría superar los dos millones de personas si se tienen en cuenta los procesos de reagrupación familiar derivados. Un escenario que incrementaría de forma exponencial la presión sobre la Policía Nacional y sobre el conjunto del sistema.

Desde JUPOL consideramos especialmente grave que el Gobierno haya optado por externalizar buena parte del proceso de regularización, apartando a las propias oficinas de Extranjería y a los profesionales especializados de la Policía Nacional de funciones clave en la tramitación. Según la información conocida, la recogida y gestión inicial de solicitudes recaerá en entidades externas como oficinas de Correos o estructuras ajenas al sistema policial, lo que supone una desnaturalización del control administrativo y reduce las garantías en un proceso especialmente sensible.

Para el sindicato, esta decisión evidencia una falta de confianza en los propios mecanismos del Estado y en los funcionarios especializados, además de incrementar el riesgo de errores, fraudes o deficiencias en la verificación de identidad y antecedentes. Se trata, en definitiva, de una cesión de funciones críticas en materia de seguridad que debería recaer exclusivamente en profesionales cualificados y con experiencia en control migratorio.

La experiencia demuestra que este tipo de decisiones políticas, adoptadas sin respaldo operativo, terminan recayendo directamente sobre los hombros de los policías nacionales, que vuelven a ser utilizados como parche de una gestión migratoria improvisada y alejada de la realidad de las calles, de las fronteras y de los centros policiales.

Asimismo, desde el sindicato alertamos del posible efecto llamada que puede provocar una medida de estas características. Trasladar el mensaje de que en España pueden regularizarse de forma extraordinaria situaciones irregulares puede convertirse en un incentivo para nuevas entradas ilegales, incrementando aún más la presión sobre nuestras fronteras y sobre las plantillas policiales destinadas al control migratorio.

Resulta especialmente grave que el Ejecutivo vuelva a legislar sobre una materia tan sensible sin reforzar previamente los mecanismos de identificación, control de antecedentes y expulsión de delincuentes reincidentes, aspectos que afectan directamente a la seguridad ciudadana y al trabajo diario de los agentes.

Exigencia de explicaciones inmediatas

Ante esta situación, JUPOL exige al Ministerio del Interior y al Gobierno de España que aclaren de manera urgente qué refuerzo de efectivos se destinará a las unidades de Extranjería y Fronteras, qué medios tecnológicos y humanos se van a habilitar, qué protocolos se seguirán para la comprobación de identidad y antecedentes y qué impacto operativo tendrá esta decisión en las comisarías de todo el territorio nacional.

No se puede seguir tomando decisiones de enorme calado para toda la sociedad a costa del trabajo, la seguridad y la sobrecarga de los policías nacionales.